Fomento da oxígeno a un millar de familias en aprietos para hacer frente a la hipoteca de una VPO

La vivienda sigue dando quebraderos de cabeza a las familias, que continúan viéndose en aprietos para hacer frente al pago de la hipoteca, incluso, aunque se trate de una vivienda protegida. Aunque lo peor de la crisis parece hacer pasado, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente mantiene las medidas que hace años actuaron de 'salvavidas' para un millar de propietarios que atravesaron una situación complicada y que tuvieron que pedir a la Junta que les echara una mano para pagar la mensualidad.

En concreto, el paquete de Fomento para evitar desahucios en las VPO de titularidad pública y privada cumple cuatro años con un balance más abultado en las operaciones de compraventa que en el alquiler. El departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones ayudó sobre todo a familias que no podía en un momento determinado hacer frente a la hipoteca por una situación sobrevenida, vinculada especialmente con el mercado laboral.

Asimismo, los ciudadanos que se encuentren en apuros cuenta con un parque público para alquiler social de 1.784 viviendas. A ellas se suman las de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes -las nueve capitales, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Laguna de Duero y Medina del Campo-. La Consejería puso a disposición de este instrumento 1.418 casas propias, así como 100 cedidas por el 'banco malo' o Sareb, junto con otras 103 acondicionadas a través del programa Rehabitare.

En línea, la Junta tramitó y resolvió 297 declaraciones de actuación singular, mediante las que facilitó una vivienda a otras tantas familias que los Servicios Sociales dictaminaron que se encontraban “en riesgo de exclusión social”. Destaca la provincia de Valladolid con 28 adjudicaciones de casas, seguidas de Zamora, con 43; Salamanca con 42; León, con 37; Burgos, con 35; Segovia, con 13; Ávila, con cinco y Soria, con tres.

Deuda y amortización

Fomento ya ha concedido 603 moratorias para el pago de la cuota mensual en las viviendas compradas, por un importe superior a los 2,32 millones. Un total de 84 fueron rechazadas por no cumplir las condiciones fijadas por la Consejería en la Ley de diciembre de 2013 que dio rango normativo a esta medida. Valladolid (116) y León (110) fueron las dos provincias con un mayor número de propietarios que se vieron obligados a recurrir a esta opción, que les permitió no abonar de momento 577.680 y 553.022 euros.

También se perdonaron temporalmente el pago de 313.020 euros en Palencia; 218.400 en Zamora; 171.360, en Ávila; 145.080, en Segovia; 137.640, en Salamanca; 119.040, en Soria, y 86.400, en Burgos. Además, se autorizaron a 304 familias una reestructuración de deuda por importe de cuatro millones, con 102 solicitantes leoneses, con un total de 1,34 millones. Destaca también los 726.905 y 706.570 euros de salmantinos y vallisoletanos, y los 633.447 euros de burgaleses.

En Segovia, la Junta todavía no ha intervenido para modificar el calendario y las condiciones de pago de la deuda por la vivienda protegida en esta provincia, mientras que en Zamora se contabilizan dos propietarios (19.649 euros). En Palencia el volumen renegociado asciende a 328.930 euros para 12 solicitantes.

Por otra parte, la Consejería de Fomento autorizó la amortización anticipada a 811 propietarios de los 885 que lo pidieron, por lo que captó más de cuatro millones de euros y a cuatro inquilinos les hizo una rebaja del 30 por ciento para que la adquirieran. También aplicó un coeficiente reductor del 0,8 en el precio de venta a 82 viviendas -54 en Palencia y 15 en Soria-.

Respecto al alquiler, la Consejería no ha concedido ninguna moratoria para el pago de la renta mensual de una VPO de titularidad pública, si bien ha rebajado su precio hasta un 50 por ciento a cinco inquilinos de Valladolid, por un importe total de 5.364 euros y tiene pendiente la reestructuración de la deuda de una persona en León por 1.164,6 euros y otra en Valladolid, por 4.690,75 euros.

En cuanto a las de titularidad privada, Fomento, que no exige la devolución de las ayudas públicas en procesos desahucio o dación en pago, autorizó 1.033 compras a personas con ingresos hasta 6,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), y 1.521 alquileres, seis de cada diez en Valladolid (980). También se permitió la venta de 27 casas a compradores que no cumplían los requisitos de la VPO al asumir el compromiso de dedicarlas, al menos durante cinco años, al alquiler.

Por último, la Junta permitió que 92 cadas se vendieran antes de que transcurriera el plazo de diez años previsto y se descalificaron 141.