El Consejo de Cuentas advierte a la Junta de que su sistema de financiación de la Dependencia “no puede perpetuarse”
El Consejo de Cuentas advirtió de que el actual sistema dual y mixto de financiación de la Dependencia “no puede perpetuarse y extenderse más allá de la futura reforma del Sistema de Financiación Autonómica”. En este sentido, recomendó a la Gerencia de Servicios Sociales y la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda deberían adoptar una “postura común y única” en relación con las previsibles modificaciones que puedan acometerse en un futuro en relación con sistema de financiación de la dependencia, en el marco del Sistema de Financiación Autonómica.
El órgano de fiscalización de la Comunidad expresa esta petición en un informe en el que destaca que en el marco de la financiación estatal del sistema de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, “los recortes y congelaciones de las cuantías del nivel de protección mínimo a cargo del Estado y su falta de vinculación con el coste de los servicios y prestaciones asumidos por la Comunidad conjuntamente con la suspensión de la financiación estatal recibida a través del nivel de protección acordado, han ocasionado un desplazamiento de la carga financiera del sostenimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia hacia la Comunidad de Castilla y León”.
El Consejo de Cuentas entregó en el Parlamento autonómico el informe “Fiscalización de la aplicación de la normativa en materia de dependencia en colaboración con el Tribunal de Cuentas”, donde opina que “la normativa autonómica de dependencia adolece de una excesiva dispersión que dificulta su interpretación y no es coherente con los principios de universalidad, igualdad y accesibilidad a los servicios”.
El documento, recogido por Ical, revela que la Gerencia de Servicios Sociales no dispone de un programa presupuestario diferenciado para reflejar el gasto de dependencia, ni tampoco de una contabilidad analítica que le posibilite diferenciarlo ni cuantificar el correspondiente a cada uno de los servicios.
Asimismo, indica que tampoco dispone de aplicaciones presupuestarias para reflejar de forma diferenciada los ingresos obtenidos por la participación de los dependientes en el coste de los servicios, del resto de los ingresos derivados de la prestación de servicios asistenciales a personas que no ostentan tal condición. “Se está certificando como gasto de dependencia actuaciones destinadas a personas mayores y discapacitados que no tienen la consideración de dependientes a efectos del sistema, no respetando el contenido mínimo reglamentariamente fijado”.
En este contexto, recomienda que la Gerencia de Servicios Sociales debe proseguir en su labor de armonización de las ordenanzas fiscales en relación con la prestación del servicio de ayuda a domicilio, para lograr que los criterios para determinar la capacidad económica y las fórmulas a aplicar para determinar el copago de los usuarios dependientes sean homogéneos en toda la Comunidad.
Asimismo, afirma que la Gerencia, en tanto se mantenga el actual sistema de financiación de la dependencia, y por lo tanto continúe recibiendo recursos del Estado con carácter finalista a través del nivel mínimo y del acordado, debería diferenciar dentro de su estructura presupuestaria un programa específico para reflejar el gasto de dependencia.
Del mismo modo, defiende que debería desagregar su presupuesto de ingresos para diferenciar los obtenidos por la prestación de servicios de dependencia en favor de dependientes, del resto de los ingresos derivados de la prestación de servicios asistenciales a personas que no ostentan tal condición.
Implantar sistema de contabilidad analítica
Además, el órgano sostiene que debería implantar un sistema de contabilidad analítica que le posibilitara cuantificar el coste individualizado de cada uno de los servicios. Agrega que debería identificar la parte del gasto de dependencia que se financia con cargo al nivel adicional de protección autonómico, estableciendo los procedimientos presupuestarios y/o contables necesarios, u otros que posibiliten una estimación aproximada de su importe.
El Consejo de Cuentas también recomienda que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades introducir mejoras en los actuales certificados acreditativos de la actividad realizada y la aportación económica destinada a la financiación del coste de la dependencia. El reto es reflejar el gasto de dependencia de las entidades locales; incorporar los gastos de inversión; reflejar los ingresos obtenidos por la participación de los usuarios en el coste de prestación de los servicios tanto autonómicos como locales; y diferenciar dentro del gasto autonómico la parte financiada con cargo al nivel adicional de protección.
Por su parte, la Intervención General de la Comunidad de Castilla y León, dada la importancia cuantitativa que el gasto de dependencia representa dentro del gasto global de los servicios sociales de la Comunidad, y teniendo en cuenta que la certificación anual de gasto incurrido por los servicios y prestaciones para la atención a la dependencia debe llevar su conformidad, “debería incorporar periódicamente en sus planes anuales de control financiero permanente, controles sobre este gasto”.
Los datos del informe
El informe precisa que el personal de la Gerencia de Servicios Sociales destinado a la gestión de la dependencia, durante el periodo 2014 a 2019 aumentó un 13 por ciento (de 557 a 628 empleados). El personal de las entidades locales destinado a la gestión de la dependencia, durante el mismo periodo aumentó un 27 por ciento (de 731 a 931 empleados). Si se tiene en cuenta el personal de ambas administraciones, la media de expedientes tramitados por empleado en dicho periodo se ha mantenido prácticamente constante en torno a 16 expedientes, al ser el incremento del número de solicitudes presentadas similar al del personal.
Asimismo, de los 47.221 expedientes resueltos referidos a las solicitudes presentadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, obtuvieron el reconocimiento de la prestación de dependencia el 72 por ciento. El tiempo medio de resolución de esos 33.972 expedientes se sitúa en 198 días, con una desviación de 16 días respecto al plazo legalmente establecido. Hay tres provincias con tiempos medios que, a resultas de la tramitación, cumplen con los plazos legales (Palencia, Segovia y Soria) mientras que el resto están por encima del límite legal, destacando con peores tiempos medios Valladolid y Salamanca. El tiempo medio de tramitación a nivel nacional se sitúa en 426 días, estando Castilla y León entre los que mejores tiempos medios de resolución obtienen.
