El leonés Mantero se exculpa de la corrupción eólica y 'tira la piedra' a Delgado y Villanueva

Tomás Villanueva y Ricardo González Mantero en una fotografía de archivo en las Cortes de Castilla y León. / Rubén Cacho / ICAL

ICAL

El actual director general de Energía y Minas, el leonés Ricardo González Mantero, que lleva años en el cargo, admitió hoy que la planificación y existencia de empresas locales en las autorizaciones de parques eólicos que investiga un juzgado de Valladolid por delitos de presunta corrupción era una decisión “política” que partía del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, tal y como confirmaron fuentes jurídicas.

González Mantero acudió hoy al Juzgado de Primera Instancia Instrucción número 4 de Valladolid, en calidad de testigo, por el caso que investiga el pago de comisiones superiores a los 80 millones a cambio de autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León.

González Mantero, que entonces era responsable de eólicas en el Ente Regional de la Energía (EREN, con sede en león), ratificó que hubo un parón en la tramitación de parques eólicos para que, una vez entraran empresarios locales, se volviera a levantar ese parón.

De ese modo, se otorgaban “preferencias en la tramitación, en beneficio de unos que aún no estaban, pero que conseguirían la autorización cuando entraran en el proceso”. En todo caso, y siempre según estas fuentes, el director general reconoció que había una “exigencia, instrucciones y orden expresas políticas” de que “no se tramitaran unos parques hasta que no entrasen socios locales”.

El abogado de la acusación popular, Emilio Martínez, que defiende los intereses de Ecologistas en Acción, apuntó a que las distintas declaraciones apuntan a la creación de una “línea sanitaria” que acabaría en la responsabilidad del entonces viceconsejero de Economía Rafael Delgado.

En este sentido, señaló que “la sensación general es perturbadora, porque en muchas organizaciones criminales no violentas cuando hay un fallecimiento por causas naturales la tendencia es echar la culpa al muerto; aquí, si están implicados muchos funcionarios públicos, en paralelo la tendencia es echar la culpa al que se ha ido, en este caso, Rafael Delgado”, ex mano derecha de Villanueva. A su juicio, “parece que ha sido así que a lo largo de un lustro y que Delgado es la única persona que ha tramitado el ingente trabajo funcionarial que ha supuesto la autorización de parques eólicos”.

La acusación particular señalaa Mantero

También afirmó que, según lo declarado por los testigos, Delgado “ha sido uno de los autores, pero auxiliado por una serie de ejecutores directos que jamás pusieron ninguna pega y todo les pareció bien”. Uno de los cuales, en su opinión, es González Mantero, y el otro, el funcionario Tomás Ciria, que declaró en la segunda sesión.

De hecho, fuentes jurídicas explicaron que González Mantero reconoció hoy haberse ido a Madrid de trabajo, junto al propio consejero y la entonces viceconsejera de Empleo Begoña Hernández, y organizar una comida con otro antiguo alto cargo del PP en la Comunidad, Andrés Martín Paz.

“Declaración perturbadora”

Mantero reconoció no ser funcionario y sí un cargo de confianza de Villanueva, una realidad que llevó al abogado de la acusación popular a dudar de que el consejero “nunca se enterara de un negocio de miles de millones de euros y que quedó al margen”. “Las políticas de la Junta no las transmite exclusivamente el consejero, sino más gente. Es el peligro para salvar a otros. Por eso es una declaración perturbadora”, insistió Martínez. De hecho, en la sala se habló de que el consejero “invitaba a los promotores locales a entrar”, una cuestión que aseguró en público.

Quizá más investigación en el futuro sobre su participación

Igualmente, González Mantero fue requerido por los famosos documentos de Excel, de los que cabe la posibilidad, según el abogado, “de que estuvieran elaborados por las eléctricas, Iberdrola y Endesa, para ajustar los requisitos a sus intereses”. “Quizá sea algo a investigar en el futuro”, dijo el letrado.

En este sentido, explicó que “procesalmente” hay una posibilidad de que algunos que acuden como testigos, como es el caso de González Mantero, “pudiera volver a declarar como investigado, pero hay que madurarlo”. “Que están en el día a día, en el detalle, desarrollo y concesión de parques eólicos de Castilla y León no hay ninguna duda, lo saben todo, pero quizá como funcionario no tienen que preguntarse la razón de las cosas. Yo imagino que con una capacidad intelectual razonable, se preguntarían sobre los motivos”, opinó Emilio Martínez.

“Me cortan la cabeza”

Durante las testificales de hoy, a la que también acudieron el jefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos, Mariano Muñoz, -que mantiene su puesto- y Javier Mozo, accionista perjudicado y que envío una carta de queja a la Junta, se planteó la idea, en la que han coincidido dos de los testigos, de que en determinados parques, Delgado dijo que “si daba la concesión a los alemanes le cortaban la cabeza”.

Se refería, precisamente, a Mozo, accionistas de Ibervento, promotora de parques eólicos, con un proyecto paralizado tras contar con una tramitación muy avanzada. Esta firma, además de él, la formaban dos socios alemanes. Una declaración efectuada hoy y confirmada por las fuentes jurídicas, quienes se preguntan “quién puede cortar la cabeza al viceconsejero de Economía”. A juicio del letrado de Ecologistas en Acción, “es el consejero, y de ahí para arriba”.

Los parques solicitados por Ibervento “desaparecieron” del listado, según trascendió, y se paralizó su tramitación. “Ha hecho una reseña del calvario que siguió frente a unos y otros en las administraciones. Y él dice que fue Delgado el que le contestó que le cortarían la cabeza”, trasladó el abogado.

Procedimiento “oculto y opaco”

Mozo señaló que Endesa se puso en contacto con él para comprar la empresa y que le pagaba una “millonada” (6,5 millones según el escrito). “En sala se le preguntó si como vendedor honesto no les dijo a los compradores que les estaba vendiendo humo; pero contestó que no hacía falta porque sabía lo que compraban y estaba seguro de que lo sacarían adelante”, explicó Emilio Martínez, quien abogó por conocer el “papel exacto” de las eléctricas como uno de los temas “más interesantes a investigar” en este procedimiento “oculto, particular y opaco del que tienen control sólo tres personas: Delgado, González Mantero y Ciria”. “Es imposible la tesis de que en un negocio, en términos monetarios de tal importancia para la Comunidad, quede en manos exclusivas de sólo tres personas. Carece de toda lógica”, incidió.

¿Listas provinciales de qué parques urgían?

También testificó hoy el jefe del Servicio Territorial de Industria de Burgos, Mariano Muñoz, quien admitió, según fuentes jurídicas, que fue llamado a una reunión con Delgado, González Mantero y Ciria, “en el que recibió una hoja con los parques que debían ser autorizados con preferencia”.

Respondió que “estaba indignado porque no tenía firma, membrete y fecha, y lo puso a disposición del delegado territorial de la Junta”. “Al parecer, todas las provincias habían recibido su hoja. Ahí se cerraba el círculo del control de Delgado y sus inmediatos ejecutores, y ahí pivota todo”, reiteró el letrado.

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