El Gobierno reparte 232 millones y medio de euros a Castilla y León para ayudas directas a pymes y autónomos
Castilla y León recibirá 232,5 millones de los 7.000 millones de euros con que está dotada la Línea Covid de ayudas directas a autónomos (empresarios y profesionales) y empresas acordada por el Gobierno.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este viernes publica la Orden Ministerial de Hacienda que establece el reparto entre las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, en la que se contemplan dos créditos extraordinarios. Uno, por importe de 5.000 millones, con destino a las Comunidades Autónomas -con la excepción de Baleares y Canarias- y a las Ciudades de Ceuta y Melilla.
Los recursos del primer compartimento de 5.000 millones de euros se reparten entre las Comunidades Autónomas –menos Baleares y Canarias– y Ceuta y Melilla atendiendo a los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo REACT EU, solo que actualizados a la fecha de publicación del Real Decreto-ley.
Andalucía, con 1.109 millones; Cataluña, con 993; Madrid, con 679, y Valencia, con 647, son las que más dinero recibirán con cargo a esta línea. A continuación, sigue Galicia (234 millones) y Castilla y León. La Rioja con 32 y Navarra con 67 cierran la lista, aunque Ceuta recibe 13 y Melilla 12.
Así, dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada Comunidad Autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas.
El indicador de renta de cada Comunidad y Ciudad es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada entidad territorial en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.
Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma y Ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio.
Una novena parte de su importe se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma o Ciudad en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año pasado en todo el país.
Conforme a estos criterios se asigna a Castilla y León 232,5 millones que la Junta ya ha estimado insuficientes y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, remitió una carta a la ministra María Jesús Montero para que el reparto se realice con los criterios del sistema de financiación autonómica.
Un 'recalculo' mejor que el primero
El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, valora como “sensiblemente superior” los 232 millones asignados a la Comunidad que el conocido inicialmente, aunque estimó que no es la cantidad esperada.
“Los criterios de reparto no nos gustaban”, recordó el consejero en declaraciones a Ical, en las que subrayó que la petición de criterios transparentes, objetivos y hablados con las autonomías de la Unión Europea al Gobierno y la carta con esa demanda a la ministra ha tenido un efecto en un recálculo de los mismos.
Así, señaló que en diciembre la cantidad para Castilla y León era de 185 millones, el 3,35 por ciento del total, pero en el reparto publicado hoy en el BOE se consigan a la Comunidad 232 millones, lo que supone una mejora sobre la asignación inicial.
Según Fernández Carriedo, la propuesta de la Unión Europea y la carta a la ministra María Jesús Montero ha supuesto “un esfuerzo” que se ha valorado y “ha obligado” al Gobierno ha publicar los datos y tener en cuenta unos criterios más objetivos que los iniciales.
“Ha merecido la pena demandar criterios más objetivos y justos”, resumió en referencia tanto a lo reconvenido por la Unión Europea como desde la Junta de Castilla y León, que siempre ha cuestionado un reparto con los criterios de los fondos de nueva generación al considerar que perjudican a la Comunidad.
Tras esa reconsideración por parte de Gobierno, recordó que en el plazo de un mes se deben firmar los convenios con las comunidades para realizar las convocatorias por parte de éstas. “Nosotros lo vamos a hacer lo más ágil posible” una vez que lleguen las ayudas, aseveró.
