La Junta recibe más de 554 peticiones de acceso a la información pública y prevé récord

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, comparece en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. / Miriam Chacón / ICAL

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta, la que dirige Francisco Igea, ha recibido a lo largo del año 554 solicitudes de acceso a la información pública y prevé cerrar el año con cifra récord desde 2015, fecha en la que entró en vigor la norma que regula este ejercicio.

De las 554 solicitudes, 353 resoluciones ha sido estimatorias, seis resoluciones desestimatorias y 73 resoluciones, inadmitidas. Buena parte de estas últimas, lo son por tratarse de asuntos que no son competencia de la Junta de Castilla y León, y como consecuencia de estas resoluciones, la Administración autonómica ha generado un total de 523 expedientes para dar respuesta a los solicitantes.

La Junta hizo públicos estados datos con motivo de la celebración del Día Internacional del Acceso Universal a la Información, motivo que Naciones Unidas refuerza este año con el lema 'Reconstruir mejor con el acceso de la información', y en una jornada en la que el director general de Transparencia y Buen Gobierno, Joaquín Meseguer, participa en el Congreso Internacional de Transparencia que se celebra en la Universidad de Alicante.

A lo largo de los dos últimos años, la Consejería de Transparencia ha incrementado la difusión de información pública y ha facilitado el ejercicio de este derecho, lo que ha permitido aumentar las solicitudes, al pasar de 362 a 595, entre 2019 y 2020.

La normativa sobre el derecho de acceso a la información pública establece que este puede ejercerse para obtener documentos o datos en poder de distintos sujetos –en concreto, de la Administración de la Comunidad de Castilla y León- ya los hayan generado ellos o los hayan adquirido para el ejercicio de sus funciones. Teniendo en cuenta los fines de la normativa de transparencia, este derecho garantiza el acceso a datos e informaciones derivadas de la gestión pública que efectúa la Administración autonómica.

Uno de los proyectos emprendidos en esta legislatura para incorporar herramientas de transparencia en la actuación de la Administración autonómica ha sido la puesta en marcha en noviembre de 2019 del formulario web para presentar solicitudes de acceso a información pública sin identificación ni firma electrónica.

Otras actuaciones que han contribuido a una mayor transparencia de la Junta, según defienden, ha sido la publicación y visualización en el Portal de Gobierno Abierto de las agendas de trabajo de los altos cargos, y la puesta en marcha de la aplicación de huella normativa, una herramienta que aporta transparencia al proceso de elaboración de la normativa autonómica ya que traslada y muestra el expediente normativo completo en el Portal de Gobierno Abierto para que pueda ser seguido y conocido por todos.

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