Uno de cada cinco contagiados por Covid-19 en las residencias de mayores de Castilla y León falleció en la pandemia

Una residente de Santa Luisa, el centro de la tercera edad de la Diputación de León, conectada con un familiar por tablet.

Alba Camazón / Eldiario.es/cyl

El coronavirus ha sido difícil de contener una vez ha entrado en residencias de ancianos, donde se encuentran las personas más vulnerables de la sociedad, que se han visto enfermas y solas durante todo el proceso. A finales de marzo, había 47.268 personas que vivían en estos centros. Desde que comenzó la pandemia, han fallecido 2.547 residentes por Covid-19 o con síntomas compatibles. Se han confirmado 6.618 enfermos de esta enfermedad, de los cuales 4.527 han superado la infección.

Las residencias han conseguido contener el virus en mayor o menor medida, pero ahora que parece dar un respiro, arroja datos sobre el impacto y la mortalidad que ha tenido sobre las 700 residencias y otros centros de personas con discapacidad y viviendas tuteladas. En total, 1.214 centros que son sometidos a un escrutinio diario.

Diariamente, las residencias y estos centros envían a la Junta de Castilla y León un balance analizando cuál es la situación en cada uno de ellos. De esta manera, el gobierno autonómico ha intentado rastrear y detectar los casos en un contexto en el que más del 70% de los centros son privados, gestionados por empresas pequeñas y grandes, fondos buitre u órdenes religiosas.

Los días más letales en las residencias se produjeron a finales de marzo y primeros de abril, con más de cien muertos diarios algunas jornadas. Esta tendencia se ha ido reduciendo a medida que se ha contenido la epidemia, pero nunca se había producido una mortalidad tan elevada en las residencias. Porque a estos fallecidos habría que sumar los muertos por otros motivos, ajenos a la COVID-19.

Las provincias con más mortalidad en residencias y centros de discapacidad han sido Salamanca, Valladolid y León. Las residencias de Segovia, después de unos días críticos con un elevado crecimiento del número de fallecidos, consiguieron frenar el avance de la infección y evitar que muriesen más ancianos.

La tasa de letalidad se puede calcular en base al número de fallecidos y contagiados, como refleja el gráfico que está a continuación. Sin embargo, previsiblemente la tasa de letalidad es más elevada, puesto que no tiene en cuenta a los muertos con síntomas compatibles pero a los que no se les realizó una prueba de detección molecular (PCR) ni siquiera tras el óbito.

Aun así, la letalidad de la COVID-19 en las residencias, centros de dependientes y viviendas tuteladas ha sido del 21,86%. En otras palabras, uno de cada cinco residentes contagiados falleció durante la pandemia.

El tres de abril, la consejera de Familia, Isabel Blanco, aseguró que entre el 80 y el 90% de los mayores de estos centros fallecía en los hospitales. Hoy en día, los números son otros. Solo uno de cada tres ancianos con covid o síntomas compatibles murió en un hospital (842). La mayoría falleció en la propia residencia (1.705), cuando los equipos COVID residencias que les atendieron no pudieron salvarles la vida.

También hay que destacar que 4.527 residentes han superado la infección y, según asegura la Junta de Castilla y León, han sido hospitalizados 3.200 ancianos procedentes de las residencias desde que comenzó la pandemia.

Los datos que proporciona la Junta de Castilla y León permiten hacer una radiografía (que puede tener algún decalaje) de dónde han fallecido los pacientes de COVID-19, según los datos de bajas de tarjeta sanitaria. El dato real, que tiene el Registro Civil -dependiente del Ministerio de Justicia-, es todavía más elevado.

A pesar de que la Junta de Castilla y León habla de 3.393 fallecidos desde el 1 de marzo a causa de la COVID-19 o con síntomas compatibles, el Registro Civil ha cuantificado hasta 3.672 muertos solo durante los meses de marzo y abril.

En Castilla y León, como en el resto del país, el peso de las residencias y centros de atención a la discapacidad recae sobre el sector privado. Solo 25 de los 1.214 centros son de titularidad autonómica, aunque también hay que tener en cuenta que algunas diputaciones y ayuntamientos gestionan también centros públicos.

Actualmente, el 75% de las residencias están 'libres' de COVID-19, aunque eso no significa que los centros hayan vuelto a la normalidad.

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