Convocan a 24.000 trabajadores de la Junta a un paro ante la situación “insostenible” de falta de personal

Interior de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Eras de Renueva (León).

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La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León convocó hoy a 24.000 trabajadores de la Administración General de la Junta a un paro parcial de dos horas, entre las 13.00 y las 15.00 horas, el próximo viernes 10 de mayo -primer día de la campaña electoral- ante la situación “insostenible” por la falta de personal en las plantillas y el incumplimiento reiterado de los acuerdos para la recuperación de derechos.

Asimismo, en la jornada de inicio de la campaña electoral, están previstas concentraciones entre las 13.30 y las 14.30 horas frente a las nueve delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León repartidas por las capitales de provincia.

El secretario general de la FSC de CCOO en la Comunidad, Carlos Julio López Inclán, advirtió al próximo gobierno de Castilla y León, que tendrá que adoptar medidas de forma urgente para elevar las plantillas y recuperar derechos porque sino “en dos o tres años la situación será insostenible” para la prestación de servicios públicos en Castilla y León.

López Inclán lamentó que la “escasez” de personal, el retraso en las convocatorias de empleo y los incumplimientos de determinadas condiciones laborales “provocan precariedad en la prestación de servicios”. “Es un paro necesario y legítimo que debería hacer pensar a la Junta que debe intervenir”, expresó.

El coordinador del sector autonómico de FSC-CCOO, Ernesto Angulo, explicó que la movilización se producirá, sin haberlo buscado el sindicato “de forma específica” en la jornada de arranque de la campaña electoral para los comicios del 26 de mayo, para dar un toque de atención al actual Gobierno autonómico y, sobre todo, al próximo, para que tome decisiones rápidamente ante una situación “caótica” en la función pública.

Angulo, quien no descartó convocar nuevos paros las siguientes semanas sino se dan de forma inmediata los primeros pasos para solventar la situación, denunció que más de un 35 por ciento de las plazas de personal funcionario en la Comunidad están vacantes, casi 5.000; un porcentaje que para el personal laboral se sitúa en el 20 por ciento, con 3.000. Asimismo, denunció que la interinidad en la Junta se sitúa entre el 15 y el 20 por ciento, frente al ocho por ciento de objetivo pactado a nivel estatal en 2020. “Hay un déficit absoluto de empleados públicos”, dijo.

Angulo constató además que entre 2010 y 2018 se jubilaron más de 4.000 trabajadores de la Administración General de la Comunidad, y en los próximos años lo hará hasta el 80 por ciento de la plantilla. Una situación que se produce cuando aún no se han iniciado los procesos selectivos de la oferta de empleo público de 2018, y falta por convocar el 51 por ciento de las plazas de 2017; a lo que se suman 380 puestos de personal de servicios de 2016 que tuvieron que repetir el examen. “Es un desastre organizativo”, sentenció.

Angulo comentó que ya se están produciendo problemas de atención por falta de personal en los centros ubicados en las zonas periféricas de la Comunidad, como en las secciones agrarias comarcales y las unidades veterinarias, así como en las oficinas comarcales de Medio Ambiente “bajo mínimos”, y las de empleo, sobre todo fuera de la capital, y en los parques de maquinaria de Fomento.

Derechos

Por su parte, López Inclán denunció los “incumplimientos reiterados” de la Junta de los acuerdos de 2015, para la recuperación de derechos. En este sentido, hizo un balance “claramente insuficiente” de los pasos dados y cargó contra la Dirección General de Función Pública por su “falta de profesionalidad” ya que muchos acuerdos se están dirimiendo en el ámbito judicial.

En este sentido, cargó contra la “penosa” ordenación de los recursos de personal funcionario mediante un primer catálogo de puestos “lesivo” que fue anulado por sentencia judicial. Asimismo, apuntó a las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) que se han publicado dos veces y el primer concurso de traslados de funcionarios, anulado por sentencia y vuelto a convocar hace unos días después de haber sufrido “continuos varapalos judiciales”.

Inclán lamentó también que la recuperación de la jornada laboral de 35 horas y la carrera profesional horizontal para el conjunto de los trabajadores “están en el alero”. Exigió al Ejecutivo que en la aplicación de la ley de carrera profesional aprobada en las Cortes, hagan una convocatoria extraordinaria este año, que facilite el reconocimiento al menos del primer grado a todos los trabajadores con más de cinco años de antigüedad. Asimismo, pidió que se revisen las cantidades basadas en el proceso de Sacyl de 2009, y se ajusten a la subida del IPC del 14 por ciento desde ese año. Junto a esto, reclamó que en la negociación del reglamento, los grados no se consoliden de forma discrecional por cada área donde se presten los servicios.

El dirigente sindical también cargó contra el incumplimiento de los acuerdos de ampliación de tiempo de trabajo del personal del operativo de extinción de incendios a nueve meses. Al respecto, reconoció que el día de la movilización, les han convocado para analizar la situación de estos empleados, una respuesta que llega con retraso, porque ya no se pueden cumplir los plazos, y es una “respuesta insuficiente” a todas sus demandas.

Inclán manifestó que no sólo se producen incumplimientos, sino que el personal laboral también ha sufrido una pérdida de más derechos, como el de la jubilación parcial, que antes asumía el 50 por ciento de las jornadas, y ha rebajado ese porcentaje al 25 por ciento.

Por último, los responsables sindicales invitaron al resto de organizaciones a unirse a su protesta, para lograr la unidad de acción y a todos los trabajadores que secunden de forma mayoritaria el paro en defensa de sus derechos.

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