Castilla y León no tendrá Oficina de Lucha contra la Corrupción al vetarla el PP
La Comisión de la Presidencia de las Cortes rechazó hoy con los votos del Grupo Popular la propuesta del PSOE para crear una Oficina de Lucha Contra la Corrupción, con el argumento de que la Junta ha adoptado medidas “contundentes”, en un mensaje no compartido por la oposición para quién las leyes aprobadas han sido “insuficientes y no han aportado nada”. Ahora, la PNL se sustanciará en pleno para deshacer el empate entre los procuradores populares y de las fuerzas de la oposición.
La procuradora socialista Ana Muñoz de la Peña, que fue la encargada de presentar la proposición no de ley, abogó por la prevención en la lucha contra la corrupción para evitar la desafección y para la regeneración y la calidad democrática. “Es una iniciativa que vele por limpiar las instituciones”, resumió.
Las leyes del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes son “insuficientes para atajar los innumerables casos de corrupción que siguen aflorando y dañando seriamente a la credibilidad de las instituciones”, argumentó Muñoz de la Peña.
“Hemos de luchar contra esa lacra que es la corrupción, con todas las armas democráticas posibles, pero para ello hay que tener voluntad política, y desde el PSOE consideramos que el Partido Popular, que sustenta al gobierno de esta comunidad autónoma, no está haciendo todo lo posible”, aseveró, para estimar que la agenda de medidas para la regeneración que anunció el presidente Herrera en su investidura, no son “efectivas y de excepción”.
En la propuesta de resolución, el Grupo Socialista insta a la Junta de Castilla y León a que, en el plazo de 6 meses desde la aprobación de esta PNL, la Consejería de Presidencia presente un proyecto de Ley para la creación de la Oficina de Lucha Contra la Corrupción, “cuyo objetivo será prevenir e investigar posibles casos de uso o de destino fraudulento de fondos públicos o de cualquier aprovechamiento ilícito”.
Jorge Domingo Martínez (PP) rechazó que no se hayan tomado iniciativas a favor de la transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción por parte de la Junta, como se recoge en la exposición de motivos de la PNL. “Queda bonito hablar de una oficina, es un eslogan, queda muy bien, pero hay que entrar en el detalle de cómo va a ser y en quién recae su control”, indicó. “Es fácil hacer estas propuestas cuando se está en la oposición y no se gobierna”, valoró, para añadir que en Andalucía se pidió, sin que se haya creado.
“Al final han sido los ciudadanos los que han actuado como una oficina contra la corrupción”, argumentó el procurador del PP, que aseguró que las medidas están en ejecución, como el Código Ético, la consulta de tres ofertas para adjudicación de pequeños contratos, la fiscalización previa o las recogidas en ambas leyes que el PSOE cree “insuficientes”. “Se ha sido muy contundente para aumentar la calidad con medidas que no son rimbombantes”, concretó.
La propuesta contó con el voto a favor de Ciudadanos, aunque su procurador José Ignacio Delgado no compartió que en los antecedentes se hable de la “ley del chivato” (informantes) y no se la dé importancia. “Siempre vamos a estar de acuerdo en que la corrupción no tenga cabida”, sostuvo, para lamentar que la comisión de investigación de las eólicas esté parada.
También, el procurador Félix Díez (Podemos) respaldó la iniciativa pero afirmó que debe ser un órgano independiente para el control del Ejecutivo y se mostró criticó con el resultado de ambas leyes, ala vez que abogó por medidas que vayan más allá como incidir en la financiación de los partidos políticos.
Por último, Muñoz de la Peña recalcó que esas leyes “no han servido para nada ni se han demostrado útiles”, criticó el resultado de las comisiones de investigación y reconoció a Podemos que la petición de esta oficina es una “reclamación histórica”, que no dependería del Ejecutivo, si bien explicó que el contenido de la PNL se atuvo a la recomendación de los letrados de las Cortes. “Mejor de Andalucía hoy no hablamos, el PSOE ha ganado y otros aspiran a formar Gobierno con fuerzas fascistas y anticonstitucionales”, rebatió al 'popular'.
