La Diputación de León garantiza una gestión de bomberos comarcales “clara y limpia”: “Nadie se va a lucrar”
El equipo de Gobierno en la Diputación de León garantiza que la millonaria puesta en marcha de todo el plan de bomberos y parques comarcales para atender los incendios y otras incidencias en los pueblos de la provincia no enriquecerá a ninguna empresa privada.
Será, en palabras del diputado provincial socialista Marcelo Alonso, responsable de esta área, “una gestión clara y limpia”, asegurando que “nadie se va a lucrar”.
El nuevo responsable de Protección Civil y del Servicio de Protección de Incendios -conocido como Sepeis- sale así al paso de la investigación publicada ayer por iLeon.com y en la que las investigaciones policiales y judiciales dan por hecho que empresarios, conseguidores y algunos políticos maniobraron para amañar contratos vinculados a este plan de bomberos comarcales leonés y sacar beneficios de esos contratos, aprovechando, entre otras cosas, que el equipo de Gobierno del Partido Popular proponía contratar una plantilla de 75 bomberos a través de empresas, y no como funcionarios.
“Una repugnancia total”
Alonso valora con desagrado el contenido de la investigación de este medio afirmando que “si eso es verdad, me produce una repugnancia total, asco, así no se puede trabajar”.
No es el único en pensar parecido. El hasta hace pocos meses presidente de la Diputación del PP, Juan Martínez Majo, hoy delegado territorial de la Junta, asegura no ser responsable de “lo que estos señores tuvieran entre manos”, pero negando de manera tajante que nadie en la Diputación “que yo sepa”, y mucho menos él personalmente, participara de maniobra alguna para beneficiar a algunas de las empresas cuyos responsables, como fue el caso de José Luis Ulibarri o Ángel Luis Martín 'El Patatero', fueron detenidos en la Operación Enredadera con las pruebas de casi dos años de 'pinchazos' telefónicos de la UDEF. “Al Patatero ni le conocía y con Ulibarri pues coincidí en algún acto público pero nada más, nunca hablamos” de esto, explica.
“Ningún contacto, en absoluto”
“Ningún contacto, en absoluto”, se muestra también tajante el portavoz popular entonces y también ahora en la oposición en el Palacio de los Guzmanes, Francisco Castañón“. Recuerda, como también insiste Martínez Majo, que por más que la trama hablara de pliegos del sistema de bomberos, ”pliegos como tal no hubo ninguno“ en aquel tiempo.
Sólo existía entonces la memoria general aprobada en un Pleno en 2017 y de la que, al parecer, tuvieron información previa de manos del entonces diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, y su cargo de confianza Sadat Maraña, algo que el Fiscal considera a priori irregular y por lo que también los imputó, entre otras maniobras en ayuntamientos como San Andrés o Villaquilambre. No lo comparte así, sin embargo, Majo, quien recuerda que “los asuntos que van a los plenos son públicos y los conocen todos los grupos”.
Ninguna empresa podía construir dos parques
Y otro detalle que remarcan tanto Alonso como Castañón: se intentó blindar la posibilidad de maniobras interesadas a favor de algunas empresas estableciendo un criterio por el cual si una empresa resultaba adjudicataria de uno de los seis parques de bomberos (cinco de nueva construcción y el de Laciana para reformar), ya no pudiera hacerse con el contrato de otro. Esta situación, de hecho, ha retrasado el inicio de la construcción del parque de extinción previsto en Celada de la Vega para las zonas de Astorga y La Bañeza, que tendrá que salir a concurso ahora.
Los dos mandatarios del PP admiten, al hilo de la presunto intento de 'amaño' de la trama Enredadera, que sólo a uno de los concursos públicos llegó a concurrir “una vez” una empresa vinculada a las empresas de alguno de los conseguidores ahora imputados por corrupción.
“Hubo tirantez, varios meses”, recuerda Martínez Majo, con un intento debate técnico “sobre si cumplía los requisitos y si podía o no presentarse”. En todo caso, como ayer destacó iLeon.com, ni en este caso ni en ningún otro contrato fueron empresas de la trama las beneficiarias.
Plantilla de bomberos públicos, la nueva prioridad
El máximo responsable político actual del sistema de bomberos, Marcelo Alonso, asegura ser consciente de que las aspiraciones de ciertos empresarios se han podido ver alimentadas por la gestión decidida por el PP, con 9 funcionarios al frente de la coordinación de todo el sistema, pero una plantilla de 75 bomberos profesionales, es decir, contratados a través de una empresa y no funcionarios públicos. Un posible nicho de negocio.
Por eso, “y por convicción personal”, asegura que su apuesta “es que sean funcionarios, que sea público”, y de hecho espera algunos informes, entre otros sobre la tasa de reposición, que apuntalen esta posibilidad a pesar de las limitaciones que impone el Gobierno central, cuya interinidad admite que tampoco ayuda.
“Pero al ser para un servicio esencial” como es la extinción de fuegos en los pueblos “y ser puestos de nueva creación, entendemos que Hacienda nos autorizará recoger esos nuevos empleos en el presupuesto del año que viene”, con tiempo para “armarlo jurídicamente”, cambio en la RPT de la institución incluido. Sin embargo, admite que “tengo que ser prudente” hasta que todo concluya.
Alonso pide consenso político en un tema esencial
Marcelo Alonso espera que haya consenso político para hacer un Sepeis cien por cien público, “porque hablamos de un asunto que no es para tirárselo a la cabeza, cuando a alguien se le quema una casa lo pierde todo, hablamos de esto”. Y confía en que el altísimo coste económico no sea un problema. Porque a los más de 8 millones de euros sólo para desarrollar la infraestructura, los seis parques, los 21 vehículos ya contratados y todo el material, “podemos estimar que costará después cada año a millón por parque”. O sea, 6 millones de euros/año.
En este contexto, insiste en que es “imprescindible” la participación económica de la Junta de Castilla y León, que “tiene que apoyar y también financiar” todo este sistema. A pesar de que a priori el consejero de Fomento, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, negó esta posibilidad y después la dejó vagamente abierta.
Por su parte, los exmandatarios del PP en la Diputación, tanto Majo como Castañón, insisten en que si no se abogó por una gestión pública fue “porque numerosos informes nos dijeron que no se podía”. Pero admite ahora que sí albergaba alguna esperanza de que los bomberos pudieran ser funcionarios, “quizá con algún cambio normativo, por qué no decirlo, del actual Gobierno, con el que tuviera encaje” incrementar la plantilla de la Diputación.
Por su parte, el portavoz popular Castañón insiste en que no se planteaba un sistema privatizado sino “una gestión directa de la Diputación, dirigida por bomberos funcionarios, un total de nueve personas”, y aunque después “cada parque tuviera unos profesionales contratados por una empresa privada, lo cual saldría a concurso”.
