Podemos y Ciudadanos piden una comisión de investigación en el Congreso sobre los fondos mineros
Los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos han pedido la creación de una comisión de investigación en relación con la gestión en el conjunto de España de los Fondos Mineros en los sucesivos Planes de la Minería.
Así consta en la propuesta dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados, registrada hoy por los grupos de Unidos Podemos y las mareas y Ciudadanos para que proponga en un pleno de la Cámara la creación de una comisión de investigación relativa a la gestión de los fondos destinados a la minería.
El diputado de Ciudadanos por Valladolid, Francisco Igea, explicó en declaraciones a Ical que para ellos es un “asunto de vital importancia”, calificó de “normal” que la iniciativa salga adelante y subrayó alguien tendrá que responder ante el dinero dado a las cuencas sin que se haya producido, en su opinión el efecto deseado.
“Queremos ayudar a que termine la demagogia del discurso doble” en Madrid y en Castilla y León, aseveró, en relación a lo que dicen el Partido Popular y el PSOE fuera de la Comunidad, mientras que defendió que su grupo tiene la misma posición en ambos sitios en relación al futuro del carbón y de las térmicas.
En su exposición de motivos explicaron que el 31 de diciembre de 1997 se creó el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, con el objeto de implementar una política de reestructuración del sector y el desarrollo y ejecución de medidas se para apoyar el desarrollo económico de aquellos municipios considerados mineros.
Así, recordaron que sólo en los últimos quince años se han destinado casi 16.000 millones de euros a esta institución con la finalidad de dotar de una alternativa a las cuencas mineras afectadas. “Sin embargo, se han constatado diversos y notorios casos de malversación de estas ayudas, que han dado lugar a sendas investigaciones policiales y actividades de control en parlamentos autonómicos como el asturiano”, explican.
Los dos grupos parlamentarios añadieron que se ha venido alertando tanto de fallos en el proceso de toma de decisiones como de un déficit en la evaluación y control y la falta de eficacia de estas ayudas “a la hora de posibilitar la creación de un tejido productivo alternativo para las comarcas afectadas, a pesar del enorme volumen de recursos económicos comprometidos”.
En ese sentido se recordó que, por ello, para dilucidar las responsabilidades políticas que pudieran derivarse, la Junta General del Principado de Asturias constituyó en su anterior legislatura la comisión especial no permanente de investigación en relación con la gestión en Asturias de los Fondos Mineros en los sucesivos Planes de la Minería. “Así se contribuyó de manera decisiva a la transparencia y la evaluación de las políticas públicas que se han venido implementando en esta materia y no contaban con el necesario control transparente de estos recursos”, agregaron.
Por ello, tanto el Grupo de Ciudadanos, como el que forman Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, solicitan la traslación de una petición para crear una comisión de similares o parecidas características al ámbito estatal que “no obedece no a un cuestionamiento de estas transferencias, sino al ánimo de incrementar la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación sobre la gestión de los fondos mineros desde una óptica integral y estatal”.
Composición y línea de trabajo
La Comisión estará compuesta por cinco representantes del Grupo Parlamentario Popular; cuatro del Grupo Parlamentario Socialista; cuatro del Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; tres del Grupo Parlamentario Ciudadanos; dos del Grupo Mixto,; un representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y un representante del Grupo Esquerra Republicana. En las votaciones se atenderá al criterio del voto ponderado.
Se constituirá a la semana siguiente de la aprobación de su creación por el Pleno de la Cámara y desarrollará sus trabajos conforme a un plan de trabajo aprobado por la propia comisión, que incluirá un calendario de comparecencias. Asimismo, la comisión podrá solicitar de los órganos jurisdiccionales competentes la documentación obrante en las diferentes causas relacionadas con el objeto de la misma, que no se encuentren afectada por el secreto de sus actuaciones.
Igualmente, podrá recabar la documentación que considere pertinente para el desarrollo de sus trabajos. En el plazo de seis meses, que podrá ser prorrogado por acuerdo del Pleno de la Cámara, la comisión elevará el informe al Pleno del Congreso de los Diputados para su aprobación.
También en las Cortes de Castilla y León ambos grupos han cuestionado la gestión de los fondos a la minería a través de los distintos planes.
