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El Procurador del Común pide que la Junta anuncie fechas de cacerías para no interferir en otras actividades

El organismo recibió quejas por la falta de información sobre las fechas de celebración de actividades cinegéticas que obstaculizan actividades de esparcimiento en el medio rural.

caza medio ambiente
Foto Concha Ortega / ICAL
ICAL | 26/11/2019 - 13:23h.

El Procurador del Común propuso a la Junta de Castilla y León que publique en su página web, de manera accesible, la información relativa a cacerías y monterías, para que así se pueda planificar la práctica cinegética con las actividades turísticas y de ocio en los espacios naturales sin que las primeras afecten a las segundas.

Esta resolución surge tras recibir quejas referidas a la falta de información oficial sobre las fechas de celebración de determinadas actividades cinegéticas, cacerías, monterías o ganchos, que se desarrollan en Castilla y León, en la medida en que podrían constituir un obstáculo para actividades de esparcimiento durante el otoño y el invierno en el medio natural, ya que para ello se restringe el uso de caminos y senderos para el público en general.

Admitida la queja a trámite e iniciada la investigación oportuna sobre la cuestión planteada, el Procurador del Común se dirigió a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que informó que la normativa autonómica contiene las previsiones necesarias para que el ejercicio de la caza se desarrolle con publicidad, aunque los ciudadanos que pretendan hacer uso de rutas naturales no pueden conocerlo con antelación, de forma que no puede planificar su visita.

Ante esas circunstancias, la Defensoría abordó la queja desde una perspectiva múltiple, es decir, de acuerdo con la normativa cinegética vigente, que obliga a adoptar medidas de seguridad en las cacerías.

Al mismo tiempo, ha sido preciso tener en cuenta que el turismo de naturaleza es un sector económico de potencial crecimiento, por lo que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y se reconoce a los ciudadanos el derecho de "acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas o en el de otros sujetos en su nombre, sin que para ello estén obligados a declarar un interés determinado".

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