Un juzgado solicita al alcalde de Valladolid las facturas de unas vacaciones junto a un empresario
El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha admitido a trámite la querella por cohecho presentada por la Asociación de Juristas Europeos Prolege contra el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, a partir de la adjudicación de un contrato a un empresario vasco, Sergio Zaitegui, con quien compartió vacaciones.
La denuncia persigue aclarar si Puente aceptó compensaciones por otorgar a este empresario contratos para la compra de material sanitario de protección en los primeros meses de la pandemia, como guantes y mascarillas.
El Juzgado ha acordado además la práctica de una serie de diligencias de prueba documental. Una vez cumplimentadas, se decidirá sobre la declaración como investigado del alcalde, aunque Óscar Puente asegura que recurrirá “una segunda acusación que terminará como la primera, en nada”. Además, la Junta de Gobierno municipal ha aprobado este miércoles autorizar a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento la asistencia al alcalde de la ciudad.
La asociación querellante ha presentado una fianza de 2.500 euros, tal y como había dispuesto el Juzgado de acuerdo con los artículos 280 y 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Un empresario amigo
Durante la primera etapa de la pandemia, cuando el mercado de mascarillas y EPIs había colapsado, el alcalde de Valladolid informó a los grupos de la oposición de que podía conseguir equipos de protección individual a través de un empresario amigo. En ese momento todos estuvieron de acuerdo y la adjudicación por algo más de 19.000 euros, se realizó, según informa de ello elDiariocyl. Meses más tarde un digital informó de que Óscar Puente había pasado unos días con el empresario a bordo de un velero.
Sin embargo, hasta el líder de Ciudadanos en Valladolid, Martín Fernández Antolín, defendió a Puente, ya que según él, lejos de ocultarlo, “el alcalde habló explícitamente de que era un amigo suyo, no sólo alguien a quien conocía, sino a quien podía dirigirse con las máximas garantías. Fernández Antolín, además, afeó la actitud del PP, que consideró ”injusta“, y ha mostró su extrañeza ante las declaraciones de la presidenta del PP, Pilar del Olmo: ”Todos conocíamos de esta relación“.
La Asociación Pro Lege
El PP anunció que no presentaría denuncia, que había hecho entrega “a quien se la tenía que entregar”, aunque no aclaró a quién. La Asociación Pro Lege tiene una vinculación con el PP: su presidenta, Carolina Mata aseguró en redes estar “muy orgullosa” de su partido incluso instó a una simpatizante de Vox a que se pasase al Partido Popular, tal y como informó Infolibre.
Pro Lege participa como acusación particular en el 'Caso Dina' una pieza de 'Kitchen' en la que se investiga concretamente el robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo por determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo. También se personó en el caso Neurona –que se archivó en marzo– y presentó una querella contra Joaquim Torra por supuesta colaboración con banda armada, tenencia ilícita de explosivos y estragos terroristas, pero no fue admitida por el Tribunal Superior de Justicia.
El PP: “Parece que tiene recorrido jurídico”
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valladolid pidió hoy, al respecto que se deje actuar a la Justicia tras admitir a trámite la denuncia de la Asociación de Juristas Europeos contra el presunto pago de las vacaciones del alcalde, Óscar Puente, según un teletipo de la Agencia ICAL.
“Parece que tiene recorrido jurídico, pero hay que dejar actuar a la Justicia y ver en qué concluye”, afirmó el concejal José Antonio de Santiago-Juárez sobre la admisión a trámite de la querella al alcalde por el asunto del yate.
De Santiago-Juárez recordó que su grupo trató de agotar la vía política con preguntas y ruegos en pleno al alcalde para que informara de quién pagó la factura de sus vacaciones, pero señaló como Puente respondió que ese asuntos pertenecía al ámbito de su vida privada.
No obstante, tras indicar que el regidor aseguró que el caso no tenía recorrido jurídico, señaló que una vez admitida a trámite la querella se deje dejar a la jueza que haga su trabajo para ver en qué concluye, ya que ha iniciado la petición de documentación.
