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Castilla y León

La deducción de hasta 4.000 euros por comprar un coche eléctrico será desde el 1 de enero

La transacción para la eliminación de los beneficios fiscales a la banca en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados facilita el acuerdo PP-PSOE.

Electrolinera ubicada en La Pícara Justina1
Electrolinera ubicada en La Pícara Justina en León para el 'repostaje' de vehículos eléctricos.
V.A. / ICAL | 02/02/2019 - 10:05h.

La deducción del 15 por ciento en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y hasta un límite máximo de 4.000 euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos de uso personal y no profesional en Castilla y León, que ahora supone un 0,44 por ciento del parque móvil, tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2019, pese a que la nueva norma se aprobará en este próximo Pleno de las Cortes.

La proposición de ley, registrada en noviembre por el Grupo Popular, que modifica el Decreto legislativo de 2013 por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones de la Comunidad en materia de Tributos Propios y Cedidos para crear un nuevo beneficio fiscal relativo a la movilidad sostenible en Castilla y León, encara la recta final en el plenario con la posibilidad de acuerdo entre PP y PSOE.

El texto, cuyo dictamen aprobó la Comisión de Hacienda con los votos a favor del PP, en contra del PSOE y la abstención de los minoritarios, contó con autoenmiendas del Grupo Popular, en concreto cinco matices, entre ellos poner fecha para la vigencia de las deducciones desde el primero de este año, aunque la ley se aprueba un mes y medio después.

Pese al voto en contra del Grupo Socialista en Comisión -había facilitado su tramitación con el apoyo a la toma en consideración-, la transacción entre PP y PSOE para la supresión de los tipos reducidos del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en las operaciones de constitución de préstamos y créditos hipotecarios para la adquisición de viviendas y locales de negocios abre la "intención" socialista de votar a favor o abstenerse en el pleno, explicó a Ical José Francisco Martín.

Tanto el popular Salvador Cruz como el socialista José Francisco Martín destacaron la transacción para eliminar ese beneficio fiscal a la banca -sujeto pasivo-, excepto en el caso de las sociedades de garantía recíproca -Iberaval-, serían unos seis millones de euros de ingresos que recuperaría la Comunidad, precisó el portavoz de Hacienda del Grupo Popular, que valoró las mejoras introducidas.

Precisamente, entre las mejoras está el ajuste derivado del Real Decreto Ley de 2018, que modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el que se establece respecto de este impuesto que "cuando se trate de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista".

De ese modo, la modificación introducida en la proposición de ley elimina las referencias a la tributación por actos jurídicos documentados de la escritura de constitución de hipoteca manteniendo tan solo las referidas a la tributación derivada de la escritura de transmisión de la vivienda, negocio jurídico diferente e independiente de la constitución de la garantía hipotecaria.

El portavoz socialista de Hacienda restó importancia a la retroactividad de la norma al dudar de que "se incentive" la compra y recordó que quien se ha comprado un coche eléctrico en enero no lo ha tenido en cuenta porque no estaba aprobada la normativa, aun así afirmó que no están en contra de ese nuevo beneficio fiscal a la movilidad sostenible por lo que el voto puede ser favorable.

Los partidos pidieron más

Entre sus cinco enmiendas, el Grupo Socialista planteó elevar hasta 8.000 euros las deducciones para las personas con menor capacidad de renta o para la adquisición de vehículos por personas con discapacidad, si bien no prospero ya que existe un IVA "superreducido" del 4 por ciento en vez del 21 en esos casos, explicó Salvador Cruz.

También, en su única enmienda José Sarrión (IU) y Luis Mariano Santos (UPL) plantearon elevar a un máximo de 5.500 euros el beneficio por la compra de un coche eléctrico, por su parte Podemos elevó a 6.000 euros la deducción.

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, recogidos en los antecedentes de la proposición de ley, a comienzos del año 2018 el total del parque móvil de vehículos de Castilla y León no propulsados por gasolina/diésel se elevaba 7.917, de un parque móvil de cerca 1.800.000 vehículos, de los cuales casi el 70 por ciento con una antigüedad superior a 10 años.

Esto supone que solo el 0,44 por ciento de los vehículos en Castilla y León utilizan combustibles alternativos. No obstante, se observa una clara tendencia en el aumento en vehículos de energías alternativas en la Comunidad, ya que se produjo un incremento de 2.460 unidades en 2017, lo que supone un 45 por ciento de incremento con respecto al año anterior 2016, relata el texto presentado por el PP.

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