El Gobierno sigue 'estudiando' si deja ampliar el toque de queda tras pedirlo ocho autonomías
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha considerado este miércoles que puede dominarse la tercera ola de la pandemia de Covid-19 con las restricciones que las comunidades autónomas tienen a su disposición. “No se trata de añadir medidas de golpe sino aplicar bien las que se han adoptada y esperar a que surjan efectos. No porque lo digamos, sino porque ya sabemos cómo funcionan”, ha dicho al terminar el Consejo Interterritorial de Salud, la reunión con todos los consejeros de Sanidad de las autonomías.
El ministro ha explicado que “algunos colegas han pedido que añadamos algunas medidas más para facilitar más restricción de la movilidad nocturna. Lo vamos a estudiar. Lo vamos a valorar”.
Pero, de momento, no se ha acordado esta restricción horaria extra pedida por gobiernos autonómicos como Castilla y León, Andalucía o la Comunitat Valenciana, y así ya hasta ocho autonomías. “Pero, insisto, hay ya un conjunto de medidas que se están usando y que nos van a permitir doblar la curva. Si cumplimos todos las medidas de las comunidades lo vamos a conseguir”.
Hay que recordar que actualmente el inicio está establecido entre las 22.00 y las 00.00 horas y varios gobiernos autonómico pedían que pueda ser a las 20.00 horas, hasta el punto de que Castilla y León ha aprobado y puesto en vigor ese adelanto contraviniendo lo marcado en el decreto del Estado de Alarma previamente pactado entre las autonomías y que mantiene su vigor hasta el mes de mayo.
La Junta pide “unidad de acción”
Tras la reunión, la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha remarcado, ante la postura ministerial, la necesidad de una unidad de acción para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, que facilite y ampare una toma rápida de decisiones desde una efectiva coordinación a nivel nacional.
Casado ha puesto de manifiesto que “la cogobernanza invocada por el Ejecutivo central” para la gestión pandémica ha de ser real, “no una mera declaración de intenciones o apoyo y para ello es necesario dotar a las comunidades autónomas de las herramientas legales que garanticen la efectividad jurídica de las medidas a implementar ante cada situación”.
