Castilla y León reduce un 4% el gasto en políticas sociales desde el inicio de la crisis, con 259,7 millones menos en inversión
El gasto en políticas sociales se ha reducido en 259,7 millones de euros en Castilla y León entre 2009, el año en que comenzaron a ejecutarse los recortes presupuestarios provocados por la crisis económica, y 2017. Esa evolución supone un retroceso del 4,03 por ciento en la Comunidad, frente al descenso del 7,07 por ciento registrado en el conjunto del país, donde la caída fue de 8.255,5 millones de euros, de acuerdo con un informe publicado hoy por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
A nivel nacional, solo seis autonomías han recuperado el gasto social previo a los recortes provocados por la crisis (Baleares, Navarra, País Vasco, Cantabria, Asturias y Comunidad Valenciana), mientras las que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos ocho años son Castilla-La Mancha (18,76 por ciento) y Cataluña (19,96 por ciento).
El gasto en políticas sociales por habitante en Castilla y León fue de 2.538,61 euros, un 0,43 por ciento más que en 2009, en un ranking donde la Comunidad aparece en séptimo lugar, superada por Navarra, País Vasco, Extremadura, Asturias, Cantabria y La Rioja. En el conjunto del país fue de 2.343 euros en 2017, un 7,6 por ciento inferior al de 2009, cuando había sido de 2.535 euros.
En ese sentido, siete comunidades han conseguido superar en 2017 el gasto social por habitante que tenían en 2009: Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y Valencia. Por el contrario, dos acumulan una disminución cercana al 20 por ciento en su gasto social respecto a 2009: Castilla-La Mancha, con un 18,8 por ciento y Cataluña, con el 20 por ciento.
De la misma manera, el porcentaje del presupuesto destinado a protección social, que en 2009 era del 67,9 por ciento, desciende en la autonomía casi un punto porcentual, hasta el 66,9 por ciento, pese a lo cual aparece como la segunda Comunidad nacional que destina mayor volumen de su presupuesto a este fin, solo superada por Asturias (68 por ciento). En el conjunto del país, la tasa se queda en el 61,4 por ciento, frente al 69,9 por ciento que reflejaba ocho años atrás.
Desglose
En Castilla y León, el gasto en sanidad se redujo un 1,67 por ciento (58,4 millones) entre 2009 y 2017, y supone actualmente el 37,3 por ciento del presupuesto total de la Comunidad, con un gasto por habitante de 1.414,54 euros. En ese sentido, de acuerdo con el informe recogido por Ical la Comunidad es la segunda que mayor porcentaje de sus inversiones dedica a esta materia.
Por otra parte, el gasto en educación supuso el 21,1 por ciento en la Comunidad (la octava en el ranking nacional, con un ratio por debajo de la media estatal, del 21,5 por ciento). Es la quinta autonomía donde más se redujo el gasto en esta partida, al acumular un descenso del 10,41 por ciento, por valor de 226 millones de euros.
Asimismo, el gasto en servicios sociales aumentó un 3,22 por ciento, por valor de 24,8 millones de euros, con lo que supone un 8,6 por ciento del presupuesto total de la Comunidad (quinta en la clasificación nacional). El gasto por habitante en este sentido ascendió a 325,6 euros, frente a la media estatal de 268,28 euros.
Gasto en deuda
De acuerdo con el estudio, en todos los territorios hasta 2014 se produjo un gasto creciente en deuda, una drástica reducción del resto de políticas de gasto y una severa contención del gasto social. Al margen del crecimiento espectacular del gasto en deuda (casi el 300 por ciento), respecto a 2009, únicamente el gasto en servicios sociales ha recuperado el nivel previo a los recortes.
Según el informe puede haber dos razones que lo expliquen: la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009 y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis, lo que supuso incremento de gasto en atenciones asistenciales y rentas de inserción, “si bien este ha sido, a todas luces, insuficiente si atendemos a los datos de incremento de la pobreza”, valoran.
Además, subrayan la “debilidad estructural” del sistema de financiación autonómica (que califican como “deficitario a todas luces”) y denuncian que el esfuerzo que deben realizar las comunidades autónomas para recuperar unos niveles aceptables de inversión social tiene actualmente un freno fundamental: la deuda contraída y sus costes como una de las más indeseables herencias de la crisis.
La deuda viva total de las administraciones autonómicas se incrementó entre 2008 y 2017 un 287 por ciento, pasando de 74.500 millones de euros a 290.000 millones de euros. Si en 2017, las autonomías en su conjunto gastaron de media 588 euros por habitante en deuda, al finalizar ese mismo año, el importe de la deuda viva autonómica ya ascendía a 6.215 euros por habitante.
“Es evidente que recortar en políticas sociales como en el resto de inversiones públicas también ha tenido efectos negativos en la economía y que la deuda no ha estado causada por el gasto público. Lo que sí se debe afirmar es que los recortes fueron más allá de lo necesario y han sido fruto de la imposición especulativa de los acreedores y no de la racionalidad de la gestión pública”, concluyen.
