Herrera defiende la 'limpieza' de la gestión eólica y la compra millonaria de la 'Perla Negra' que imputa a altos cargos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha tenido que salir hoy al paso de dos escándalos aireados tanto en medios de comunicación como elDiario.es como a raíz de la instrucción sobre presunta corrupción en el Juzgado Nº 2 de Valladolid, defendiendo ante los periodistas y en rueda de prensa convocada de urgencia la limpieza de ambos casos: por un lado, el posible “trato de favor” de la Junta a determinadas empresas eólicas en detrimento de otra, del que el propio Herrera pudo tener conocimiento en 2006; y por otro el desorbitado precio de más de 50 millones pagados por la sede del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), conocido como la Perla Negra.

Ambos casos han salpicado de manera directa al propio Herrera, motivo por el que hoy compareció. En las últimas horas, respecto al caso de la Perla Negra, trascendió que en su declaración judicial por posible malversación de fondos públicos, el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Oablo Trillo Figueroa -hermano del ex ministro de Defensa- consideró “desorbitado” el precio de ese inmueble, así se lo transmitió de manera personal al presidente de la Junta y le consta que éste realizó “algún tipo de gestión”.

Para frenar estos argumentos, Juan Vicente Herrera detalló hoy que su única mediación fue pedir que los técnicos de la Consejeria de Economía y Hacienda del entonces consejero Tomás Villanueva realizaran los informes valorativos necesarios y, en base a ellos, se materializó la adquisición “por un precio sensiblemente inferior al que había en momentos iniciales”. Finalmente el inmueble costó 52 millones de euros.

Herrera confía en cargos, técnicos y Tomás Villanueva

“Yo desconocía los detalles de esa adquisición”, aseguró, defendiendo que fue la mejor solución, reiterando que “tengo confianza en todos mis altos cargos”, así como en el consejo de administración de Gesturcal que aprobó la compra de la Perla Negra, y por supuesto en el consejero Tomás Villanueva, “con el que tuve y tengo una gran confianza y le quiero mucho”. “Yo no fijé el precio, aconsejé, dispuse, expresé mi opinión de que se escucharan las valoraciones de nuestros técnicos y me fío de los técnicos, si no sería un cataplasma”, respondió a algunas inquisitivas preguntas.

En el otro asunto de actualidad, adelantado ayer por elDiario.es, sobre el posible trato de favor a proyectos eólicos en la Comunidad, el presidente Herrera zanjó que al no recibir a un empresario de la promotora eólica Ibervento S.L, el cual le había advertido por escrito sobre posibles irregularidades al demorarse hasta 3 años la tramitación de sus declaraciones de impacto ambiental, fue una “decisión prodente”. Tratando de dar la vuelta a la tortilla, Herrera aseguró que haber recibido al empresario habría sido malinterpretado y criticado con dureza, puesto que muy poco de esa carta la empresa fue adquirida por otra sociedad cuya mayoría estaba a nombre de Endesa.

Su interpretación del caso es que Ibervento, que llegó a interponer una querella criminal contra un alto cargo de la Junta e incluso una queja formal en Bruselas, en realidad pretendía mejorar las condiciones de sus parques proyectados de cara a promover mejores condiciones para su venta a Productor Regional de Energía S.A (constituida por Inverduero, filial de la constructora vallisoletana Grupo Collosa y Endesa). Por eso fue “un acierto” no intervenir personalmente, defendió.

Contra “burda manipulación” del PSOE

El presidente aprovechó la rueda de prensa para insistir atacar el oportunismo político del PSOE en airear “no por casualidad” ahora estos asuntos, en un ejercicio de “burda manipulación” ante la inminente cita electoral, entre otros motivos. Y despachó numerosas preguntas sobre su intranquilidad, personal e institucional, por el efecto negativo de estos dos casos insistiendo varias veces en que la mejor garantía de que no tiene nada que ocultar y de que las decisiones fueron “las más adecuadas para los intereses de la Comunidad” es que el caso del edificio de Arrollo de la Encomienda está en manos del Juzgado de Instrucción de Valladolid, al que se mostró dispuesto a acudir en persona o por escrito si se le requiere.