Cuando la presión ciudadana ya salvó la Plaza del Grano de los planes del Ayuntamiento y la Junta

Estado actual de la típica vivienda que estuvo en riesgo en 2002 tras dar el Ayuntamiento licencia de derribo y la Junta autorizarlo.

Varios años de polémicas, varios días de tensión por las obras en la Plaza del Grano y sus calles adyacentes, adjudicadas por el Ayuntamiento de León en base a un controvertido proyecto, con pleno apoyo de Patrimonio de la Junta, y una nueva protesta ciudadana convocada hoy han permitido recordar el último episodio vivido en el espacio público más auténtico y patrimonial plaza de la capital leonesa.

Fue en pleno agosto del año 2002, hace casi 15 años, cuando gracias a la movilización ciudadana pacífica de los leoneses, arropada por el apoyo de numerosos intelectuales, se mantuvo intacta la fisonomía de la protegida Plaza del Grano, en aquel entonces amenazada por una decisión conjunta tanto del propio Consistorio leonés como la Comisión Territorial de Patrimonio de la Comunidad autónoma.

Y es que una Comisión del Gobierno celebrada en pleno verano de aquel año aprobó licencia municipal para demoler totalmente la más típica vivienda de esta plaza, la casa aportalada que es un símbolo de este lugar tanto como el propio empedrado tradicional. No en vano, la prensa destacaba entonces que se trataba del derribo de la última vivienda aportalada del barrio de Santa Ana, tras desaparecer el resto pocas décadas atrás.

Los mandos políticos del Ayuntamiento al decidir el derribo total del inmueble estaban pilotados entonces por Mario Amilivia, como alcalde del PP; Cecilio Vallejo, concejal también popular de Urbanismo; y Alejandro Valderas responsable de Patrimonio por Unión del Pueblo Leonés (UPL), porque hay que recordar que PP y UPL mantenían un sonadísimo pacto para regir el Ayuntamiento leonés tras perder Amilivia en 1999 la mayoría absoluta.

A pesar de haber ocurrido en el inhábil mes de agosto, la preocupante licencia municipal levantó poco a poco a la ciudadanía en contra de los planes de un conocido constructor, Luis González, que se encontraba ejecutando el inmueble hoy construido a la espalda de este de la Plaza del Grano número 3. Fue entonces cuando, según su versión, se derrumbó un tabique que hacía peligrar el tradicional inmueble y que ponía en riesgo la seguridad de los obreros, según defendió después el concejal Valderas, quien incluso defendió al promotor de presuntas amenazas de algunos vecinos nunca demostradas.

Con estos argumentos se le concedió inicialmente autorización para el derribo con la obligatoriedad de volver a construir desde cero el inmueble respetando su fisonomía. Pero no sólo el visto bueno provenía del Ayuntamiento. También lo otorgó, no sin añadir más polémica, la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta, encargada sobre el papel de velar por el patrimonio de todo tipo. El máximo responsable de la delegación territorial de la Junta entonces, y también de esa Comisión de Patrimonio, era Luis Aznar, hoy senador del PP por León.

La solución por la que abogó la Junta fue permitir acabar con buena parte de la vivienda y obligar al constructor a reconstruirla de nuevo en su original estado, rechazando la inicial pretensión de aquel de ejecutar un trastero y garaje que, como es lógico, jamás formó parte de la traza original del edifico.

Las reacciones no se hicieron esperar y aunaron a vecinos de la propia plaza y ciudadanos leoneses de toda condición y procedencia. Lentamente primero, dadas las fechas veraniegas, en plenas vacaciones. Pero imparablemente después.

Pronto se fueron sumando apoyos intelectuales, en un movimiento muy similar al ocurrido ahora con las obras de la propia Plaza del Grano, con un manifiesto que entre otros llegaron a firmar Juan Pedro Aparicio, Eugenio de Nora, Luis Artigue, Concha Casado, Alfonso García, Ignacio Abad, Ana Gaitero o Miguel Cordero del Campillo, entre otros citados por la prensa de entonces., a los que sumaron otros como Julio Llamazares o Ángeles Caso.

El texto recordaba entonces que el edificio “goza de tan alta protección que impide cualquier demolición y posterior reconstrucción”, además de que, como recordaba entonces el Grupo Socialista, muy activo en aquella lucha, el Plan Especial del Casco Antiguo recomienda la restauración, consolidación y rehabilitación. Los soportales eran la principal figura a preservar. Y cabe recordar que ya desde varios años antes, en concreto 1993, la zona ya formaba parte además de la protección del Patrimonio de la Humanidad con que había sido elevado el cercano Camino de Santiago, que supone una franja de protección total a cien metros a cada lado de este itinerario cultural.

Protestantes e intelectuales llegaron a sugerir esas “fórmulas tan imaginativas de permuta de edificios y solares o pago en aprovechamientos urbanísticos”, entonces muy empleadas por el Consistorio en plena fase de expansión del 'ladrillo' en la capital, e incluso que el propio Consistorio adquiriera el valioso inmueble. Todo valía para impedir lo que no dudaban en tildar como “sentencia de muerte” para la Plaza del Grano.

La presión fue creciendo hasta realizarse escenas, muy similares a las de estos días, de la presencia física de decenas y por momentos cientos de personas frente a la fachada de la casa amenazada para garantizar su máximo respeto. Algo que finalmente la Junta y el Ayuntamiento tuvieron que defender, cambiando sus anteriores autorizaciones, para que la casa fuera exclusivamente restaurada y mantuviera intacto su hechura tradicional. León entero respiró aliviado. Y así seguía el ambiente desde entonces hasta que las obras del Ayuntamiento este año han vuelto a activar las protestas y alentando desde el Consistorio el enfrentamiento con algunos vecinos de la plaza.

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