Tribunales

Comienza el juicio de la Gürtel de Boadilla con tres leoneses y todos ellos admiten su participación en la trama corrupta

Los empresarios de la construcción y la comunicación, Ulibarri y Martínez Parra, y el 'muñidor' y abogado Blanco Balín se han autoinculpado ante el juez que dirigirá el juicio oral que arranca este martes en la Audiencia Nacional de numerosos delitos para tratar de rebajar las peticiones iniciales de 7 y 9 años de prisión, respectivamente. Una vista que vuelve a señalar al Partido Popular como beneficiario del dinero de la corrupción, como cuando 'cayó' el Gobierno de Rajoy.

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Martínez Parra, Blanco Balín y Ulibarri, los tres leoneses imputados en la trama Gürtel de Boadilla del Monte.
Pedro Águeda / elDiario.es / ileón.com | 16/11/2021 - 08:44h.

El Partido Popular tiene una cita judicial con su pasado de corrupción más incómodo este martes 16 de noviembre y tres conocidos leoneses, dos empresarios y un abogado, también se enfrentan a su posible responsabilidad penal. Y es que es inminente el inicio en la Audiencia Nacional de nuevo juicio por el caso Gürtel en el que volverán a aflorar los vínculos entre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa y la formación política que hoy lidera Pablo Casado.

Esta vez, los hechos juzgados se sitúan en un bastión del PP en la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte, la quinta ciudad española con mayor renta bruta. La formación política se sentará en el banquillo de los acusados por tercera vez, la segunda que lo hace por beneficiarse del dinero de la corrupción.

Respecto a la implicación leonesa en esta trama, Fiscalía pide para los empresarios José Luis Ulibarri (Grupo Begar, Diario de León) y José Luis Martínez Parra (Grupo Martínez Núñez), así como para el abogado berciano José Ramón Blanco Balín, penas de inhabilitación y de prisión que van de los 7 a los 9 años, así como millonarias fianzas económicas. En concreto, para el bembibrense Blanco Balín el juez José de la Mata decretó el desembolso de 1.280.000 euros; para José Luis Ulibarri 6.157.333 euros y para José Luis Martínez 5.106.666 euros.

Según el magistrado del caso Gürtel Boadilla, respecto a Ulibarri, una de sus sociedades, UFC, SA, habría pagado una comisión de 580.000 euros (IVA incluído) por la adjudicación de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte.

Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld "ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, SL". El juez cree que la adjudicación de la parcela a UFC provocó un quebranto de 4 millones de euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que la comisión pactada fue de 1 millón de euros.

En el caso de José Luis Martínez Parra su empresa Teconsa se habría adjudicado a cambio de comisiones "los contratos referidos a las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras y a las obras de colegio de enseñanza primaria 18 Uds., gimnasio y colegio de educación infantil 9 Uds. y comedor de los sectores 3 y 4, así como los contratos referidos a las obras de edificación de 96 viviendas con protección pública, obras de edificación de 80 viviendas y obras de edificación de 57 viviendas de promoción local".

Francisco Correa y Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional. EFE/Chema Moya ***POOL***
Francisco Correa y Luis Bárcenas en la Audiencia Nacional. EFE/Chema Moya ***POOL***

 

El juez apunta a un pago de comisiones millonarias por llevarse estas obras entre los años 2001 y 2007, favoreciendo las adjudicaciones los cargos políticos a cambio de reparto del coste de las obras.

Y el considerado 'cerebro financiero' de la trama Gürtel, Blanco Balín, exconsejero de Repsol y amigo personal de Aznar, presunto 'blanqueador' del dinero de la corrupción en paraísos fiscales, se le acusa de contribuir a ese blanqueo con comisiones ilegales relacionados con operaciones en Boadilla del Monte y de beneficiarse de adjudicaciones en el Ayuntamiento.

Al igual que el resto, los otros dos también ha pactado asumir ciertas acusaciones a cambio de una posible rebaja final en la pena, como además él  ismo ha recomendado a otro imputado, el empresario Carlos Jorge Martínez Massa, en unos documentos publicados por ABC.

El cabecilla de la trama, Francisco Correa, se enfrenta a una petición de 76 años y medio de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso del Partido Popular, el Ministerio Público considera que el PP es partícipe a título lucrativo y que obtuvo de la red 204.198 euros para financiar sus campañas electorales.

