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Política

Igea se da un año para poner en marcha la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Castilla y León

La nueva institución será independiente, su responsable será nombrado por las Cortes y sus miembros tendrán el carácter de autoridad

Francisco Igea vicepresidente portavoz Junta de Castilla y León
El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea. / Rubén Cacho / ICAL
ICAL | 08/08/2020 - 19:30h.

La Junta de Castilla y León se da de plazo un año para que la futura Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción sea una realidad. La idea es que el proyecto de ley de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior llegue a las Cortes en el próximo período de sesiones, "para tenerla en funcionamiento en el plazo de un año", precisa en 'Los desayunos de Ical' el responsable de este departamento, Francisco Igea, que la define como "eficaz, ejecutiva e independiente".

La finalidad de la ley es reforzar la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, y para el cumplimiento de sus fines se configura como una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar que se adscribe a las Cortes de Castilla y León. De hecho, la persona encargada de dirigir la oficina será elegida por las Cortes, y tendrá, entre otras, funciones de representación, la de dirección y coordinación de las actuaciones de este órgano.

La oficina se centrará en prevenir e investigar el uso o el destino irregular de fondos o patrimonio público, así como de aquellas conductas del personal al servicio de las entidades públicas que supongan una actuación intencionada de engaño para obtener ganancias o beneficios ilegítimos y tengan o puedan tener como resultado el uso o el destino irregular de fondos o patrimonio públicos; tramitar las denuncias que le sean presentadas respecto de los actos o las omisiones que pudieran ser constitutivos de fraude o corrupción; y velar, en el ámbito de la administración local, por el ejercicio independiente y eficaz de las funciones de control y legalidad y de fiscalización.

También, se encargará de realizar estudios y análisis de riesgos que permitan detectar conductas potencialmente fraudulentas o corruptas; diseñar y programar, en colaboración con los órganos competentes, acciones formativas y de divulgación en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción o contribuir a la implantación y difusión de una cultura de responsabilidad en los ciudadanos a través de medidas que contribuyan a la sensibilización sobre la prevención y erradicación del fraude y la corrupción.

La ley definirá el ámbito de actuación de manera amplia al incluir a todas las administraciones públicas con ámbito competencial en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, y establecerá el deber de confidencialidad para todo el personal de este órgano, con lo que se reforzarán las garantías del denunciante.

La iniciación podrá ser a iniciativa propia, a petición de otros órganos o mediante denuncia, introduciéndose en la ley la posibilidad de que se presenten informaciones de forma anónima. Las actuaciones, que se tramitarán en un plazo máximo de seis meses, ampliables por otros seis meses más, finalizarán con la emisión de un informe que contendrá las conclusiones y recomendaciones apreciadas por la agencia. Se prevé la creación de mecanismos dirigidos a garantizar la confidencialidad en la presentación de las denuncias y en la comunicación de represalias o actuaciones lesivas derivadas de su presentación.

En lo que al régimen sancionador se refiere, se establecerán los tipos de infracciones que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones, que incluyen tanto multas como la publicación de la declaración de incumplimiento de la ley y la amonestación.

Agentes de la autoridad

El personal que desarrolle funciones de inspección e investigación tendrá la condición de agente de la autoridad, y para el desarrollo de sus funciones la agencia contará con un presupuesto que se incluirá en el presupuesto del Parlamento autonómico.

Las actuaciones previstas se regirán por los principios de legalidad, integridad, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, responsabilidad, transparencia, eficacia, eficiencia, y rendición de cuentas.

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