La Comisión de Urbanismo de Ponferrada avanza con el proceso de disolución formal de Pongesur

César Sánchez / ICAL El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón (C), junto a la concejala de Hacienda, Mabel Fernández, y el edil de Urbanismo, Pedro Fernández (I).

Agencia Ical

La Comisión de Dinamización económica, Urbanismo y Sostenibilidad Medioambiental del Ayuntamiento de Ponferrada dictaminó favorablemente la aceptación, por parte del Consistorio, de los activos y pasivos de la empresa de gestión del suelo Pongesur, el penúltimo paso antes de la disolución definitiva de esta empresa. La oposición en pleno -PP, USE Bierzo, Ciudadanos (Cs) y el edil no adscrito Manuel de la Fuente- votó en contra del informe, que se aprobó con los votos favorables del tripartito -PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo (CB)- y la abstención del representante del Partido Regionalista del Bierzo (PRB).

Una vez que el informe se eleve a pleno, los concejales deberán dar el último paso para disolver este instrumento urbanístico creado en el año 2001, una medida obligada por la ley después de varios ejercicios con balances negativos y al no existir un plan económico de viabilidad. La compleja tramitación administrativa para la disolución de esta empresa dio comienzo el pasado 29 de enero, cuando la Junta General de Accionistas de Pongesur acordó la cesión total de sus activos y pasivos a favor del Ayuntamiento.

Tras la Comisión, el grupo municipal del PSOE reprochó a los grupos de la oposición su alianza para intentar frenar este último trámite, tras el cual “Ponferrada habrá pasado una de las páginas más negras de su historia reciente”. Según los socialistas, Pongesur es un “símbolo de la corrupción” y fue durante varias décadas “el principal instrumento de la opacidad en la gestión urbanística y de la instrumentalización del patrimonio público para fines privados” y el causante de “muchos de los desequilibrios territoriales y problemas urbanísticos” que sufre la ciudad.

En ese sentido, al PSOE le llama la atención que “personajes que antaño se pronunciaron reiteradamente en favor de la disolución de este instrumento de corrupción se opongan ahora bajo el pretexto de que ello le va a costar dinero al Ayuntamiento en forma del pago del IVA de la operación”. Al respecto, reiteraron que la cesión “no va a tener coste alguno para las arcas municipales” aunque avanzaron que “si así fuera, ello no exime al Ayuntamiento de su obligación legal”. “Lo que defienden estos concejales es algo así como dejar de presentar la declaración de la renta porque sale a pagar”, subrayaron.

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