La Junta estudia sumar cuarteles de la Guardia Civil a los pisos de obispados para alquiler social
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones estudia la posibilidad de incorporar los cuarteles abandonados por la Guardia Civil al Parque Público de Alquiler Social.
Se trata de una iniciativa que incluso sin estas posibles nuevas viviendas del Instituto armado ya suma 1.954 en la Comunidad, de las que 130 corresponden a la provincia de León, frente a 637 de Valladolid, 244 de Zamora o 233 de la provincia de Burgos.
Mientras esto ocurre, el PP que gobierna en la Junta admite que con esta política de alquiler público y social es suficiente para dar solución a los problemas de vivienda a familias de rentas bajas, especialmente en los pueblos, por lo que se mantiene congelada la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) en toda la Comunidad, en línea con la orientación del Plan Estatal 2018-2021, que el Gobierno prevé ahora dotar con más fondos.
El departamento de Suárez-Quiñones pretende reforzar el parque público en el medio rural con inmuebles como los cuarteles de la Guardia Civil, tras suscribir ya numerosos convenios para poner en el mercado las casas de los Obispados o de los ayuntamientos, a través del programa Rehabitare. Todo ello ha permitido a Castilla y León rozar las 2.000 viviendas, un 78 por ciento más que en 2013, cuando arrancó con 1.096.
El reparto en León
En el caso de León, de las 130 viviendas sociales disponibles de la Junta a día de hoy, la mayoría son de propiedad de la Junta o de la sociedad pública de la Consejería Somacyl, y 96 ya están alquiladas, frente a 20 que permanecen disponibles y otras 11 que están en reparación o en trámites de arreglo. Sólo tres, todas ellas autónomicas, permanecen ocupadas irregularmente.
236.000 euros públicos sólo para cuatro viviendas del Obispado
Pero llama la atención la gran apuesta que el Gobierno popular ha hecho por derivar fondos públicos para el arreglo de casas propiedad de los obispados de León y de Astorga. En concreto, como ya destacó iLeon.com, sólo con el Obispado de León, la Junta de Castilla y León ya ha gastado 236.765 euros en arreglar cuatro casas rectorales con la única condición de que la diócesis las destine a alquiler excusivamente en un plazo de cuatro años, tras lo cual volverán a quedar en sus manos perfectamente acondicionadas.
Eso no es todo, porque a las cuatro ya en marcha el consejero ha comprometido en breve otras cuatro más, a las que hay que añadir otras más -en un número no especificado públicamente- con el Obispado de Astorga.
La 'excusa' de la Consejería de Fomento es que en ocasiones los ayuntamientos trasladan las dificultades que tienen las personas que deciden instalarse en los pueblos, ante las ofertas de trabajo de agricultores y ganaderos, ya que pese a existir muchas casas cerradas, pocas se alquilan y gran parte de las disponible no presentan las condiciones de confortabilidad adecuadas.
Asimismo, el departamento de Suárez-Quiñones subraya que se ha logrado un aumento “considerable” de las viviendas del Parque Público, puesto que casi han doblado las existentes en cinco años. Además, destacó que se incluyeron las viviendas protegidas de Somacyl, que se había edificado con recursos públicos.
Los precios y las condiciones
Por estas viviendas de alquiler social se pagan en la Comunidad rentas que oscilan entre los 100 y 150 euros al mes. Para ello, la Junta exige estar inscrito en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública, solicitando una casa en un municipio determinado y tener unos ingresos entre una y 6,5 veces el IPREM y no disponer de otra vivienda en propiedad.
De las 1.954 viviendas, 1.634 se encuentran alquiladas, de las que 594 se encuentran en Valladolid y 222 en Zamora. Las disponibles suman 105 -dos en Ávila, siete en Burgos, 20 en León, 15 en Palencia, 15 en Salamanca, once en Segovia, 15 en Soria, siete en Valladolid y 13 en Zamora-. Además, otras 157 precisa, para ser arrendadas, obras de reparación o diferentes trámites administrativos.
Casas ocupadas y desahucios
La Consejería indicó que trata de regularizar los alquileres, puesto que en la gran mayoría de los casos, cumplen las condiciones para acceder a una vivienda de este tipo en régimen de alquiler social. Sin embargo, se han llevado a cabo algunos desahucios al comprobar que eran utilizadas por personas vinculadas con el narcotráfico que no encajaban en el perfil del demandante establecido por la Junta.
El Parque dispone actualmente en Castilla y León de 1.954 viviendas incorporadas de distintas procedencias: las propias de la Administración autonómica desocupadas y reservadas para colectivos en riesgo de exclusión social (1.482); otras cedidas por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que alcanzan ellas 99; las incluidas en el Programa Rehabitare, que son cedidas por los ayuntamientos a la Junta para su rehabilitación y posterior alquiler en el medio rural, 207; y las viviendas de protección pública propiedad de Somacyl que actualmente se ofrecen en régimen de alquiler con opción a compra (166).
