Imputan a la excúpula de Economía de la Junta y a seis empresarios por el 'pelotazo' de la Perla Negra
El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid ha cerrado la instrucción de la trama por las presuntas irregularidades en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido como la 'Perla Negra' y de los terrenos para el polígono de Portillo, ambos en Valladolid, con la imputación de doce personas, entre la que se encuentra la excúpula de la Consejería de Economía y Empleo de le Junta de Castilla y León y seis empresarios.
En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, César Gil Margareto, mantiene la imputación sobre los exviceconsejeros de Economía y Empleo, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Además, dentro de la excúpula de la Consejería de Economía, también mantiene las acusaciones sobre Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE. Cabe recordar que este caso afectó al que fuera consejero de Economía y Empleo y vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, fallecido repentinamente en 2017.
Pilar del Olmo: “Un día de satisfacción”
A pesar de estas implicaciones con la administración gobernada por el PP, hoy la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, mostró hoy su “satisfacción” al considerar que se “ha hecho justicia” después de que el Juzgado de Instrucción número de Valladolid haya decidido no abrir juicio contra ningún actual alto cargo de la Junta ni empleados de la Consejería. “Es un día de satisfacción porque desde que soy responsable de la Consejería, no se ha abierto juicio a ninguna de las personas que me han acompañado en este tiempo”, subrayó.
Por estas declaraciones, poco después, el PSOE de Castilla y León exigió que Del Olmo, ya proclamada candidata del PP al Ayuntamiento de Valladolid, que renuncie “ahora mismo” a su candidatura por elogiar el hecho de que nadie de su equipo esté implicado en un auto “de absoluta corrupción”.
A juicio del procurador socialista José Francisco Martín, en lugar de asumir “una responsabilidad absoluta por mirar para otro lado” mientras se producían estos actos “asquerosos de corrupción”, el auto reconoce que Pilar del Olmo “miraba para otro lado o era consciente de lo que sucedía”, por lo que insistió en que sus declaraciones “la descalifican absolutamente para la candidatura de Valladolid, la de su pueblo y para cualquier tema relacionado con la política en la Comunidad”.
La decisión judicial también imputa a los empresarios responsables de Urban Proyecta Luis Antonio Recio García, Ángel Román Montes López y Germán José Martín Giraldo, empresa con la que la Junta suscribió el contrato, primero de arrendamiento y luego de compra, del edificio de Arroyo, así como a Alberto Esgueva , exsocio de Rafael Delgado, y a su hermano Francisco.
En el mismo auto, el juez dicta el sobreseimiento de la causa respecto de José Rodríguez-Sanz Pastor, Pilar Manteca Barrio, Jesús Jiménez Miguel, Luis María García Clérigo y Jesús Rodríguez Recio.
El juez argumenta que el equipo del entonces consejero Villanueva actuó en connivencia con Urban Proyecta, para la compra del edificio de Arroyo, como con Parque Empresarial de Portillo en la compra de terrenos para un polígono que nunca llegó a construirse.
La lista de delitos
El juez atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho. En el auto se distinguen los hechos relacionados con el edificio de Arroyo de la Encomienda y los relacionados con el parque empresarial de Portillo.
En la compra del edificio de Arroyo, asegura que Urban Proyecta contó con información “privilegiada” facilitada por los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo. Además, indica que, tras la firma de dos contratos de arrendamiento, finalmente se firma un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera.
En este sentido, el juez reprocha que no consten informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía, ni tampoco informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación.
En el caso de los terrenos de Portillos, el juez asegura en el auto que la operación se realizó por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para “favorecimiento” de las empresas relacionadas directa o indirectamente con Delgado, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva. Además, se asegura que “fue una operación que además de tener aspectos de ilegalidad no se ajustó a los principios de responsabilidad en la gestión ni de eficiencia o eficacia suponiendo un mayor endeudamiento para Ade Parques en contra del principio de estabilidad financiera”. En este sentido, también se asegura que la utilización de personas jurídicas interpuestas en las operaciones encareció las mismas sin aportar valor añadido alguno.
En el auto, se solicita al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas en la causa, para que en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
