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Castilla y León

La balanza de la Seguridad Social 'explota' con el envejecimiento, las condiciones laborales y la despoblación de León

La Seguridad Social cierra sus cuentas en Castilla y León en 2018 con un déficit de 3.500 millones y sólo la provincia leonesa 'se come' más de 1.000 de ellos. Se estima que cada ocupado de la Comunidad debería elevar sus cotizaciones en casi 4.000 euros al año para equilibrar el sistema en este territorio.

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Dos mayores leoneses paseando bajo un rótulo de León.
ileon.com  | 07/04/2019 - 12:52h.

Si el sistema de pensiones públicas dependiera de la provincia leonesa, es posible que ya fuera historia. Porque es la ruina. La balanza entre el ingreso que suponen las cotizaciones sociales de los leoneses y el gasto para las pensiones de las personas jubiladas ha 'explotado' dejando un agujero en las arcas públicas de más de 1.000 millones de euros de déficit. Únicamente con cifras del último año, 2018. Sólo Valladolid se le acerca muy lejos con 653 millones. Sin duda, el cóctel del envejecimiento de la población leonesa, la despoblación y la falta de empleo es un cóctel ruinoso en León.

La sostenibilidad del sistema de pensiones seguirá siendo un quebradero de cabeza para el próximo Gobierno que salga de las urnas el 28 de abril, sea del color que sea, y requerirá de fuertes dosis de debate y consenso entre todas las fuerzas políticas en el Pacto de Toledo.

La situación laboral general puede haber mejorado estadísticamente pero las autonomías más afectadas por la despoblación y el envejecimiento, como Castilla y León, siguen agravando su situación deficitaria y requieren cada vez más de la solidaridad territorial. La Seguridad Social cerró el año pasado sus cuentas con un déficit en la Comunidad, de más de 3.500 millones de euros, con un aumento del 5,6 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Los datos provisionales de cierre de ingresos y gastos en ambos ejercicios, comparados por Ical, revelan que las cotizaciones ascendieron en Castilla y León el año pasado a 3.945,52 millones de euros, con un aumento del 3,42 por ciento respecto a 2017, auspiciado por el crecimiento en el número de afiliados en 13.909 personas, hasta los 915.566 registrados a finales del ejercicio.

Sin embargo, esta mejora en el empleo y las cotizaciones no fue suficiente para compensar el crecimiento del gasto, que se situó en los 7.476 millones de euros, un 4,4 por ciento más que en 2017. Las mejoras en las pensiones y el crecimiento del número de beneficiarios en casi 3.000 nuevos pensionistas, hasta 613.669 en diciembre de 2018, estuvieron detrás de la importante subida del desembolso en prestaciones en la Comunidad.

Los datos son tozudos. Cada afiliado a la Seguridad Social permitió unos ingresos medios al sistema de 4.310 euros el año pasado, una cifra que debería alcanzar los 8.165 para poder equilibrar las cotizaciones de los trabajadores con el gasto en pensiones. O lo que es lo mismo, cada ocupado de la Comunidad debería elevar sus cotizaciones a la Seguridad Social en casi 4.000 euros para que el sistema compensatorio entre mercado laboral y pensiones funcionase en Castilla y León.

Provincias

Un análisis detallado por territorios revela que todas las provincias de Castilla y León son deficitarias en cuanto a ingresos y gastos de la Seguridad Social. La mayor cuantía se registró el año pasado en León, con 1.058,22 millones de déficit, con un aumento del 4,3 por ciento respecto a 2017; seguida por Valladolid, 652,74 millones; Burgos, 499,66; y Salamanca, 407,94, provincias en las que aumentó un 6,6, 6,1 y 5,5 por ciento, respectivamente.

Asimismo, el gasto en pensiones superó en 252,46 millones de euros, los ingresos por cotizaciones en Zamora, donde el déficit se elevó un 5,4 por ciento; en 240,64 millones en Palencia, con un alza del 9,4 por ciento; y en 185 en la provincia abulense, donde subió un 4,2 por ciento. Por último, el déficit de la Seguridad Social en Segovia sumó 141,26 millones, y en Soria, los 92,53, con aumento del 5,8 y 5,1 por ciento, en cada caso.

