La Junta analizará la seroprevalencia a los empleados públicos para su retorno seguro

La Junta realizará un estudio de seroprevalencia a los empleados públicos de Castilla y León para el retorno seguro a la actividad presencial en la Administración autonómica de la Comunidad ante la crisis del COVID-19, que será voluntario y se iniciará con los profesionales que han tenido un contacto directo con el virus.

Así lo anunció el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, durante su comparecencia telemática, junto a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para informar de la evolución de la pandemia en Castilla y León y del contenido de Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación de la Comunidad, que reúne al presidente autonómico y los responsables de las entidades locales de más de 20.000 habitantes y corporaciones provinciales.

Ibáñez explicó que ese estudio se iniciará de inmediato con los profesionales de la Gerencia de Servicios Sociales, el 112 o los agentes medioambientales y seguirá con docentes, personas con atención directa a los ciudadanos.

El objetivo es que los empleados públicos se sientan protegidos en la vuelta progresiva a su puesto de trabajo, ya que en este momento de estado de alarma existen unas restricciones y está habilitado el teletrabajo para unos 9.000 funcionarios.

Por su parte, la directora general de la Función Pública de la Junta de Castilla y León, Teresa Ribero, aseguró hoy en las Cortes que el trabajo presencial y no presencial ha venido para “quedarse”, por lo que será necesario que ese modelo esté regularizado, legal y con todos los “parabienes”.

De esta manera, subrayó el sistema surtirá efectos en momentos de “extrema urgencia” y necesidad como ha ocurrido con el estado de alarma por la crisis sanitaria del Covid-19 sino también de cara al futuro para la prestación de los servicios públicos de la administración. “Debemos mirar al futuro con optimismo porque ha quedado demostrado que somos capaces de trabajar de otra manera. El teletrabajo era desconocido porque había un sistema rígido y ahora es una oportunidad para repensar de ir a algo atractivo para el empleado y la organización”, destacó.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia en el Parlamento autonómico, Rivero apostó por llevar a una cabo una reflexión “sosegada” del impacto del trabajo no presencial en estos dos meses. “Estamos aprendiendo de lo que estamos haciendo”, declaró. Por lo tanto, manifestó que cuando esta situación de pandemia termine, su dirección general llevará a cabo una reflexión “tranquila” y “sosegada” para elaborar unas memorias y unos diagnósticos de evaluación de las medidas adoptadas, de su impacto, de los pros y contras y de las soluciones alternativas para lograr el mismo fin de continuar con su aplicación en la administración ante situaciones “semejantes”.

“Hasta que no se acabe la carrera no podemos dar la medalla. Pero hay que ser conscientes que cuando pase esto, hayamos sacado cosas muy buenas para la administración porque ha quedado demostrado que los empleados públicos son capaces de trabajar en sus casas con los sistemas alternativos a los ordinarios. Es con lo que nos tenemos que quedar”, reiteró. Además, recordó que todos los estudios que analizan el trabajo remoto constatan que es “eficiente”, tanto para la administración como para la sociedad, que es quien recibe los servicios públicos.

Expuso que, a partir de ahora, cuando un jefe de servicio tenga que informar sobre la petición de teletrabajo sabrá que es un sistema que ha funcionado. “Quizás, sean más reticentes a denegarlo porque ha quedado demostrado que el teletrabajo se ha llevado a cabo correctamente durante dos meses”, manifestó.