Entre los acusados está también el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero 'El Albondiguilla', para quien la Fiscalía solicita 40 años y nueve meses de cárcel. Para el exsecretario de Organización del PP de Galicia y socio en las empresas de Correa, Pablo Crespo, pide 64 años y siete meses de prisión. Crespo ya fue condenado a 37 años y medio en el anterior juicio Gürtel.

El exdiputado del PP y directivo de la constructora Hispánica, Alfonso Bosch, podría acabar con una condena de 23 años y medio de cárcel, mientras que el exconcejal del Ayuntamiento de Boadilla, José Galeote, la Fiscalía pide 22 y para el contable de la traba, José Luis Izquierdo, siete y medio.

Pero el juicio por la trama Gürtel en Boadilla del Monte presentará una característica que le diferencia de otras piezas anteriores y que complica su desenlace para el PP: una docena de acusados ha remitido sendos escritos al tribunal reconociendo los hechos presentados en el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y tratando así de obtener una rebaja en la condena.

Entre ellos, los leoneses Ulibarri y Martínez Parra confiesan de antemano. El primero, se ha declarado autor de un delito contra la Hacienda pública, de otro de tráfico de influencias, de un tercero de prevaricación, de un cuarto de fraude a la Administración Pública y de un quinto de falsedad en documento mercantil.

Lo hace en un escrito remitido a la Audiencia Nacional por sus abogados y en nombre de la empresa que dirigía entonces -UFC SA- en el que reconoce la comisión de los delitos que le acusaba la Fiscalía aunque rechaza tener responsabilidad civil y pide que se apliquen los atenuantes de confesión y de reparación del daño para rebajar la petición de cárcel, de los 7 años y un mes de cárcel que pedía el fiscal a sólo 19 meses de prisión.

El hijo del constructor José Luis Martínez Núñez, que ya fue condenado a 11 años y 7 meses de prisión por la pieza que juzgaba la corrupción en torno a la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, confiesa que la empresa Teconsa pagó una mordida de 1.800.000 euros a Francisco Correa por su intermediación en la adjudicación de obras públicas, 1.380.000 de ellos en efectivo y 420.000 en facturas falsas a una empresa del 'tesorero' de la trama, Pablo Crespo.

Precisamente, Crespo corroboca esas autoinculpaciones señalando a Ulibarri y Martínez Parra como pagadores de mordidas a cambio de obras públicas. Por ello, la petición inicial de la Fiscalía era de 9 años de cárcel para el segundo por delitos de presunta prevaricación, fraude, falsedad y cohecho.

Finalmente, José Ramón Blanco Balín en principio se enfrenta a 8 años y 6 meses de prisión también por prevaricación, fraude y cohecho, siempre según solicita la Fiscalía. En el mencionado caso de la vsita del Papa, al abogado también le cayó una condena de año y medio de prisión tras un pacto con el fiscal. Y en la Gürtel de Valencia, otros tres años más de cárcel por la financiación ilegal de hasta tres campañas electorales del PP.

Sobre Ulibarri, además, pesa además otra imputación judicial de la Audiencia por la pieza principal del caso Gürtel, una vez más junto a Correa, en concreto por presuntamente colaborar el magnate leonés dueño, entre otros medios, de Diario de León o El Mundo de Castilla y León, con el cabecilla en la ocultación de ingresos y en la compra de un yate. Caso que también afecta, una vez más, al abogado berciano.

En el caso de la Gürtel de Boadilla, cuyo juicio oral arranca el 23 de noviembre, el foco principal vuelve a estar puesto en el PP y su responsabilidad penal como partido. Y es que el juez José de la Mata, de acuerdo con Anticorrupción, determinó que "el PP se benefició de algunas de estas operaciones consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de distintos actos políticos organizados por y para el partido (...) Todo ello ha generado, en el ámbito de esta pieza, unos beneficios indebidos para el PP que ascienden a 204.198,54 euros".

La primera vez que el Partido Popular fue juzgado como beneficiario a título lucrativo del dinero recibido por sus ayuntamientos terminó perdiendo el Gobierno de la Nación, tras caer Mariano Rajoy tras la moción de censura presentada y ganada por Pedro Sánchez. Ocurrió con la sentencia del primer gran juicio del caso Gürtel. Las referencias a la existencia de una caja B en el seno del Partido Popular durante al menos veinte años dieron pie a una moción de censura, la primera que ha triunfado en democracia.

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