Los sindicatos piden una reformulación del ERE en Vestas y seis meses para buscar soluciones

“Queremos la reformulación, el retraso y la retirada del expediente de regulación propuesto por la empresa Vestas en el que se conceda un plazo de seis meses”, afirmó hoy el secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, quien consideró esta propuesta como “única vía para poder dejar margen para encontrar una nueva solución industrial” porque “es imposible encontrar un nuevo inversor en un mes”.

Así lo aseguró tras reunirse en Bruselas con el Comité Económico y Social Europeo, donde recordó que en estos momentos se están produciendo dos espacios de negociación. El primero de ellos se produce con los propios trabajadores y el comité de empresa, dentro del periodo de un mes que establece por ley el expediente del despido colectivo.

Por otro lado, tal y como manifestó Andrés, está abierta una mesa por la reindustrialización en la que está implicado el Ministerio de Industrial, el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Castilla y León y los sindicatos, en la que “se trata de buscar una solución industrial a la posible marcha de Vestas mediante la búsqueda de nuevos inversores”.

El secretario general de CCOO quiso dejar claro que “no habrá solución de una mesa sin la otra”, porque “tiene que haber acuerdos en los dos frentes”, para lo que insistió en la petición de que “el expediente de regulación se reformule, se retrase, se retire y se abra un periodo de seis meses para poder dejar margen a una solución”.

Al respecto, la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, recordó que las reuniones a más alto nivel se están realizando “a cuatro partes, con la Fundación Anclaje, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y la propia empresa”.

En ese ámbito y sentados en la misma mesa, Barcones aseguró que se seguirá trabajando para que “la resolución sea satisfactoria” porque “se trata de una prioridad”, para lo que el Gobierno “está al frente y al más alto nivel con la implicación de los Ministerios” para abordar “cuestiones fundamentales como el apoyo al empleo, a los trabajadores y al comité de empresa, así como a la unidad productiva”.

Cecale se ofrece a la Junta para buscar soluciones

Por su parte, el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, se ofreció a la Junta para “buscar soluciones y trabajar conjuntamente” con el objetivo de minimizar el impacto negativo en el empleo provocado por el cierre de la factoría de la multinacional Vestas en el polígono leonés de Villadangos del Páramo. Antes de celebrar la junta directiva de Cecale en las oficinas de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Aparicio quiso remarcar la postura de la organización “en defensa de la libertad de empresa” y mostró respeto por la decisión de la multinacional danesa, aunque la calificó de “nada acertada”.

En ese sentido, Aparicio reconoció que el cierre de la planta “deja un reguero de situaciones complicadas en la provincia” y provoca un “daño importante”, pero remarcó que “Vestas ha cumplido total y absolutamente con la legalidad”. “Creemos que no podemos hacer nada porque la empresa es libre”, reiteró el presidente de Cecale, que confió en encontrar “algún resquicio para que esa decisión no sea firme”.

“A nadie se le puede obligar a nada, se puede tratar de convencer”, insistió Aparicio, que valoró el trabajo que están llevando a cabo estos días los responsables del Gobierno autonómico que mantienen reuniones en Bruselas con sindicatos y empresa. En la misma línea, mostró su acuerdo con una política consistente en “no favorecer con subvenciones a empresas si se deslocalizan”.

Igualmente, el presidente de Cecale explicó que “a veces nos vamos de sitios donde estamos muy a gusto” y recalcó que “la libertad está por encima de todo”. “Tenemos que buscar soluciones y atraer inversiones que minimicen ese efecto de la mejor manera posible”, explicó Aparicio, que recordó que en Soria, Vestas también anunció un cierre que afectaba a 200 personas y que se revirtió con la creación de 300 nuevos puestos de trabajo.