La Junta hará “frente común” para defender a los ayuntamientos de los acuíferos afectados por la Variante de Pajares
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se comprometió este martes a que la Junta estará “vigilante” para que la solución que se aporte en relación a los acuíferos en la Variante de Pajares sea “la correcta”. Durante la sesión del pleno de las Cortes de este martes, el consejero avanzó “un frente común” de respaldo a los ayuntamientos leoneses afectados y aseguró que se dará “la batalla” con el fin de que “el agua que corresponde a León, se quede en León”, declaró.
De cualquier forma, Suárez-Quiñones instó a esperar al resultado de los informes técnicos encargados por Adif a Tragsa para conocer a qué acuíferos afectó la obra de la Variante de Pajares y un segundo documento sobre los cursos de agua a los que ha afectado esa infraestructura. “Será la clave para conocer el camino que se va a tomar”, declaró el consejero, aunque advirtió de que la Junta estará “vigilante”, al tiempo que confió en que tanto las confederaciones hidrográficas del Duero y Cantábrica, como el Gobierno de España actúen “con responsabilidad”.
Ante la pregunta del procurador de UPL, Luis Mariano Santos, sobre la posición de la Junta en relación a los retrasos y daños generados por estos trabajos, Suárez-Quiñones respondió que dependerá del diagnóstico final de estos estudios. “Mientras esa solución final perjudique a los municipios de León, la Junta mostrará su total oposición a que así sea” y avanzó que se exigirá al Gobierno de España “que se remedie la situación”.
Suárez-Quiñones dijo “recoger el guante” lanzado por Santos para posicionarse al lado de los municipios de la provincia de León, con quienes anunció que se reunirá con el fin de “hacer ese frente común”, al tiempo que consideró que los gobiernos que participaron en el proyecto lo hicieron “de buena fe” y fue la parte técnica quien no vio “bien” determinadas situaciones.
Por su parte, Santos atribuyó la responsabilidad a aquellos que “no hicieron los estudios pertinentes por abaratar costes”, entre los que citó a los exministros Rodrigo Rato y Francisco Álvarez Cascos, y quien hasta el año 2017 “miró hacia otro lado” porque, pese a gestionar el Ministerio de Medio Ambiente “no obligó a Adif a buscar fórmulas para evitar la desecación de los ríos y arroyos de la Montaña Central”. Pero también culpó tanto a Adif como a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) por “mirar hacia otro lado” pese a ser una administración “caracterizada por gestionar con puño de acero cuando se trata de pequeñas administraciones locales o usuarios del sector primario”, criticó.
Pese a ello, Santos recordó al consejero de Fomento y Medio Ambiente su obligación de “defender” a los pueblos y ciudadanos de la Montaña Central y de ponerse “de lado” de quienes están sufriendo “este latrocinio medioambiental”, por lo que apeló a Suárez-Quiñones a que lidere la defensa jurídica y exigir “un proyecto de recuperación integral”.
Santos repasó la trayectoria de una infraestructura que se ha convertido en “la obra más cara y menos efectiva de la ingeniería española” o lo que algunos han calificado como “un prodigio técnico lleno de imprudencias políticas”. Dieciséis años después desde que se puso la primera piedra y casi 4.000 millones de euros más han dejado también “un rosario de infiltraciones de agua, de deslizamientos, sobrecostes y un importante impacto ambiental y un enorme retraso” que obliga a adaptarse de nuevo a la normativa europea que ha ido cambiando a lo largo de los años.
Esta “chapuza” se inició “sin estudios hidrogeológicos” para analizar el subsuelo de la zona lo que llevó a que, al inicio de los trabajos, se localizara agua, lo que ha generado “un daño irreparable sobre los acuíferos” con un trasvase “oculto y subterráneo” además de un daño “terrible” a la montaña leonesa que se cifra en la pérdida de 12 millones de litros de agua al año y de 3,6 millones de euros de coste anual, sentenció.
