La Junta aprueba el proyecto de ley del tercer sector para “dar cobertura” a las entidades sociales
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó en la mañana de este jueves el proyecto de ley del tercer sector con el que se “reconoce y da cobertura” a las entidades sociales de la Comunidad, a las que además se dota de “estabilidad jurídica y financiera”.
Tal y como señaló la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, el proyecto de ley “da cumplimiento al objetivo de este Gobierno” planteado al principio de la legislatura al poner en marcha un texto “muy dialogado, consensuado, y que recoge las necesidades que pueden tener estas organizaciones en su labor y rutina diaria”.
Castilla y León cuenta con 3.300 entidades que conforman el tercer sector y que prestan más de 5.000 servicios a las personas más vulnerables de la Comunidad, entre las que se encuentran mayores, menores, personas con discapacidad y colectivos que buscan la inclusión social.
Todas estas entidades se podrán beneficiar de una ley que, como aseguró la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, “reconoce la labor del tercer sector en Castilla y León, la contribución inestimable que realiza, y refuerza su trabajo para potenciarlo y reconocerlo”. Así, se dota a estos organismos de “una necesaria e importante cobertura jurídica” con un marco legal de referencia que “definirá sus características, principios y obligaciones”.
También establece el texto “fórmulas de participación” y añade como valor “algo que en Castilla y León es seña de identidad: el trabajo en red”. En ese sentido, el proyecto de ley propone un nuevo modelo de participación y colaboración con la Junta y el resto del sector público al regular “los instrumentos del diálogo” y contempla la participación de las entidades del tercer sector en el diseño de políticas sociales públicas.
Dentro de este marco se ubica la participación de las entidades del tercer sector en los Fondos Europeos para la Recuperación, con 40 proyectos presentados al Ministerio, por un valor de 15 millones de euros, basados en “innovación y en ese nuevo modelo de Dependencia 5.0”, que apuesta por “proteger y atender a las personas más vulnerables”.
El texto garantiza, además, la sostenibilidad económica del tercer sector y, con ello, “su estabilidad de cara al futuro”, pensando también en “esa modernización tan necesaria que se está produciendo y en la que tenemos que seguir avanzando, especialmente a través de la concertación social”, como señaló Isabel Blanco.
Por último, la ley contempla la actualización de la normativa del voluntariado para “adaptarla a la realidad social de Castilla y León”, donde hay 414 entidades de este tipo en las que colaboran más de 200.000 voluntarios. Ante ello, el texto plantea “un voluntariado abierto, que amplíe el ámbito de actuación en empresas e instituciones y regule la participación de menores de edad”, mejorando además “la protección de la figura del voluntariado”.
“Es un texto del que nos sentimos muy orgullosos porque reconoce la labor del tercer sector y lo que aporta a la sociedad de Castilla y León”, concluyó Isabel Blanco en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que también indicó que, con su aprobación, el proyecto inicia este jueves su tramitación parlamentaria.
