Castilla y León

Funcionarios y políticos son investidos por la Junta como autoridad sancionadora en la pandemia

Los funcionarios de Salud Pública podrán entrar en todo tipo de establecimientos para comprobar el cumplimiento de la normativas de restricción y control.

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Bares y terrazas con restricciones. / JESÚS FORMIGO / ICAL
ileon.com  | 23/10/2020 - 11:50h.

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) publica en su edición de este viernes el proyecto de decreto-ley aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Junta en el que el Ejecutivo reconoce al personal sanitario como autoridad en relación con el control y la prevención de la pandemia.

El texto atribuye esta consideración a los profesionales médicos y de enfermería, pero también a los responsables de Salud Pública, a los que faculta para en funciones de control oficial, inspección y vigilancia epidemiológicas, entrar "libremente y sin previa notificación" en cualquier tipo de establecimiento, de bares a comercios, para comprobar el cumplimiento de la normativa sanitaria.

De esta manera, podrán ordenar que se practiquen las pruebas, investigaciones y exámenes necesarios dentro de las funciones de control e inspección que desarrollen.

Por su parte, el personal médico y de enfermería podrá prescribir el aislamiento domiciliario de las personas enfermas, así como la cuarentena a los contactos directos de aquellas. Para ello, estos profesionales dispondrán de "presunción de veracidad" en la prescripción de medidas sanitarias y en su comunicación al afectado, recoge el decreto-ley.

En ese sentido, el reconocimiento de la condición de autoridad sanitaria para los profesionales del sistema público de salud tiene efectos exclusivamente en cuanto a la prescripción de aislamientos y confinamientos domiciliarios. Esta consideración se extiende a los responsables de la Consejería de Sanidad, a los jefes de los servicios territoriales y también a los alcaldes.

Las diputaciones, a colaborar con pequeños pueblos

Al respecto, la normativa recuerda que cada ayuntamiento es el responsable de la instrucción y de la resolución de los procedimientos sancionadores y de los recursos administrativos debidos a los incumplimientos de la obligación legal del uso obligatorio y adecuado de las mascarillas.

Por último, en aquellos municipios más pequeños y con muchos menos recursos, el texto oficial también faculta a las diputaciones provinciales a prestar asistencia jurídica y técnica a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes que carezcan de recursos personales para tramitar esas sanciones.

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