Igea admite que la política anti despoblación de la Junta ha sido un fracaso y achaca al cierre de minas el desastre de León

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, pidió hoy a la oposición cambiar “el foco” en las políticas demográficas y culpó al Gobierno central de no acabar con los desequilibrios territoriales.

Así lo manifestó en la Comisión de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de las Cortes donde presentó las conclusiones de la evaluación de la Agenda de la Población 2010-2020, cuyo análisis es que no ha cumplido sus objetivos y avanzó algunos detalles de la próxima Estrategia de Dinamización Demográfica.

Igea abogó por cambiar “el foco” al considerar que, además de los servicios, los ciudadanos tienen que tener oportunidades de empleo para quedarse en un territorio y pidió al PSOE, que gobierna en España, que les ayude para que se corrijan desequilibrios territoriales.

Enumerando las culpas ajenas, se refirió a los 800 millones al corredor Mediterráneo sobre el respaldo que tiene el del Atlántico, a que 1.400 millones del Perte de automoción de los nuevos fondos europeos vayan a la industria automovilística de Barcelona, que no haya una fiscalidad favorable al medio rural y a competir en la bajada de impuestos con comunidades limítrofes.

A ello unió una mala gestión de la transición energética para que León sea la provincia que más población ha perdido en la Comunidad (43.000 personas).

Igea admitió en las Cortes autonómicas que la Agenda de la Población que la Junta de Castilla y León impulsó para la década comprendida entre los años 2010 y 2020 -Ciudadanos cogobierna con el PP desde 2019- finalizó su vigencia sin cumplir ninguno de sus objetivos marcados.

A su juicio, influida por “el éxito de la estrategia” entre los años 2005 y 2009, la Agenda de la Población no surgió, según Igea, “para luchar contra la despoblación, sino para mejorar la evolución demográfica”, con un nuevo enfoque, instrumentos y 118 medidas “que se incrementaron hasta las 178” pero que, en su opinión, “pecaron de optimismo” al no tener en cuenta “la deceleración del crecimiento demográfico en los albores de la crisis económica”.

Por eso, Castilla y León sufrió, durante su periodo de vigencia, perdió 164.597 residentes, lo que supone una caída del 6,43 por ciento frente al incremento poblacional del conjunto de España en un 0,91 por ciento en el mismo periodo.

Una pérdida de población que, principalmente, se sintió durante el periodo 2013-2017, en el que Castilla y León perdió 98.559 habitantes, casi un 60 por ciento del total de la ciudadanía perdida durante la última década, y que acabó por reflejar, en el periodo comprendido entre 2010 y 2020, la despoblación en todas las provincias, con Zamora como la peor situada con un descenso del 12 por ciento seguida de Ávila y León (-8 por ciento), Palencia y Salamanca (-7 por ciento), Segovia y Soria (-6 por ciento), Burgos (-4 por ciento) y Valladolid (-2 por ciento).

Una imagen “amable”, esencial para Igea

Como parte de una nueva estrategia, el vicepresidente autonómico fió el aumento de la población en la Comunidad a la capacidad de transmitir una imagen “amable” de Castilla y León como tierra de acogida. “Estamos viendo algunos de los efectos inmediatos de trasladar esta imagen”, continuó esgrimiendo Igea en relación a la acogida de refugiados afganos, donde Castilla y León es la Comunidad que mayor número recoge, y cuya imagen el vicepresidente de la Junta quiere trasladar “de manera intensa” al conjunto del país y al exterior “para que los ciudadanos puedan poner sus ojos en nuestra Comunidad para combatir este fenómeno” de la despoblación.

El objetivo de la nueva estrategia es establecer así “un modelo de gobernanza que tenga en cuenta a todos los actores protagonistas de esta materia”, en cuya solución deben participar, según Igea, “todas las Administraciones públicas y la sociedad en su conjunto” porque es “el principal problema político de Castilla y León”. Es por ello que la Junta involucrará a todos ellos “en algunos casos de forma obligatoria y, en otros, de manera indicativa”.

Fondos europeos y presupuestos

Incidió Igea en la procedencia del dinero para esta estrategia, significando que “los fondos europeos, que aparecen como la panacea para muchos de los problemas estructurales del país, nosotros debemos dedicarlos a la despoblación”, como ya expuso la Junta en la última Conferencia Sectorial sobre el Reto Demográfico en la que solicitó “un criterio de reparto justo” de los fondos.

