Empresarios leoneses critican las medidas económicas del Gobierno para paliar la crisis del coronavirus

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Proliferan las críticas de las medidas económicas planteadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para paliar la crisis del coronavirus entre los empresarios leoneses. El Círculo Empresarial Leonés (CEL) se ha adherido este martes a la petición que lanzan al Ejecutivo varios colectivos empresariales que plantean que “la mejor manera de preservar los empleos de cara al futuro no es frenando los despidos sino ofreciendo a las empresas libertad, flexibilidad y apoyos para mantener su actividad en esta fase crítica”, señalan en un comunicado conjunto en el que afirman que “el impacto de la crisis sobre la economía es ya evidente y nadie duda que sufriremos una recesión sin precedentes en los próximos meses”.

Añaden que las medidas de liquidez y aprobación de ERTEs son bienvenidas, así como otras que permitan aliviar las cargas fiscales y sociales que impidan que un buen número de empresas vayan a la quiebra. “Las empresas tienen que participar en la búsqueda de las mejores soluciones en defensa del interés general para afrontar la inédita y grave situación que vivimos. El papel de los empresarios será absolutamente clave para asegurar una recuperación del crecimiento y del empleo que sea rápida, inclusiva y sostenible”, argumentan.

Por su parte, la Federación Leonesa de Empresarios trasladó también durante la jornada de este martes su “preocupación” ante la resolución de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León por la que se acuerda ampliar en cinco días el plazo máximo para la resolución y notificación de los ERTEs por fuerza mayor regulados en el artículo 22 letra c) del RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, y que ya fijaba inicialmente un plazo especial de resolución de cinco días.

Para Fele, esta decisión, “que conduce a las empresas de la Comunidad a una situación más extrema y de mayor confusión”, resulta “incoherente y contradictoria” con la propia actuación del órgano autonómico que se comprometió el pasado 25 de marzo, en el marco del acuerdo firmado con los agentes del Diálogo Social, a resolver los citados expedientes a la mayor brevedad posible.

La Federación mostró su incomprensión ante el hecho de que las Oficinas Territoriales de Trabajo dispongan de cinco días para resolver, que es el mismo plazo que tiene la Inspección para remitir el informe que constate la existencia de fuerza mayor, o que se inste a las empresas a comunicar al Sepe en ese mismo plazo, los datos de los trabajadores afectados por el ERTE, cuando no se está resolviendo en dicho plazo. “Estos hechos no hacen sino agravar la situación en la que se encuentran las empresas, puesto que, al problema económico que están atravesando, se les añade dificultades burocráticas en la tramitación de sus expedientes”, apuntaron.

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