Cuatro procuradoras socialistas, entre ellas la leonesa Nuria Rubio, denuncian por calumnias a una de Ciudadanos
Cuatro procuradoras socialistas de las Cortes de Castilla y León –Ana Sánchez, Patricia Gómez Urbán, Rosa Rubio y la leonesa Nuria Rubio– se han querellado contra la procuradora de Ciudadanos, Marta Sanz, por un presunto delito de calumnias y/o injurias con publicidad en medios de comunicación y redes sociales.
En la presentación de acto de conciliación, paso previo a la formalización de la querella, y al que ha tenido acceso elDiariocyl, se recoge que Sanz ha denunciado públicamente “de modo sistemático y reiterado en diferentes medios de comunicación provincial, autonómicos y nacionales, e incluso a través de las diferentes redes sociales”, que las tres procuradoras socialistas han realizado manifestaciones en redes sociales que suponen un “acoso”.
Se da la circunstancia de que Sanz y Sánchez no sólo son procuradoras en el Parlamento, sino que forman parte de la Mesa de las Cortes, Marta Sanz es secretaria tercera y Ana Sánchez, vicepresidenta segunda.
Las declaraciones de Sanz se produjeron el pasado 15 de junio, ante las críticas de las procuradoras del PSOE después de que en un Pleno de las Cortes decidiese ondear una bandera de España “a favor de la unidad” y en contra de los indultos de los condenados del procés. Sanz se refirió a acoso, a machaque y a una “escalada de agresión” por parte de las socialistas. Sánchez, Gómez Urbán y Rubio ironizaron con la presencia de Sanz en la convocatoria de la plaza de Colón en Madrid contra los indultos, refiriéndose a que en ese momento llevaba una bandera planchada, no como la que sacó en el Parlamento autonómico, o apuntando que quizás pasaría a las listas del PP.
Estas declaraciones sobre el acoso, precisa el escrito, son “absolutamente falaces e inveraces” y “las han dado por buenas” y las han amplificado en medios de comunicación “sin contrastar la realidad de las mismas” líderes del partido de Ciudadanos, como la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, la consejera de Empleo de la Junta de Castilla y León, Carlota Amigo, e incluso el exdiputado nacional Juan Carlos Girauta, que se refirieron a “acoso” y “bullying socialista”. Según las querellantes, se les ha atribuido “hechos inveraces y de gran gravedad” y consideran que la conducta de Sanz puede ser constitutiva de un delito de injurias o calumnias con publicidad.
Sin embargo, la diputada de Ciudadanos se ha negado a rectificar. En el escrito se hace constar que antes de presentar la solicitud de acto de conciliación, se le hizo llegar un burofax el pasado 18 de junio en el que se le requirió que “cesara inmediatamente” en las calumnias e injurias y que en el plazo de 48 horas rectificase todas las informaciones en las que acusaba a las socialistas de un delito de acoso. “La denunciada ha hecho caso omiso al contenido del cuerpo del escrito y no solo no ha rectificado su declaraciones sino que las ha agravado al incluir ahora a su denuncia de ”acoso“, el término de, ”hostigamiento“, a sabiendas de que es absolutamente mentira”, argumentan. En concreto, Sanz declaró: “No voy a retractarme de nada porque no he acusado a nadie de ningún delito”. “Hubo hostigamiento”. “Si no les gusta la palabra, podemos hablar de hostigamiento, burla, cachondeo hacia mi persona por el simple hecho de defender la enseña nacional”.
La querella se documenta con las declaraciones realizadas en diferentes momentos al diario ABC, una entrevista en 13 TV y diferentes tuits, entre ellos el de Girauta, “que excede con creces cualquier crítica política al hacer un juicio de valor e imputarlas el mismo presunto delito que la denunciada”, y el de Arrimadas, “que sin encomendarse a dios o al diablo, y superando la sana crítica política” carga contra las socialistas en relación con el presunto acoso y dice de ellas que son “indistinguibles de los nacionalistas”.
El conjunto de todas las declaraciones e informaciones que Sanz ha ido trasladando a los medios de comunicación “dándoles la máxima publicidad” y sinedo “una representante política de una formación que esta cogobernando la Junta de Castilla y león, no superan las de la mera y sana crítica política”, se aduce. También subraya el escrito que la procuradora “cobra más de 79.000 euros de sueldo anuales, dinero sufragado por el erario público de los castellanos y leoneses”.
En el acto de conciliación las procuradoras socialistas solicitan que Marta Sanz reconozca como inciertos los hechos que les ha imputado y que en ningún momento ha existido el delito de acoso por parte de las mismas, que se excuse y se retracte y que en el plazo de 7 días tras la celebración del acto publique a su costa, por el mismo medio y de forma inmediata rectificación que contenga reconocimiento expreso de la incerteza de los hechos imputados. En el caso de no reconocimiento de todos y cada uno de los extremos deberá indemnizar a las denunciantes con 24.000 euros, por los daños sufridos como consecuencia de su conducta. Las procuradoras consignarán ese dinero en el juzgado para destinarlo a “sufragar la maltrecha sanidad pública de Castilla y León”.
