Mañueco tendrá que responder en las Cortes si se siente vinculado por acuerdos de anteriores gobiernos del PP

Fernández Mañueco junto al ya expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. / Rubén Cacho / ICAL

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, responderá en el próximo pleno de las Cortes, previsto para el 12 y 13 de noviembre, en relación a si se siente vinculados por acuerdos de anteriores gobiernos del PP, y sobre las medidas ante el incremento de ataques de lobos a las explotaciones ganaderas del sur del Duero, en especial en Ávila.

“¿Se siente este Gobierno de la Junta de Castilla y León vinculado por los acuerdos de anteriores gobiernos de la misma?”, es la pregunta que formulará el portavoz socialista, Luis Tudanca, en la sesión de control con la que arranca la sesión. De esa manera, se refiere al que suscribió, cuatro días antes de las elecciones de mayo, el entonces Ejecutivo de Juan Vicente Herrera con los sindicatos para recuperar la jornada de las 35 horas en la Administración de la Comunidad.

El procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, se estrena en las preguntas al presidente, que rotan entre los componentes del Grupo Mixto, con una en relación a las medidas concretas de la Junta ante el aumento de ataques de lobos a las cabañas ganaderas del sur del Duero, especialmente en la provincia de Ávila, lo que le brindará al consejero leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones a volver a defender la caza de esta especie como solución al problema.

De las nueve preguntas del Grupo Socialista a los miembros del Ejecutivo, cinco van dirigidas a la titular de Sanidad, Verónica Casado, entre ellas deberá responder a sí tiene un modelo sanitario viable, como cuestiona el Colegio de Médicos de Castilla y León, a la recuperación de servicios en el Hospital de Benavente, al servicio de hemodiálisis que presta el Hospital de Palencia o a los cierres de consultas en Villarcayo (Burgos).

Otras preguntas de los socialistas se refieren a sí la Junta seguirá la misma senda regeneradora que desde que comenzó la legislatura, sí comparte el criterio de que los partidos independentistas deben ser ilegalizados o sobre acciones para Segovia del plan director de promoción industrial.

Podemos pregunta por el nuevo Conservatorio de León

Podemos pregunta por el nuevo modelo residencial de Castilla y León, UPL por el estado de ejecución del proyecto del Conservatorio de música de León y Vox por las gestiones ante el Gobierno central y las diputaciones para que se garantice la conexión a internet con al memos 100 megabits y la cobertura 4G en el periodo 2020-2021 en todas las localidades.

El segundo día del pleno se debatirán las proposiciones no de ley, una del PSOE, dos del PP y una de Mixto (Vox). En concreto, la socialista insta a la Junta de Castilla y León a realizar las gestiones ante las empresas suministradoras de energía eléctrica para que, por la Comunidad Autónoma, se haga frente al pago de las cantidades pendientes de facturación a los consumidoress.

Las del PP se refieren a la implantación de la tarjeta sanitaria individual para todo el Sistema Nacional de Salud antes de finalizar 2020, y otra para que la Junta realice todos los pagos vinculados a la sequía antes del 31 de diciembre de este año.

El portavoz popular, Raúl de la Hoz, confió en que el Grupo Socialista vote a favor de los “intereses” de la Comunidad y no de Pedro Sánchez. “Vamos a ver con quien está”, apostilló, después de calificar de “aberración” que un ciudadano de Castilla y León o de otra comunidad tenga que llevar una “tarjeta de desplazo” en caso de que requiera ser atendido si está fuera de su comunidad de origen y de criticar que se hayan “quedado solos” en las ayudas por los efectos de la sequía.

La firmada por Vox insta a la Junta de Castilla y León a la derogación del Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León, sobre la que los portavoces de los grupos ya han anunciado hoy que votarán en contra.

Finalmente, el pleno debatirá y votará la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Mixto.

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