Así, se propondrán 95 medidas de las que 50 están cuantificadas con 523 millones de euros que se destinarán a programas como el de fomento del empleo en el medio rural, 'Conciliamos', el de incentivo de las infraestructuras empresariales, regadíos, ayudas a las mujeres o a la vivienda en el medio rural, “con incidencia directa en la lucha contra la despoblación”.

Dureza desde la oposición

PSOE y Podemos atribuyeron que no se hayan cumplido los objetivos de la Agenda de la Población 2010-2020, ante la pérdida de 164.597 residentes en Castilla y León, a las políticas del Partido Popular, mientras que Ciudadanos abogó por dejar “viejos clichés” y hablar de oportunidades y la popular Amparo Vidal asumió los “resultados dispares” de la política demográfica en la Comunidad.

La socialista Alicia Palomo y Laura Domínguez (Podemos) coincidieron en que la evaluación de la Agenda de la Población, presentada por el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, en las Cortes es “una enmienda a la totalidad” a las políticas del PP, con el que ahora gobierna.

Ambas incidieron en una serie de medidas económicas y sociales que no se han implementado por la Junta y que, en su opinión, han incidido en que Castilla y León sea una de las comunidades que más población ha perdido. Blanca Delia Negrete (Cs) y Amparo Vidal (PP) afirmaron que no hay “una varita mágica” y que es un problema nacional y europeo.

La socialista Alicia Palomo sentenció que la evaluación de la Agenda de la Población, que ha fracasado en todos sus indicadores, es “una enmienda a la totalidad de las políticas del PP, apoyadas desde hace dos años por Ciudadanos” y afirmó que las proyecciones del INE son “demoledoras” porque todas las provincias pierden población.

“Algo tendrán que ver las políticas” realizadas por el PP, indicó Palomo, para recordar que un 7,4 por ciento de personas de entre 20-44 años han dejado la Comunidad en los últimos años, donde desgranó medidas no implementadas en industria, retorno del talento o falta de la promoción del equilibrio territorial.

La procuradora de Podemos, Laura Domínguez, manifestó que la Agenda de la Población “ha sido un fracaso estrepitoso” porque durante su vigencia no se han cumplido ninguno de los objetivos y todas las provincias han perdido población, aunque reconoció que es complejo hacer una política demográfica que dé resultado, pero lamentó la falta de consignación presupuestaria de cada medida. “Si no se han cumplido las medidas, la Agenda de la Población es también una enmienda a la totalidad de la política de la Junta del PP y de estos dos años de Ciudadanos”, anotó.

Dejar el bloqueo

Blanca Delia Negrete (Ciudadanos) manifestó que los datos de “este drama” de pérdida de población llevan a dejar “viejos clichés”, afirmó que ahora existe “un análisis sincero” de una Agenda que no ha cumplido, indicó que estamos en “un punto de inflexión porque no habrá otra oportunidad” y expresó su apoyó a las políticas de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

“Tenemos una oportunidad única de cambiar entre todos las cosas”, aseveró, convencida de que sin una prestación de servicios realista ni de infraestructuras no se ganará población en los pueblos, a lo que unió la necesidad de avanzar en el modelo de ordenación territorial. Negrete pidió al PSOE que deje “el bloqueo” a la reforma territorial y respaldó “la hoja de ruta” de la Consejería de elaborar una nueva Estrategia de Dinamización Demográfica.

La popular Amparo Vidal argumentó que la Junta lleva 15 años trabajando en la lucha contra la despoblación “con resultados dispares”, cuando se aprobó la Estrategia en 2005 desde el consenso político y social, y afirmó que no se iba “a andar con paños calientes” porque los objetivos de la Agenda no se han cumplido al perderse 164.597 residente durante su vigencia 2010-2020.

“Asumimos los resultados”, aseveró, pero añadió que no hay una única variable en la política demográfica ni una solución única ya que la perdida de población afecta a muchas comunidades autónomas, a la vez que rechazó atribuirlo a las políticas de la Junta porque entonces no se habría ganado población entre 2005-2008.