La Junta se blinda “poderes especiales” en la nueva Ley de Caza que desmonta las reservas regionales
Nueva Ley de Caza. La Junta de Castilla y León, tras años de denuncias, sentencias y contrasentencias, polémicas y vaivenes, enfrentamiento de intereses entre ecologistas y defensores de las monterías y la propia administración, se ha anunciado este jueves la aprobación de un Proyecto de Ley de Gestión Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León que llega con numerosas novedades respecto a la gestión de la caza que se venía aplicando desde hace 14 años.
Se trata, defendió el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, de adaptarse normativamente “a una nueva realidad ambiental y social”, a pesar de que en realidad esta Ley sustituye de facto a la última aprobada, realmente en 2019, e impulsada in extremis en plena campaña electoral para sortear una dura sentencia condenatoria del TSJ por las deficiencias en la tramitación, en concreto en las especies cazables, que supuso de facto dejar a Castilla y León sin esta actividad.
Novedades de calado
La nueva normativa contempla no pocas e importantes novedades. Y entre ellas destaca por ejemplo el hecho de que la Junta se atruibuirá “poderes especiales”, según lo definió Quiñones, a la hora de tomar decisiones rápidas y contundentes para el control por parte de los cazadores de superpoblaciones de ciertas especies, por razones de lo que pasará a denominarse “emergencia cinegética”.
Se trata de asegurarse que pueda seguir habiendo batidas de especímenes como el conejo, el jabalín, el corzo, el ciervo en cualquier circunstancia, como ocurre ahora, que incluso se pueden saltar los cazadores las restricciones que impone la pandemia para el resto de ciudadanos.
También a León le afectará otro detalle novedoso que destacó el consejero y que se refiere de algunas figuras que la Junta ya considera “obsoletas”, como son los cotos regionales de caza o incluso las Reservas Regionales de Caza, léase, la de Mampodre en la Montaña Oriental de León o la de los Ancares Leoneses en la Occidental. La nueva Ley permitirá “segregar”, dividir, estos terrenos con el fin de “mejorar su gestión”, avanzó el consejero.
Tal y como defendió Suárez-Quiñones, en los últimos años se han producido numerosos cambios que están produciendo algunos efectos no deseables, como el notable incremento de los daños, léase, los que causa el lobo, defendió, o el impacto de accidentes de tráfico provocados por especies cinegéticas, que aseguró que se han duplicado en los últimos 5 años, superando los 8.000 accidentes al año, lo que equivale a más de 20 accidentes al día.
Avisar obligatoriamente de monterías para evitar riesgos
El Proyecto de Ley establece la obligación de hacer pública con suficiente antelación la celebración de monterías y ganchos, a través de una plataforma pública.
El consejero destacó, al respecto, que esta cuestión era ampliamente demandada por los practicantes de actividades de uso público en la naturaleza, como el senderismo y el ciclismo de montaña. Con las notificaciones se incrementan así los márgenes de compatibilidad de actividades y de seguridad en el uso público de los montes y espacios naturales.
Respecto a la controversia judicial de los últimos años bajo su gestión, el consejero y juez en excedencia quiso quedarse con la resolución final del apoyo tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional a la normativa que se improvisó en 2019 para no dejar a Castilla y León sin caza.
No obstante, también aseguró que la futura Ley se adapta “a la realidad ambiental y social actual”, dando a la regulación una garantía legal y reduciendo la actividad administrativa.
Los cazadores, agentes para el seguimiento poblacional
También se regulan las especies cinegéticas, las únicas que pueden ser objeto de caza, sin cambios respecto al listado de 2019, habilitándose mecanismos reglamentarios para simplificar la declaración de otras especies como cazables, bien temporalmente o con carácter definitivo.
Otra novedad es la creación de las figuras de los cotos colaboradores, que deberán contar con asesoramiento técnico permanente que asegure la obtención de información de calidad, y del cazador colaborador, que aportarán importante información sobre la gestión cinegética, las capturas, el seguimiento poblacional y otros aspectos que contribuirán a mejorar el conocimiento y la gestión de la caza en Castilla y León.
Pocas alegaciones aceptadas
El proyecto de Ley será ahora remitido a las Cortes de Castilla y León para su debate y tramitación parlamentaria, toda vez que su contenido ha sudo expuesto durante unos seis meses para las aportaciones que se hayan considerado oportunas. En concreto, los 162 alegantes formularon un total de 1.806 alegaciones. El 14,5% de ellas han sido aceptadas plenamente, el 13,5% se han aceptado parcialmente y el resto, una abrumadora mayoría, no ha podido aceptarse, fundamentalmente por no tener relación con el objeto de la Ley, esgrimió el consejero.
