Castilla y León, en puestos de cabeza del recorte sanitario en Atención Primaria durante la crisis

César Sánchez/Ical

Castilla y León es una de las cuatro comunidades en España que más redujo su gasto sanitario en Atención Primaria durante los años de la crisis, pasando del 17,42 por ciento en el año 2010, al 15,93 por ciento en el año 2016, año en que ya se empezaban a dar muestras de la recuperación económica.

Así, la Comunidad redujo su presupuesto para esta área de la sanidad en un 1,49 puntos porcentuales, según el informe 'Repercusiones de la crisis sobre la Atención Primaria. Evolución en las comunidades autónomas', que ha elaborado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública y que presentó este jueves en Madrid.

En este sentido, su porcentaje de reducción del gasto solo fue superado por Baleares con un 6,23 por ciento de disminución, Aragón con un 4,31, o Andalucía con un 2,96 por ciento de reducción. Así, en el año 2016, 12 de las 17 comunidades autónomas “seguían destinando a la atención primaria un porcentaje inferior al de 2010”.

Esto llevó también a una reducción del gasto por habitante y año pasando de los 237 euros en el año 2010, a los 228,75 en 2016. Es decir, casi nueve euros menos aunque, en este caso, el valor se mantuvo por encima del promedio del resto de regiones que se situó en los 196,30 euros por habitante y año.

Además apuntó a una “gran presión sobre los profesionales” que no se ha acompasado con la pérdida de población que han experimentado muchas comunidades, y que en el caso de Castilla y León se tradujo en 15 pacientes menos por cada médico de Atención Primaria. Algo en lo que también influyó la extensión y la dispersión de la población en la Comunidad.

Menos enfermos por médico

En este sentido, y aunque Sánchez Bayle cifró en unos 5.000 médicos de familia más las necesidades del conjunto del país, en el caso de Castilla y León no harían falta tantos sino “adecuar mejor los recursos a la población”, al contrario del discurso oficial del PP en la Junta de Castilla y León. De hecho, el porcentaje de médicos con más de 1.500 tarjetas sanitarias en 2010 ascendía al 25,3 por ciento, mientras que en 2017 se redujo hasta el 11,8 por ciento.

El objetivo del estudio era analizar la evolución de la Atención Primaria en las comunidades autónomas durante los años de la crisis, y “evaluar si se ha producido una recuperación tras la mejora de la situación económica”, y una de las conclusiones que se puede extraer de este documento es que el gasto en atención primaria disminuyó en una “desatención presupuestaria” que el informe sitúa como “origen de la precaria situación y el descontento vivido en todo el país sobre la Atención Primaria actual”, afirmó el portavoz de la federación, Marciano Sánchez Bayle.

Entre las recomendaciones que lanza el informe para la mejora de la Atención Primaria a nivel global, destaca el “incremento notable” de los presupuestos para esta área estimando como “razonable” el 20 por ciento de los recursos sanitarios. “Como esta cifra está muy lejos de la realidad (hoy se encuentra en el 13,6 por ciento), debe realizarse un plan presupuestario para alcanzarla progresivamente”, matizó el portavoz.

También figura un “incremento sustancial de las plantillas” que establezca un máximo de 1.300 tarjetas sanitarias para los profesionales médicos y de enfermería, y de mil para pediatría, para lo que cifró las necesidades de personal en el conjunto del país en unos 5.000 médicos de familia, 6.000 profesionales de enfermería, mil pediatras y unos 6.000 administrativos para los centros de salud.

Las recomendaciones: oposiciones y rapidez

Derivada de esta recomendación sitúan la necesidad de convocar “todas las plazas de formación MIR acreditadas para pediatría, medicina de familia y enfermería comunitaria, para permitir la existencia de especialistas cualificados en Atención Primaria”, señaló Sánchez Bayle.

Otra de las recomendaciones a destacar fue la de garantizar la “accesibilidad y continuidad” del sistema para lo que “habría que asegurar que más del 95 por ciento de la demanda se atendiera en un plazo de 48 horas”.

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