La Junta obliga a 'marcar' con propaganda autonómica a los trabajadores contratados en el nuevo plan de empleo

'Nos impulsa Castilla y León', eso debe poner obligatoriamente la ropa de trabajo de los contratados junto al logo autonómico y el de la institución colaboradora, en este caso la Diputación.

C.J. Domínguez

La crisis de la pandemia ha impulsado el nacimiento de un nuevo plan de contrataciones de la Junta de Castilla y León para personas con especiales dificultades. Se trata del llamado Preplan 2021 y prevé un total de 1.080 contratos de medio año a jornada completa, contratos que gestionarán los grandes ayuntamientos de la Comunidad y las diputaciones.

En el caso de la provincia de León, la ayuda que articula la Consejería de Empleo e Industria, que dirige la política leonesa de Ciudadanos Ana Carlota Amigo, se dirigirá por lo tanto a los municipios de León capital, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, que son los que superan los 20.000 habitantes, así como la diputación leonesa.

La polémica ha surgido en esta última cuando Matías Llorente, el único diputado provincial de Unión del Pueblo Leonés (UPL), a la sazón vicepresidente en el equipo de Gobierno que preside el PSOE, ha denunciado que el Preplan viene con sorpresa en forma de propaganda institucional: la Junta obliga a 'marcar', a identificar a todos los trabajadores que sean contratados a través de este formato con un logotipo bien en sus ropas de trabajo o bien en sus puestos de oficina con un eslogan que reza “Nos impulsa Junta de Castilla y León”.

En concreto, en el último Pleno, Llorente aseguró que “en la Diputación no estamos para vender detergentes ni coches”, y mucho menos para “marcar con un anagrama” a los empleados subvencionados con el Preplan, cuando el esfuerzo económico debería ir a su juicio “hacia la prioridad de crear empleo y no en hacer publicidad de la Junta en los trajes”.

Manual de uso

En efecto, asumir la subvención conlleva la obligatoriedad de asumir también el llamado “Manual de uso de la marca de difusión del carácter público de la financiación otorgada por parte de la Junta”.

En ella, se determina obligatoriamente que “en todas las actuaciones financiadas se incluirán elementos identificativos en los que aparecerán la imagen de la Junta de Castilla y León, junto a la imagen de la entidad local (ayuntamiento de más de 20.000 habitantes o Diputación provincial) participantes del plan, dentro de la imagen corporativa de la acciones integradas en el impulso de la reactivación social y económica local”.

Cuando se contraten trabajadores, la propaganda de la marca será obligatorio que la lleven en “la ropa laboral y equipos de protección individual”, es decir, en camisetas o polos, camisas, chaquetas, forros polares, sudaderas, cazadoras o parkas, monos o buzos de trabajo, bata, uniformes, chaleco reflectantes o “cualquier otra prenda que el trabajador utilice para realizar su actividad laboral y que vista la parte superior del cuerpo”.

“En el caso de contratación de trabajadores para servicios en oficinas, se incorporará a su puesto de trabajo un visor identificativo con la imagen corporativa de las dos Administraciones participantes”, es decir, de la Junta y de la diputación o ayuntamiento. Se trata de unos carteles que identificarán no al trabajador subvencionado sino el lugar de la oficina donde le toque trabajar, en forma de “soporte vertical reutilizable con base, realizado en poliestireno de tamaño A5 y personalizado con una hoja tamaño A5 impresa a color”. La frase, el logotipo, idéntico al de la ropa.

La Junta, además, se arroga un control previo de que no haya empleado son 'marcar' de la manera indicada, ya que obligará a las instituciones contratantes con la ayuda autonómica a que “con carácter previo a la ejecución de la personalización de las prendas, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la diputaciones provinciales deberán remitir a la Dirección de Administración Local un modelo gráfico de aplicación del Manual de uso, para su aprobación expresa”.

El PP ve una anécdota

La trifulca en el Pleno de la Diputación, iniciada por el vicepresidente de UPL, fue sólo secundada por el portavoz del Grupo Popular, Francisco Castañón, quien se limitó a replicar que esta medida es una “simple anécdota”.

Y deslizó que no sería la primera vez que una institución obliga a realizar un esfuerzo, también económico, para identificar quién contrata. Algo que aseguró que ha hecho en ocasiones la propia Diputación en un plan en el que se contrataron trabajadores para 30 municipios del Camino de Santiago para prestar el servicio de atención continuada a los peregrinos.

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