UPL pide que el Ayuntamiento y la Junta impulsen un plan municipal 'antiokupas'
El Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha presentado una moción 'antiokupas' para que “desde la Administración se establezcan una serie de medidas para la rápida recuperación de los inmuebles ocupados”, detalla el portavoz leonesista Eduardo López Sendino.
La iniciativa pretende conseguir que desde el Ayuntamiento se elabore un Plan Municipal contra la ocupación ilegal de viviendas, en colaboración con la Junta de Castilla y León, para garantizar la devolución de los inmuebles, la vigilancia y el asesoramiento y orientación jurídica.
En toda la provincia de León hubo el pasado año 27 casos de ocupaciones de viviendas, ninguna de ellas de primera residencia, la práctica totalidad de bancos y fondos de inversion, de entre las 60.000 casas y picos vacíos que se contabilizan en total, a pesar de lo cual UPL considera que este tema es de alta relevancia municipal para la capital leonesa.
Se trata, según Sendino, de “potenciar la coordinación y la cooperación institucional entre Policía Municipal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Administración de Justicia para asegurar la pronta actuación contra este grave y creciente problema”. En la motivación de la moción, que aseguran que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos en el Consistorio, argumentan los leonesistas que existe un “creciente problema” que se refleja en “denuncias de los propietarios” que reflejan ciertos medios de comunicación.
A través de esta moción, de aprobarse, se instará al Gobierno Central y a las Cortes Generales a promover reformas legales para agilizar los juicios relacionados con los desalojos de estos inmuebles, habilitar a las juntas de propietarios para instar a desalojos que afecten a la convivencia y reforzar las competencias de los ayuntamientos para velar por la seguridad, facultándolos para la subrogación en las acciones de desalojo.
También piden endurecer las sanciones penales de los delitos sobre ocupaciones ilegales que se lleven a cabo con violencia, atenten contra el inmueble y su contenido o estén auspiciadas por grupos criminales organizados.
