Exigen que la inversión para plazas infantiles de la Junta se dedique sólo a la enseñanza pública
La Plataforma de la Escuela Pública y el Foro por la Educación exigen que las inversiones en Castilla y León para la creación de 3.765 plazas de educación infantil para el ciclo hasta tres años se dediquen a la enseñanza pública, con el fin de “reforzar” el principio de igualdad de oportunidades.
“Nos oponemos a que la Junta de Castilla y León aproveche la ocasión de implantar esta etapa de Educación Infantil para ampliar aún más la concertación con centros privados”, manifestaron en un comunicado.
El colectivo respondió al anuncio del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de extender la educación gratuita para los niños de dos años el próximo curso 2022-2023. Indicaron que están en contra de que nuevamente se desvíe dinero público a entidades privadas con la excusa de que ya hay infraestructuras dedicadas a las enseñanzas del primer ciclo de educación infantil, porque la Junta puede a su juicio partir de los Centros de Educación Infantil, dependientes de las diferentes administraciones y de los espacios y de las aulas disponibles en los diferentes centros públicos de infantil (de tres a seis años) y de Primaria, con las necesarias modificaciones.
Según los datos estadísticos disponibles, en Castilla y León nacieron 13.634 niños en 2020 que deberían de poder acceder a una “plaza gratuita” en una escuela de educación infantil en el curso 2022-2023. Las plazas disponibles actualmente en las 30 escuelas infantiles titularidad de la Junta de Castilla y León para el ciclo hasta tres años son 2.321 plazas en 156 unidades. A estas debemos sumar las plazas que los ayuntamientos han puesto en marcha y que en muchos casos están externalizadas. En total, en Castilla y León hay 414 escuelas infantiles municipales.
Asimismo, indicaron que Castilla y León tiene un problema demográfico “grave”, porque en su opinión se ha pasado en diez años de tener en 2010 un total de 20.486 nacimientos a 13.634 el pasado año. En diez ejercicios, de 2010 a 2020 se ha reducido el número de nacimientos en un tercio en la Comunidad. Insistieron en que la carencia de plazas públicas para el alumnado es fundamental para avanzar en la igualdad de oportunidades y fijar población.
Por ello, las organizaciones pertenecientes a la Plataforma y Foro por la Educación Pública explicaron que han solicitado en reiteradas ocasiones información sobre cómo se va a implantar la gratuidad en las enseñanzas al alumnado de dos años, puesto que indicaron que la Comunidad recibirá 38,38 millones para crear 3.765 plazas, si bien la Junta ha calculado siete millones para el servicio en la etapa de dos años y otros seis millones para acondicionar espacios.
Recordaron que el Ministerio de Educación dice “taxativamente que son inversiones exclusivamente para el ámbito público”, dado que argumenta que es necesario prestar unos servicios de calidad en las zonas donde residen familias con mayores necesidades, porque la implantación de las escuelas infantiles hasta los tres años tiene una “elevada” repercusión en la promoción e inclusión social, además de contribuir a la igualdad de oportunidades en barrios y zonas rurales, y de tratar de aliviar las economías de muchas familias, porque serán progresivamente gratuitas.
En cambio, las organizaciones de las empresas privadas están exigiendo su parte en esta propuesta de gratuidad para que la Junta cuente con ellas en la creación de aulas de dos años y las declaraciones de Fernando Mañueco van en el mismo sentido. “Las organizaciones que componemos esta Plataforma-Foro por la Educación Pública, nos oponemos a que la Junta de Castilla y León aproveche la ocasión de implantar esta etapa de Educación Infantil para ampliar aún más la concertación y seguir así privatizando la enseñanza con los fondos públicos”, indicaron.
Por ello, piden consultar y acordar el plan de implantación con la comunidad educativa; ofertar plazas gratuitas en todos los centros educativos públicos, proporcionando los medios y el personal suficiente para poder acoger al alumnado de dos años; considerar educativa la etapa completa de cero a seis años y que los centros donde se imparta, al igual que sus profesionales, deben depender exclusivamente de administraciones educativas.
También pidieron crear nuevos centros y aulas de educación infantil y mejorar las ya existentes en los centros públicos para acoger al alumnado de dos años; usar y adaptar espacios en los CEIPs que han reducido sus unidades en los últimos años, para la implantación de unidades hasta los tres años; la implantación de más de 64.000 plazas públicas del ciclo de cero a tres años entre 2021 y 2024, entre todas las comunidad, debe servir para acercar la oferta a las necesidades reales.; reducir las ratios de alumnado en esta etapa para aproximarse a lo solicitado por la Unión Europea, empezando por una primera reducción de cinco; relacionar la gratuidad con los programas para asentar población en el mundo rural, y ofertar empleo público con suficientes plazas de profesorado de magisterio.
