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El Estado justifica la expulsión 30 años después de los ocupantes de las últimas casas del pantano de Riaño

CHD insiste en que las 22 viviendas en Burón y un número no aclarado aún de Vegacerneja se ocupan de manera ilegal, porque desde las expropiaciones son propiedad del estatal, y les insta a irse en un mes. El alcalde pide "soluciones razonables" para evitar viejas traumáticas escenas.

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Imagen de alguna de las casas afectadas por la nueva reclamación de desalojo, afectadas por el pantano de Riaño.
Carlos J. Domínguez | 28/12/2017 - 18:30h.

Las últimas casas que, afectadas por la traumática construcción del pantano de Riaño hace exactamente 30 años, aún hoy son habitadas en las localidades de Burón y Vegacerneja tienen los días contados. En el plazo de un mes, sus actuales inquilinos deberán decir un nuevo adiós, como hace tres décadas, y con la Ley en la mano esas construcciones deberán ser demolidas por situarse bajo la cota legal de seguridad. Una estampa cuya simple visualización retrotrae a los peores fantasmas de la lucha por Riaño Vivo.

En el 30 aniversario del traumático cierre de la presa, que supuso el adiós de cientos de familias de sus viviendas natales en muchos casos durante generaciones, el mazazo de la burocracia ha vuelto a despertar el viejo fantasma de la lucha por la supervivencia de los pueblos afectados.

Causando un estupor inaudito en esta zona de la Montaña Oriental leonesa, tanto a los ocupantes de 22 edificios en Burón como un número aún no declarado de Vegacerneja que recibirán en breve los mismos escritos de apremio, como al alcalde del PP, Porfirio Díez, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha confirmado a iLeon.com el envío esta semana de una treintena de cartas en la que recuerdan a los ocupantes de las casas dos cosas muy claras: que las viviendas no son suyas, sino "Patrimonio del Estado" tras haberse expropiado décadas atrás; que están dentro de la cota de seguridad oficial del pantano de Riaño, bajo la cota de los 1.103 metros de altitud; y que tienen un mes para irse.

El problema estriba en que los edificios, los típicos de piedra de la zona, no siguieron la vía del resto de los pueblos afectados, donde fueron víctimas de la piqueta y los explosivos, y al seguir en pie todo este tiempo se han dejado volver a habitar. CHD matiza que "sólo un ocupante desciende de los antiguos titulares de las viviendas, por lo que los actuales no tienen relación con los propietarios expropiados". Y también salvo en un caso se trata de segundas residencias, sólo una familia reside allí todo el año.

¿Y por qué se ha tardado tantísimo tiempo en 'desokupar' los inmuebles? Pues las fuentes de Confederación aseguran haberse dado por enterados no hace mucho tiempo. El motivo parece ser una revisión catastral, que hizo que el Catastro reclamara a Confederación del pago del IBI, en vez de a los habitantes. CHD se limita a explicar que "tan pronto como se tuvo constancia de la ocupación ilegal" trató de identificar a sus ocupantes "para dirigirse por escrito a ellos, lo que ha sido un largo proceso de obtención de datos sobre todos ellos". "Se han remitido una treintena de cartas, todas a la vez y de forma simultánea para evitar agravios, a 22 destinatarios", matizan desde CHD, aunque los apremios de Vegacerneja "están previstos" para más adelante.

En toda la respuesta oficial del gestor de la cuenca no se atisba mucha capacidad de rectificar esta decisión de vaciar las viviendas. Apenas se menciona "algún encuentro con el alcalde de Burón para ponerle al corriente de lo ocurrido y tratar de buscar alguna solución" que no se detalla, aunque la que se antoja más posible, permitir el uso de viviendas bajo los 1.103 metros de seguridad oficial del pantano, "no es posible", explican desde ya, "por razones de seguridad relacionadas con la propia expropiación hidráulica del embalse".

Mientras, el regidor se limita a asegurar por su parte que "absolutamente nadie entendería que no haya alguna solución razonable para todas las partes" después de los desalojos y los derribos de hace 30 años, instando así al menos al diálogo y la negiciación con la administración del Estado.

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