La cumbre para 'salvar' las térmicas fracasa en las de Asturias y Palencia y obvia las de León

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, aseguró en la noche de ayer jueves que “hay un interés general en mantener las centrales” de Lada, en Asturias, y Velilla, en Palencia, abiertas al tratarse de unas centrales que, aunque pequeñas (alrededor de 300 megavatios), son plantas que “entran de forma habitual en el mercado energético”.

Álvaro Nadal justificó esta afirmación en que si no hubieran estado operativas en los últimos 3 años, el precio de la luz hubiera repercutido en dos euros y medio al año en la factura de las familias españolas (38 céntimos de euro más por megavatio/hora). Explicó el cálculo gracias al algoritmo que 'Euphemia', que mide el precio de la luz de 24 de los 28 países europeos, hizo de estas dos unidades de producción de energía.

El ministro reiteró que si no estuvieran estas centrales abiertas “tendríamos peores precios de mercado, costes mayores para el consumidor y costes mayores para la inustria, aparte de los efectos sobre la economía local debido al efecto arrastre”.

“Hay un interés general claro en que estas centrales se mantengan porque ayudan a contener los precios”, reiteró Nadal tras el encuentro que mantuvo durante más de dos horas y media con los presidentes de Asturias, Javier Fernández, y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, para tratar la demanda de la eléctrica de cerrar las centrales de carbón de Lada y Velilla.

Sin embargo, la reunión resultó un fiasco, y no sólo para las aspiraciones de Asturias y Palencia de mantener sus centrales, sino para Castilla y León, ya que ni se mencionó la situación de riesgo cierto de cierre de las centrales de Anllares y Compostilla II.

El único compromiso del presidente de Iberdrola fue dilatar el cierre de las centrales de Lada y Velilla hasta el año 2020, aunque el ministro calificó la actitud del directivo de “falta de flexibilidad”, ya que se le propuso la venta de las plantas a otros operadores, “puesto que siguen siendo de utilidad para el control de precios del sistema eléctrico español y, además, son rentables”.

Una alternativa rechazada por la compañía aunque “no ha habido una capacidad de explicar por parte de la empresa por qué no quiere vender”. “Nos ha dicho que si encontramos algún comprador hablarían con él”, indicó Nadal, que lamentó esa falta de intención firme ya que “tiene todo el sentido del mundo que estas centrales sigan abiertas”.

“Salvo el hecho del compromiso de la empresa de que estas centrales van a seguir operando hasta 2020, no ha habido ningún tipo de compromiso firme de buscar una alternativa real de venta de la central, que sería lo más lógico”, abundó.

Iberdrola anunció recientemente la decisión de completar el proceso de cierre de todas sus centrales de carbón en el mundo, fuente de energía que, recordó, representa en la actualidad sólo el 1,8 por ciento de la capacidad total del grupo, que asciende a 48.062 megavatios (MW). Por ello, la compañía solicitó la autorización de cierre de estas centrales térmicas ante el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, plantas que suman una potencia de 874 MW.

Real Decreto

Ante la absoluta falta de acuerdo en este encuentro, el ministro anunció que seguirá adelante con el Real Decreto que se prepara desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy precisamente para que, cuando un operador quiere cerrar una central rentable y de marcada utilidad para el sistema eléctrico, se le pida a la compañía que la venda y si no quiere, se subaste al precio de la central cerrada, punto en el que también ha habido posiciones encontradas con la empresa. “Ese precio resultaría del cálculo del precio del terreno, de la planta ya achatarrada, el plan social y los costes medioambientales. La empresa ha valorado para las dos centrales el cierre en 35 millones de euros”, dijo Nadal.

“Siempre es mejor alternativa a cerrar y pagar esos costes vendérselo a otro. Esto que recoge el real decreto, que parece que tampoco le ha gustado a la empresa, es lo que de manera informal le hemos propuesto hacer”, relató el ministro, “pero no ha habido posibilidad de ponerse de acuerdo”, insistió.

“Son dos centrales que ayudan mucho a sostener el precio de la electricidad, son muy útiles en los momentos más difíciles del sistema energético y donde más se ven afectadas las personas por subidas de precio, especialmente en los consumidores más vulnerables. Tienen viabilidad y por tanto deberían poderse pasar a terceros a través de un proceso de venta, y si la empresa no está dispuesta a seguir por este camino, nosotros tramitaremos este real decreto tal y como está”, sentenció Nadal. Y en este punto quiso destacar que el diseño de la política energética del país le corresponde a las administraciones públicas.

Herrera, visiblemente molesto

Algo que compartió el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que, visiblemente molesto, subrayó la “posición de prepotencia” de la compañía que, lamentó, viene reiterando “como agua que cae sobre lluvia previa” en la Comunidad. En esta línea reiteró que “la política energética corresponde a los poderes públicos” y criticó los argumentos de la compañía eléctrica sobre su compromiso con el cambio climático porque “aqui nadie tiene el monopolio de lo verde”. Herrera dijo entender los argumentos, pero rechazó que justifiquen decisiones de este tipo de manera unilateral. “No justifican decisiones empresariales aisladas que pretenden marcar la política energética del país”, advirtió.

Asimismo, consideró “poca compensación” la decisión de ampliar la actividad hasta 2020 y exigió a la empresa una “rectificación” en la decisión por los “efectos devastadores” que tendría el cierre en la comarca. Es por eso que hizo un llamamiento a los grupos parlamentarios para sacar adelante el Real Decreto del Gobierno sobre el cierre de las centrales, “para que se endurecan las condiciones” en las que las empresas toman estas decisiones.

Herrera incidió finalmente en que los efectos del cierre de la central de Velilla en el norte de Palencia alcanzaría a 80 empleos directos y otros 200 indirectos con un impacto “muy grave” y efectos “devastadores”.