La Junta anuncia un Fondo Económico adicional para que ayuntamientos y diputaciones mantengan atención social

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el vicepresidente, Francisco Igea, y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, durante la segunda reunión de la Conferencia de Alcaldes y presidentes de Diputación.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que el Gobierno autonómico ya trabaja en la creación de un Fondo Económico para ayuntamientos y diputaciones, así como el establecimiento de nuevos sistemas de coordinación y colaboración, para poder hacer frente a las dificultades sociales provocadas por la pandemia de la Covid-19, dando soluciones a las emergencias sociales y a las necesidades económicas y de alimentación de las familias. Un fondo que sería de dinero adicional pero que está sin concretar en detalle.

Así lo anunció hoy Fernández Mañueco en la reunión de la Conferencia de alcaldes y presidentes de Diputación, a quienes solicitó su implicación en el futuro pacto por la recuperación económica de la Comunidad a través de las aportaciones que consideren oportunas. De hecho, el presidente de la Junta explicó que este viernes se celebrará una reunión con los responsables de todas las formaciones políticas con representación en el Parlamento autonómico para avanzar en la negociación de este acuerdo.

Tras recordar que la Junta de Castilla y León ha apostado por el camino de “la prudencia y la sensatez” para iniciar el proceso de recuperación de cierta normalidad, ya que solo desde la seguridad sanitaria se podrá reactivar la economía, el presidente del Ejecutivo autonómico explicó que se están dando pasos con los distintos partidos políticos para alcanzar ese pacto,que girará en torno a cinco ejes fijados con el grupo parlamentario socialista.

En lo que va de año, la Junta de Castilla y León ha ingresado, concedido o convocado a todas las entidades locales de la Comunidad más de 86 millones de euros. El Ejecutivo autonómico ha apostado por garantizar la liquidez a las entidades locales y por garantizar las transferencias previstas para 2020, a través de la Consejería de Presidencia, con fondos incondicionados por más de 50 millones de euros para ayuntamientos y diputaciones, lo que sitúa a las entidades locales de la Comunidad entre las que más reciben de este tipo de fondos incondicionados autonómicos de toda España.

También habrá anticipos, del 50 por ciento, en los once millones que recibirán las provincias y los municipios de más de 20.000 habitantes, para fomentar la contratación de personal por parte de las entidades locales. Asimismo, se continuará con el calendario de pagos del Acuerdo Marco de Servicios Sociales, que se ha mejorado este año. Así, en marzo se ha pagado el primer anticipo del 26 por ciento (29,2 millones de euros), y el objetivo es pagar en mayo otro 25 por ciento de anticipo, y en julio, en cuanto se compruebe que la justificación es correcta, la liquidación del anterior acuerdo marco, cuya justificación se ha presentado en febrero.

Por último, también se ha impulsado una financiación adicional extraordinaria para servicios sociales de 10,8 millones de euros, y se adelantará el total de esta financiación adicional en las próximas semanas, a medida que las entidades locales vayan firmado la adenda del Acuerdo Marco.

En el orden del día de la reunión también se abordaron varios puntos para incrementar la cooperación, entre ellos el Reglamento de organización y funcionamiento interno de la Conferencia y la creación de los grupos de trabajo de Desarrollo Rural y de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible.

Cada grupo estará formado por doce miembros en una composición proporcional desde el ámbito territorial y político, explicó Ibáñez, sobre una reunión en la que también se aprobó el reglamento interno de esta Conferencia, similar a la que existe a nivel estatal entre el presidente del Gobierno y los de las comunidades autónomas.

El grupo de desarrollo rural, que Ibáñez situó en el compromiso de la Junta con el municipalismo, realizará un estudio y análisis para ver las todas las circunstancias y plantear medidas por parte de las administraciones públicas.

En cuanto al grupo de la Agenda 2030, el consejero recordó los 17 objetivos “ambiciosos” planteados por Naciones Unidas y la implementación de las medidas aprobadas por la Junta de Castilla y León para cuyo desarrollo quiere la implicación de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales.

Por otro lado, manifestó que en la reunión se expuso “las dificultades” de los ayuntamientos para contar con secretarios interventores de habilitación nacional, en especial en los municipios de menos de 5.000 habitantes, por la falta de convocatorias de ofertas públicas de empleo para este tipo de profesionales.

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