Majo: “Puede no ser bueno para las juntas vecinales derogar el decreto” que las paraliza

Majo en la presentación del plan de obras de Juntas Vecinales de la Diputación en 2016. / Carlos S. Campillo / ICAL

C.J. Domínguez

Donde la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores de León y el PSOE provincial ven “un apaño” y una “tomadura de pelo” en la última postura del Gobierno respecto a la aplicación del Real Decreto que obliga a los secretarios municipales a supervisar cada acuerdo que adopten los pueblos de León en concejo, el Partido Popular de León ve una buena noticia, aunque sea una buena noticia temporal.

“Satisfacción de momento” es la valoración que ha expresado hoy el presidente del PP provincial y de la Diputación, Juan Martínez Majo, al interpretar la reciente carta de la secretaria de Estado de la Función Pública interpretando, entre otras cosas, que los secretario vecinos actualmente electos en las pedanías -hasta los comicios del próximo año- pueden seguir ejerciendo esta función, porque como resaltó Majo “nadie les ha cesado”.

Un plazo que el presidente considera literalmente “una moratoria” en la polémica aplicación del Real Decreto ministerial y que a su juicio permite conseguir un plazo para, a partir de ahora, “colaborar y consensuar fórmulas” de la mano del Colegio de Secretarios y el desarrolo normativo que ha de desplegar la Junta de Castilla y León. Majo recordó que en una provincia con 1.236 juntas vecinales, más de un tercio de las existentes en España, este Decreto genera “un problema grave” pero que a la vez “puede ser la solución definitiva a las juntas vecinales, porque son entidades locales y tienen que tener seguridad administrativa y jurídica; y si no, quedan en mantillas”.

Por todo ello, afirmó el presidente del PP categóricamente que no aboga, porque “puede no ser bueno”, por la derogación del criticado artículo que impone que sean los secretarios de los ayuntamientos sobre los que recaiga la legalidad de los acuerdos de los concejos, sino que, por el contrario, apuesta por “complementar, modificar y articular” una solución.

En ella, reincidió, el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la institución provincial estará implicado, pero considera que el mayor peso de una solución ha de recaer en la Junta de Castilla y León, “a través del desarrollo normativo estatal”, porque es la Comunidad la que “tiene mucho que decir en su desarrollo”, reclamó.

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