El presidente de la Junta tendrá que responder en Pleno si rectifica o mantiene al consejero de Sanidad
La voz de los manifestantes en la última 'marea blanca' en Valladolid marcará el debate en el primer pleno de las Cortes de este último periodo de la legislatura y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, tendrá que responder a las preguntas de Luis Tudanca (PSCyL) y de Pablo Fernández (Podemos) en relación a sí va a rectificar su política y sí mantiene su apoyo al consejero Antonio Sáez, para el que la oposición socialista pide también su reprobación por la Cámara.
“El problema no se soluciona con la dimisión del consejero, pero es un buen inicio”, sostuvo el portavoz socialista, Luis Tudanca, al explicar el contenido de su pregunta al presidente en el pleno del 5 de febrero, en la que llevará “la voz de los manifestantes” expresada el pasado 26 de enero en las calles de Valladolid. “Se tiene que marchar ya. Cada minuto más en el cargo, es un minuto más de deterioro para la sanidad”, sentenció.
Sin embargo, el Grupo Socialista no se queda en la pregunta de su portavoz al presidente y lanza otra batería a la Junta, relativa al envejecimiento de las plantillas, la situación “caótica” de la atención primaria, los problemas del transporte sanitario o el cierre de consultorios locales, así como una interpelación. En ese caso, la respuesta llegará del consejero Antonio María Sáez, que el miércoles, segundo día del plenario, escuchará los argumentos de la oposición para pedir su reprobación, como lo hace en una proposición no de ley.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, recoge la respuesta de la calle para requerir la respuesta de Herrera y planteará “si no hay motivos para cesas” al consejero, según explicó la viceportavoz del grupo, Natalia del Barrio, al exponer los asuntos ante el pleno de su formación. En las preguntas posteriores a la Junta, habrá una sobre la privatización de pruebas diagnósticas.
Los despedidos de Embutidos Rodríguez
Los problemas en el transporte sanitario serán una de las preguntas de Ciudadanos al Ejecutivo, detalló su 'número dos', David Castaño, que avanzó que su portavoz, Luis Fuentes, preguntará al presidente de la Junta por la “asignatura pendiente” de I+D+i y la transición digital. La pregunta del portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión (IU), no será a Herrera, sino a la Junta sobre los once despedidos de Embutidos Rodríguez, que estarán en la tribuna de invitados.
“Quieren estirar el chicle”, acusó después el portavoz popular, Raúl de la Hoz, que se refirió a un número menor de asistentes a la marcha que el pasado año y defendió la calidad de Sacyl, aunque reconoció “problemas, algunos muy graves”, pero advirtió de que no se solucionan “detrás de una pancarta pidiendo la dimisión del consejero, sino con trabajo, diálogo y lealtad”, que estimó que falta a la oposición de izquierdas.
Transición energética y PGE
En el apartado de proposiciones no de ley, el Grupo Popular presenta dos, en las que no se dirige a la Junta, sino al Gobierno central. En concreto, sobre los presupuestos y pide el rechazo de las Cortes ante las “razones” que ve para que los grupos se opongan en el Congreso. Ante la Unión Europea, insta para una transición “correcta y justa” para las cuencas mineras.
De la Hoz volvió a criticar la posición “irresponsable de un Gobierno que quiere acabar con el carbón y con las térmicas” y recordó que el Gobierno alemán pondrá sobre la mesa 40.000 millones para una transición hasta el año 2038 frente a la fecha de cierre en España de 31 de diciembre de 2018.
El portavoz popular censuró que el PSCyL busque la demora en la aprobación de su propuesta de acceso a la carrera profesional de los empleados públicos con el escrito dirigido a la Mesa de las Cortes para que reconsidere y no acepte la decisión de la Mesa de Presidencia de no admitir a trámite la enmienda a la totalidad socialista, conforme al informe del letrado. “Quiere que no no se apruebe y que no entre en vigor, en un ejercicio circense y de doble tirabuzón”, espetó.
El pleno de las Cortes aprobará la proposición de ley del PP de modificación del Decreto legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de Tributos Propios y Cedidos, donde recoge un nuevo beneficio fiscal por la compra de un vehículo eléctrico.
