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Los ‘olvidados’ de Vestas: un año y medio de lucha por una indemnización justa

Los 87 trabajadores considerados 'temporales' de la multinacional danesa exigen el reconocimiento de su condición de indefinidos, ya admitida por ley, para conseguir la compensación por antigüedad que les corresponde. Tras meses de silencio, elevan su causa al Tribunal Supremo.

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La plantilla de Vestas, integrada por más de 360 trabajadores, se manifiesta cortando la N-120. / Peio García / ICAL
M.C. | 11/10/2019 - 09:00h.

Óscar, Óscar y Dani, siempre fueron temporales de la ETT Manpower trabajando en la fábrica de Vestas. Tras la primera crisis de la multinacional danesa, y a raíz de una denuncia que los tres empleados encabezaron ante el Ministerio de Trabajo, se realizó una investigación tanto a la empresa de trabajo temporal como a Vestas, que concluyó con la imposición de una sanción a Vestas de 9.500 euros -lo máximo que contempla la ley- además de requerir a esta última a dar de alta a 87 trabajadores temporales, entre ellos a Óscar, Óscar y Dani.

El informe de la Inspección de Trabajo, reconoció la cesión ilegal de los trabajadores y, por tanto, la obligación de la fábrica de aerogeneradores de contratar a los mismos en la plantilla de Vestas. La danesa aprovechó el ERE ya abierto para darles de alta por un día, reconociendo exclusivamente tal antigüedad, a pesar de que muchos trabajadores podían demostrar, como así han hecho ante los tribunales, antigüedades que rondaban los 3 años.

Los tres obreros que comenzaron la lucha por sus derechos, trabajadores desde 2015, consiguieron demostrar que sus contratos eran ilegales, y que su alta por un día, y sin previo aviso, en octubre de 2018 cuando ya no trabajaban para Vestas, les hizo sospechar que eran  las víctimas de una estrategia orquestada por la eólica, para cerrar sus fábricas con el mínimo coste.

De hecho, la indemnización fue negociada por el comité que alcanzo el cierre del ERE por acuerdo, pero sin los votos de los 87 trabajadores temporales porque no estaban incluidos como empleados. Y así, la empresa consiguió el apoyo de los sindicatos para su despido 'low cost'. "La empresa esperó a que el ERE estuviese pactado para que no hiciéramos fuerza en la negociación. Nos dieron una indemnización de 1.000 euros a cada uno, más el despido, en total 1.700 euros", explican los afectados, que volvieron a acudir a la justicia para denunciar a Vestas, acompañados en esta ocasión de las voces de 30 compañeros más, que de nuevo tenían vínculo con la multinacional.

De Villadangos al Tribunal Supremo

Tras la euforia inicial de los trabajadores que vieron reconocidos sus derechos en primera instancia por los Juzgados de lo Social de León, en los que fue reconocida la cesión ilegal de los trabajadores que había sido declarada anteriormente por la Inspección de Trabajo, la decepción se ha apoderado de muchos de ellos. La estrategia procesal de Vestas ha recurrido sistemáticamente las sentencias al Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, en la que se han decretado numerosas nulidades por "cuestiones técnicas", que solo les da la opción de 'vuelta a empezar', como expresa Óscar en sus propias palabras, o acudir al Tribunal Supremo en un recurso de Casación para la Unificación de la Doctrina.

Los trabajadores explican, según les ha indicado la Letrada que defiende su caso, María Cantalapiedra, que es muy difícil que el Supremo llegue a conocer este tipo de recursos, que están supeditados a rigurosos requisitos de admisión y, por ello, se muestra reticente a hacer pronósticos sobre lo que pueda suceder, aunque gran parte de  jurisprudencia en casos similares está de parte de los trabajadores, y algunos de los recursos presentados ya han pasado los primeros filtros.

A pesar de las dificultades procesales que han encontrado en su camino, los trabajadores manifiestan confiar en la justicia, saben que tanto la Inspección de Trabajo como su defensa jurídica, han conseguido poner en mano de la justicia numerosa documentación que  demuestra la cesión ilegal a la que fueron expuestos durante años, y con ella el derecho a que se les reconozca su antigüedad y derechos económicos acordes a los años trabajados que, en algunos casos, se cifra en cantidades que ascienden hasta los 19.000 euros.

Otra circunstancia favorable es que Vestas acató las sentencias que le obligaron a pagar una indemnización mayor a dos empleados, lo que significa que admitió haber incumplido la ley, una situación que debería extenderse al resto de empleados en justicia.

Ante esta situación, los trabajadores piden que no se silencie su caso, enterrado entre las argucias procesales del magnate de los molinos,  con la esperanza de que el primer recurso enviado a unificar doctrina sea admitido en Casación por el Tribunal Supremo y, en caso contrario,  la vuelta a los juzgados de primera Instancia de sus casos, donde deberán juzgarse nuevamente.

 

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