CCOO exige explicaciones a la Junta por derivar 9 millones de la pública a la concertada
La Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) pidió hoy explicaciones a la Consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, tras conocer que nueve millones de euros se han detraído del presupuesto de la educación pública destinado a investigación e inversiones, para trasladarlo a gastos ordinarios de los centros concertados.
En un comunicado, exige a la consejera la devolución de esta partida a los fines a los que estaba destinada, como la educación pública universitaria y no universitaria, y añade que si Educación considera que las partidas presupuestadas para el mantenimiento de los gastos corrientes de los centros concertados son insuficientes, que aumente esas partidas en los Presupuestos Generales Anuales, pero no derivando fondos necesarios presupuestados para la enseñanza pública.
“Esta técnica irregular, repetida año tras año, sólo busca esconder a la ciudadanía el verdadero coste económico que supone el mantenimiento de los centros concertados y la infrafinanciación de la enseñanza pública”, argumenta.
Recuerda que a lo largo del curso pasado y en el seno de la mesa sectorial de la educación pública, CCOO formuló propuestas para mejorar las condiciones laborales docentes y siempre obtuvieron una negativa por respuesta, “con el siempre manido argumento de la falta de recursos económicos de la consejería”.
Señala que en esta comunidad es costumbre que se sobrepase considerablemente el presupuesto inicial destinado a la educación concertada, de forma que “se manipulan los datos”. “Desde nuestro sindicato siempre hemos pedido un presupuesto acorde a las necesidades de la enseñanza concertada, de la misma manera que lo hacemos para la pública. Sin embargo, nos oponemos a ese incremento posterior, que no deja der ser un engaño a la ciudadanía”, sostiene.
Según CCOO, lo sucedido en esta ocasión es “más grave”, ya que “con total impunidad se está derivando” a la concertada una parte sustancial de los recursos que le pertenecen legalmente a la educación pública de Castilla y León, en origen destinados a investigación e inversiones.
“Consideramos que con este proceder la defensa que el Gobierno autonómico hace de la educación pública queda en entredicho. No se pueden tolerar hechos de este tipo, que merman la calidad de la enseñanza pública, así como la posibilidad de avances mediante proyectos de investigación”, concluye.