Mantener el sistema solidario

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Castilla y León, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente, recalcaron que la Comunidad es la más interesada en defender el sistema público de pensiones, basado en la solidaridad territorial e intergeneracional, porque es altamente deficitaria por sus baja población activa unida a la despoblación y el envejecimiento.

 

Ambos dirigentes recordaron las numerosas actividades y movilizaciones en los últimos años en defensa de este pilar social, que proseguirán sino se alcanza un consenso entre los partidos para garantizar la sostenibilidad del sistema, que tiene un problema de "ingresos" no de gastos. En este sentido, recordaron que remitieron un decálogo con sus propuestas a todos los partidos, para que las incluyesen en sus programas políticos, y recomendaron a los trabajadores que se lean los planteamientos de las formaciones en esta materia para "votar en consecuencia".

Vicente Andrés recordó que Castilla y León es una perceptora neta del sistema de solidaridad por lo que "somos los más interesados en mantenerlo" y denunció la "gran oportunidad" que se perdió recientemente en el Pacto de Toledo para acabar con "gran parte" de la reforma unilateral del PP de 2013.

Mirar al futuro

Faustino Temprano remarcó también que Castilla y León requiere de la solidaridad de otras autonomías para poder hacer frente a los pagos del sistema de pensiones, por lo que incidió que "el principio de caja única de la Seguridad Social es irrenunciable".

Andrés expuso que "agua pasada no mueve molinos" y "hay que ver el futuro" y promover tras las elecciones un "gran acuerdo social" para garantizar el futuro de un sistema "muy bueno". En este sentido, recalcó que las propuestas para su viabilidad están encima de la mesa, como el destope de las cotizaciones, los impuestos tecnológicos o pasar las de fomento del empleo a cargo de los presupuestos generales. "Es posible, los número dan y hay que ponerse a la tarea", sentenció.

El líder de CCOO en la Comunidad insistió en que es "clave" mantener este sistema de protección social "por excelencia", el "gran convenio colectivo" de todos los trabajadores de España, y uno de "los mejores" del mundo, dijo. En este sentido, apeló a estar "muy atentos" a lo que incluyan los partidos políticos en sus programas sobre esta materia, para "votar en consecuencia".

Por último, advirtió de que "nadie se llame a engaños", porque los sistemas privados solo suponen "meter dinero en una hucha" de la que sólo se saca lo que aportas, mientras que el siesta público actual "es solidario entre generaciones, con cuantías mínimas y vivas lo que vivas lo tendrás". "No tiene competencia con el engaño del sistema privado, que siempre será complementario, nunca sustitutivo", concluyó.

Una línea roja

Faustino Temprano remarcó las movilizaciones de UGT y CCOO en defensa de las pensiones los últimos años y advirtió de que proseguirán sino se alcanza una solución de consenso que garantice el "irrenuciable sistema público". El dirigente ugetista exigió a los partidos políticos que incluyan en sus programas sus planteamientos y exigió que se derogue la reforma unilateral del PP de 2013, que intordujo el factor de sostenibilidad. "La derogación debe ser una línea roja para nosotros; se debe abrir una nueva mesa de negociación donde se discuta sobre el presente y el futuro", dijo.

En este sentido, Temprano rechazó que el alza de las pensiones dependa de una acuerdo presupuestario cada año, y abogó porque se garantice en un acuerdo de estado dentro del Pacto de Toledo. "La revalorización automática también es irrenunciable en contra del factor sostenibidliad", dijo para incidir en que se debe sostener el sistema público y "a partir de ahí el que quiera uno privado será su problema".

El secretario de UGT en la Comunidad también argumentó que el problema del sistema actual no es de gasto sino de ingresos y "dentro de las arcas públicas hay dinero suficiente para su mantenimiento". Al respecto, rechazó que se utilicen sus fondos para mantener gastos generales del ministerio o dar subvenciones a empresarios y autónomos, y también pidió que ciertas prestaciones se paguen con cargo a los presupuestos.

Por último, el líder ugetista exigió a los empresarios aumentos salariales con la base de un SMI mínimo de 1.000 euros mensuales en 2020, lo que permitirá aumentar las bases de cotización y elevar los ingresos del sistema.

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