Retraso en un proyecto estatal para estudiar los peligros de minas ilegales en Laciana

Imagen de la explotación minera ilegal de El Feixolín en el año 2000.

C.J.D.

No ha dado tiempo, hay retrasos. Por eso, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la decisión del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de prorrogar un convenio por el que el Instituto Geológico y Minero de España (Igme), con apoyo económico de la Junta de Castilla y León, iba a estudiar detalladamente el riesgo por movimientos del terreno en Laciana, así como realizar un modelo geológico 3D de la cuenca minera de Ciñera y Matallana.

El convenio original fue suscrito en el año 2019, con una duración de dos años que por lo tanto debía haber conseguido que concluyeran los trabajos en este año 2021. La cuantía establecida contaría con una aportación cercana a los 233.000 euros igual para la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta y el Igme, de manera que la inversión global superaba 465.000 euros.

Ahora, el CSIC admite que no se llegará a tiempo y pone en marcha una adenda a aquel convenio, firmada por Rosina López-Alonso, vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, y Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León. Entre los detalles que hoy se publican, se especifica que la Junta ha sufragado ya su parte del acuerdo, detallando que para contratación de personal ha sumado un total de 74.772 euros, elevándose a otros 22.000 euros los gastos sólo destinados a viajes y dietas.

Con este nuevo acuerdo, la nueva fecha de entrega de los trabajos finales, tanto de Laciana como de Ciera-Matallana, quedara fijada en el 30 de octubre del año 2022, es decir, un año y tres meses más de lo previsto en el convenio original.

En lo que afectaba a la comarca de Laciana, la actuación proponía un plan de investigación para caracterizar detalladamente los movimientos de ladera detectados en las explotaciones mineras a cielo abierto del Feixolín y Fonfría, explotados algunas de ellas durante años de manera tan ilegal como masiva por el empresario minero Victorino Alonso, lo que le ha acarreado sentencias penales en contra tras abandonar las explotaciones sin restaurar la zona, que ahora se acomete con ingentes cantidades de dinero público.

El estudio debería ahora predecir en concreto la evolución de esos movimientos de terreno y evaluar el riesgo sobre la localidad de Orallo y las infraestructuras de la zona.

Por otro lado, ambos organismos también pretenden construir un modelo geométrico en tres dimensiones de la cuenca carbonífera de Ciñera y Matallana, enclavada en el norte de la provincia, en la zona de la Cordillera Cantábrica leonesa, con el objetivo de cuantificar los recursos geológicos que aún pueda contener.

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