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Polémico proyecto en León

Exigen por vía judicial al Gobierno que aplique un '155' a Junta y Ayuntamiento por destrozar la Plaza del Grano

Dos asociaciones leonesas recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid el silencio del Ministerio de Cultura frente a la denuncia del "expolio" de la polémica remodelación municipal, que inicia su tercera y última fase, y exigen que frenen las obras en curso y se restituya lo ya destruído. El Gobierno central asegura por primera vez que recabará información.

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Cantos rodados en pleno desmantelamiento en la fase dos del proyecto del Ayuntamiento de León.
Carlos J. Domínguez | 15/11/2017 - 19:00h.

Coincidiendo con el inicio por parte del Ayuntamiento de León de la tercera y última fase de las obras de supuesta remodelación de la Plaza del Grano en el casco histórico de León, que tras ejecutar las aceras perimetrales y reformar dos calles de acceso, en la que prevé levantar y sustituir la totalidad del empedrado tradicional actual, las asociaciones leonesas 'Mocedá en Pie' y 'Red Vecinal' han iniciado un profundo procedimiento judicial en Madrid en defensa de este espacio público patrimonial y protegido.

En concreto, ambas asociaciones han remitido un requerimiento judicial al Ministerio de Educación Cultura y Deporte, transcurridos más de tres meses sin haber obtenido respuesta, formulando demanda ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, para que sean los Tribunales quienes obliguen al Ministerio a "evitar el expolio de un elemento singular de interés histórico, cultural y paisajístico, amparado por la protección de varios bienes de interés cultural", argumentan profusamente.

Amplias zonas ya valladas para el inicio del levantamiento del empedrado tradicional de la Plaza del Grano.
Amplias zonas ya valladas para el inicio del levantamiento del empedrado tradicional de la Plaza del Grano.

 

En concreto, si el eventual requerimiento del Ministerio de Cultura para dejar sin efecto estas actuaciones fuera desatendido por la Administración autonómica competente para autorizar las obras —en este caso la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta y el Ayuntamiento de León— la Administración General del Estado "dispondrá lo necesario para la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado", lo cual supondría, a todos los efectos, una intervención por parte del Estado limitada a las competencias en materia de Cultura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León y del consistorio leonés en relación a estas actuaciones.

Se trata, pues, de una intervención para arrebatar las competencias autonómicas a la Junta, al estilo del conocido artículo 155 recientemente aplicado ante el desafío independentista de Cataluña. Y tiene precedentes de lo más serio, como el ocurrido en la polémica destrucción del barrio de Cabanyal en Valencia, un proyecto impulsado por el PP en la capital del Turia y auspiciado por la Comunidad Valenciana, que pretendía prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, arrasando parte de la trama histórica del barrio pesquero. Una iniciativa judicial similar a la que ahora se plantea en la Plaza del Grano de León acabó por hacer desistir al Ayuntamiento presidido por Rita Barberá, obligando además a restituir el daño causado.

Efectivamente, el artículo 4 de la Ley 16/1885 del Patrimonio Histórico Español permite la intervención estatal, superpuesta a la autonómica y por supuesto la municipal, en casos de riesgo de expolio para ese patrimonio nacional. Por eso, argumentan posicionamientos claros contra los actuales y pasados proyectos de reforma del Grano, como el del Comité Nacional Español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), que en mayo reprochaba por carta a la Dirección General de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura que la Administración General del Estado optara por "ponerse de lado" en estas polémicas obras, omitiendo pronunciarse acerca de si las fases 1 y 2 ya ejecutadas, estaban vulnerando la normativa.

Remarcan que la Plaza del Grano "no solo resulta amparada por el BIC del Camino de Santiago desde el año 1993 en que se amplió el perímetro de protección del mismo, si no que forma parte del entorno de otros dos Bienes de Interés Cultural, el de la propia iglesia de Santa María del Mercado declarado el año 1973 y el del conjunto histórico artístico del interior del recinto amurallado de la ciudad de León, que data de 1962".

Las autorizadas voces en contra

Además de ICOMOS, también han mostrado su rechazo al proyecto el Departamento de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, la Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España, la Federación por el Patrimonio de Castilla y León o numerosos académicos y expertos en patrimonio cultural a título particular, además de los miles de leoneses que acudieron a las manifestaciones y concentraciones celebradas en los meses de febrero y mayo.

 

También se emplea el argumento desvelado por ileon.com de que la Junta dejó caducar el expediente de declaración como BIC de la propia Plaza del Grano, instada por el Consistorio leonés en el año 2014, donde expresamente se reconocía el "interés artístico, histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico" de la Plaza del Grano, susceptible de protección dentro del Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Para más inri, las asociaciones recuerdan que Ayuntamiento y Patrimonio "se han visto envueltos en los últimos meses en sonadas polémicas vinculadas con la protección del patrimonio cultural de la capital", como el derribo en mayo de la casa más antigua de la ciudad, que resultó ser propiedad del secretario de la comisión municipal de Urbanismo y Patrimonio, o el derrumbe de un cubo de la muralla durante una intervención municipal.

También remarcan que importe de las actuaciones totales previstas en la remodelación del Grano se ha multiplicado por diez, pasando de los sesenta mil euros inicialmente presupuestados en 2015 a los cerca de seiscientos mil euros que finalmente supondrá para las arcas públicas esta intervención.

En todas y cada una de estas actuaciones ha estado detrás la concejala de Urbanismo del PP, Ana Franco, que en nombre del alcalde, Antonio Silván, ha defendido a capa y espada cada fase de las obras de la Plaza del Grano, así como el derribo mencionado, entre otras polémicas gestiones.

Que el Ayuntamiento frene las obras

Las asociaciones recurrentes defienden que la intervención del Ministerio podría suponer no solo la paralización de la fase 3 sino también la restauración de todo lo ejecutado. Por eso, ambas apelan a que desde el Ayuntamiento de León "se suspenda con carácter inmediato el inicio" de los nuevos trabajos, para evitar "dilapidar cerca de 300.000 euros adicionales" en una actuación que, según entienden Mocedá En Pie y Red Vecinal, será rechazada por el Ministerio de Cultura.

Finalmente, las asociaciones llaman a los muchos opositores que ha concitado este proyecto polémico a "movilizarse y a que sigan enviando denuncias al Ministerio de Cultura para que sus técnicos revisen de modo efectivo la obra y el proyecto".

El Gobierno, ahora sí, evaluará el proyecto

Ante esta novedad, recientemente el Gobierno de España ha movido ficha, por primera vez, después de múltiples respuestas parlamentarias al senador de Compromís Carles Mulet, en las que ha dado su parabién constante a los planes del Ayuntamiento y los beneplácitos de la Junta.

En una respuesta a Mulet del pasado 13 de noviembre, y por el plazo tras conocer la denuncia de las dos asociaciones, el Gobierno asegura terciar en la "controversia" y que la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural "se interesó por el asunto" para "aclarar los aspectos jurídicos y técnicos problemáticos en torno al proyecto que se está ejecutando".

Añade que tras la reclamación judicial de la Asociación Mocedá en Pie "se ha contactado" con la Junta y solicitado el proyecto de la tercera fase. "Una vez que se reciba el proyecto se procederá inmediatamente a su estudio y evaluación, con el objeto de adoptar, en su caso, las medidas que sean oportunas".

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