Tensión ante el pleno de Villablino por las acusaciones contra el alcalde Mario Rivas
El pleno del Ayuntamiento de Villablino que se va a celebrar este lunes 7 de febrero estará en la casa consistorial de la localidad lacianiega estará cargado de tensión ante las diversas acusaciones que se han publicado en las últimas semanas sobre actuaciones presuntamente irregulares del alcalde, el socialista Mario Rivas.
El Partido Popular de Laciana pide públicamente la dimisión del alcalde de Villablino, Mario Rivas, por las informaciones publicadas en el periódico provincial Diario de León sobre la compra de varias fincas a los liquidadores de Coto Minero Cantábrico (CMC), cuando se había acordado en el Ayuntamiento colaborar en la reversión de las fincas a las juntas vecinales. Por su parte, Mario Rivas aseguró, basándose en informes jurídicos, que su actuación ha sido correcta.
Lo populares argumentan su petición en que un acuerdo de 1995 de una comisión de vecinos de San Miguel con MSP (antigua CMC) que autorizaba a la empresa a la ocupación de montes en la braña para la explotación a cielo abierto de El Feixolín, incluía entre sus cláusulas una que especificaba, que una vez finalizada la explotación a los seis meses la empresa “se obliga a donar a la comunidad de vecinos de San Miguel de Laciana, las fincas adquiridas o que pueda adquirir a particulares o personas jurídicas”.
Incumplido el acuerdo, que el Ayuntamiento califica como nulo de pleno derecho por no existir legalmente la comunidad de vecinos de San Miguel y que tampoco admiten como válido los liquidadores de CMC, los representantes municipales expresaron que si una sentencia judicial les obligase a cumplirlo, la comunidad de vecinos de San Miguel pasaría a la lista de acreedores de la antigua empresa minera.
Para el PP el acuerdo plenario de 2016, siendo ya alcalde Mario Rivas, por el que, a propuesta de IU, se aprobó una moción para que el Ayuntamiento colaborase con juntas vecinales y la comunidad de vecinos de San Miguel para recuperar las fincas que por convenios similares deberían revertir en las mismas, es la base del incumplimiento del alcalde.
Pero Rivas argumenta que, “si el PP hubiese comprobado los términos en que se debatió la moción estaría al tanto de esta situación y evitaría la demagogia que está haciendo apoyándose en artículos de prensa”. El pleno de octubre de 2016 al que se hace referencia por ambas partes, no tiene su acta disponible en la web municipal.
Los populares argumentan que la compra de esas fincas por parte de Rivas es una actuación “no muy ética”, después del acuerdo del pleno, “y siempre respetando su presunción de inocencia”. Además, añaden que las informaciones sobre una licencia de obra de su esposa, para la rehabilitación de una edificación en una finca de su propiedad, “la mejor forma de evitar suspicacias y rumores es abrir una investigación por parte de los servicios jurídicos municipales, para dejar constancia que todo se ha ajustado a la normativa legal”, lo que van a solicitar y por lo que creen que nadie se debe enfadar “si nada hay que ocultar”.
En este asunto el alcalde asegura que “el PP tiene a su disposición todo el expediente de la licencia para consultarlo” pero, según sus palabras, “prefiere argumentar e interpretar sin ningún tipo de imparcialidad, con el único objetivo de desacreditarme como persona y como alcalde, en una claro utilización mediática, en una campaña electoral, o intentando tapar con ello, la corrupción que asola al PP en nuestra comunidad”.
Mario Rivas asegura que “en ningún momento me he planteado la dimisión, dado que no estoy inmerso en ningún procedimiento judicial, las denuncias deberían platearse en la Fiscalía, aportando pruebas”. Y reflexiona en voz alta, “los gobiernos locales son elegidos por los ciudadanos, no se cuando le pasaron esa potestad al Diario de León, que me ha concedido más páginas en estos meses que al caso Enredadera o a la Trama Eólica”.
Origen de la controversia
La polémica de las fincas tiene su origen en un convenio firmado el 18 de mayo de 1995, casi en plena campaña electoral de las municipales de aquel año, entre una comisión vecinal de cinco miembros y el por entonces director de MSP, Manuel Tejuca, en el que recogían las cesiones que hacia la comisión vecinal a la empresa y las contraprestaciones a que se obligaba esta (Disponible completo aquí).
Todo ello estaba motivado por la intención de la empresa MSP de iniciar la explotación a cielo abierto de El Feixolín. Una explotación plagada de irregularidades administrativas y legales, por la que en 2019 ha sido condenado Victorino Alonso a dos años de cárcel después de casi 20 años de procedimientos judiciales.
El por aquel entonces alcalde de Villabino, Pedro Fernández, del PSOE y padrino político de Mario Rivas, salvó el marrón de dar la autorización a MSP para la explotación delegando en una supuesta comisión vecinal con capacidad de legal para hacerlo. Antes había creado por decreto de la alcaldía la figura del “delegado de la alcaldía para San Miguel”, recayendo el nombramiento en un vecino de este barrio de Villablino.
Con esa figura de pseudo legalidad acompañada de otros cuatro vecinos se gestó el asunto del convenio, después de varios 'concejos vecinales' bastante tumultuosos y revueltos, celebrados en el salón de la casa del pueblo del San Miguel.
Y es que por aquellos años y buscando votos de cualquier lugar, la política local, se hizo aún más localista. Tanto que Pedro Fernández, para dar aliento a algunos nostálgicos del barrio, que recordaban el tiempo en el que San Miguel de Laciana, era una más de las 15 entidades locales (pueblo) del municipio, condición que perdió en 1957 al ser absorbido por Villablino; incluso llegó a colocar letreros en las aceras marcando los límites del antiguo pueblo.
El asunto del convenio se abordó en un pleno municipal de 27 de marzo de 1995, cuando aún no estaba finalizada la negociación entre comisión vecinal y MSP, y en el acta de ese pleno se transcribe un primer borrador de 14 de marzo de 1995, que no difiere en mucho del texto final del acuerdo, y el ayuntamiento de esta forma daba validez legal al convenio antes de la firma definitiva al aceptar los términos del mismo.
