Las zonas rurales recurren al Procurador del Común para exigir discriminación inversora
La diferencia de servicios entre el medio urbano y rural de Castilla y León se refleja en el informe del Procurador del Común del 2018, con un aumento de las reclamaciones de los pequeños pueblos por “discriminación a la hora de recibir inversiones municipales” o disminución de las ayudas que reciben.
El nuevo procurador del Común de la Comunidad (defensor del pueblo de Castilla y León), Tomás Quintana López, en el que es su primer informe al frente de la institución, compartido con el anterior titular Javier Amoedo en 2018, ha recordado en su exposición en las Cortes este martes que se han incrementado las reclamaciones de las entidades locales menores, “denunciando fundamentalmente una inadecuada prestación de los servicios”.
“Incluso algunas entidades locales menores han demandado nuestra intervención haciéndonos saber la discriminación que sufren a la hora de recibir las inversiones municipales en sus poblaciones o la progresiva disminución de las ayudas que reciben de otras administraciones”, ha explicado Quintana.
Se trata, ha añadido, de ayudas “indispensable para garantizar una prestación igualitaria de los servicios públicos, homologable a la que reciben los ciudadanos en los núcleos más poblados”.
El procurador del Común ha dicho que ese problema les preocupa doblemente, por lo que puede tener “de discriminatorio” que los ciudadanos “en función del lugar donde residan, reciban unos servicios de mayor o menor calidad”, y por que la “deficiente prestación de servicios en el medio rural puede contribuir a su abandono, lo que agrava el fenómeno de la despoblación”.
Quintana ha defendido el papel de las Diputaciones provinciales en cuanto al apoyo que deben seguir prestando a las entidades locales menores y pequeños municipios, para que los servicios públicos sean similares a los que reciben en localidades de mayor tamaño.
Y también para que “la gestión patrimonial de los bienes”, de manera qué “las pequeñas entidades locales realicen una eficiente explotación de los mismos, logrando generar ingresos que contribuyan a paliar las carencias económicas que padecen”, ha concluido.
Por otra parte, Quintana avisó hoy en las Cortes de que puede haber responsabilidades penales si no se colabora con la institución y avanzó que están dispuestos a utilizar todas las herramientas legales para que las administraciones públicas faciliten la información y “no den la callada por respuesta”.
“Detrás de cada queja hay un vecino”
En la presentación de su primer Informe Anual correspondiente al año 2018 ante las Cortes, ya que fue elegido para el cargo en octubre de 2018 en sustitución de Javier Amoedo, Tomás Quintana inició su intervención con esa advertencia y subrayó que “detrás de cada queja hay un ciudadano, un vecino que solo pretende ejercer plenamente sus derechos”.
Tras recordar los objetivos que se planteó de dar mayor visibilidad a la institución para que sea más conocida, dotar de mayor agilidad sus actuaciones y reforzar la Oficina de Atención al Ciudadano, el defensor de los ciudadanos de la Comunidad explicó que han realizado una labor de “persuasión” para que se produzca la colaboración en “términos reales y efectivos”.
La colaboración con las administraciones se refiere a la demanda de información para resolver las quejas y a la petición posterior de aceptación o rechazo de la resolución, detalló el Procurador del Común, que recordó que se han realizado a algunas instituciones hasta seis requerimientos por falta de respuesta.
Quintana López subrayó que la demora en la respuesta puede suponer tener que comunicar al ciudadano que realizó la queja que ésta se archiva y explicó que, para “evitar efectos indeseados”, se adoptó como novedad a partir del 1 de enero de 2019 acortar el número de recordatorios de cinco a tres, así como poner de manifiesto que la falta de colaboración puede determinar “responsabilidades de índole penal”.
Sólo un 72% de resoluciones aceptadas
No obstante, valoró que un 72 por ciento de sus resoluciones emitidas en 2018 hayan sido aceptadas, de ellas un 62 por ciento de manera total y un 10 por ciento parcialmente, lo que calificó de positivo cuando la Ley no obliga a seguir el dictado de sus informes.
Sin embargo, lamentó que, aunque no sea frecuente, transcurrido el plazo para comunicar si se acepta o rechaza su resolución haya, no exista una respuesta, lo que motiva hasta tres recordatorio y, finalmente, comunicar al ciudadano que promovió la queja que ésta se archiva.
Actuaciones de oficio
En el año 2018, el Procurador del Común inició 79 actuaciones de oficio, entre las que se refirió a la vigilancia sanitaria del agua, la calidad del aire en los grandes núcleos de población, los problemas de los alumnos con dislexia en el ámbito educativo o reconocimiento del grado de discapacidad.
Respecto de las quejas, fueron 6.500 las recibidas, de las que 3.984 corresponden al mismo asunto relativo a deficiencias en el servicio de oncología de Zamora, un asunto en el que explicó que se han pronunciado en el año en curso y se incorporará al informe de 2019.
También, se refirió a la conclusión de la tramitación de más de 450 quejas en las que se da la razón para la equiparación del personal no sanitario (veterinarios o farmacéuticos) con el asistencial. Además, mencionó seis resoluciones en las que se incidía en la falta de vivienda social destinada al alquiler social en ciudades como Ávila y León.
