El PSOE exige a la Junta salvar de la quiebra a la residencia de Caboalles de Abajo intervenida por la pandemia

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, y la procuradora y secretaria de Organización del PSOE de León, Nuria Rubio, se reúnen con las trabajadoras de la residencia El Roble.

ICAL

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, y la procuradora en Cortes y secretaria de Organización del PSOE de León, la lacianiega Nuria Rubio, exigieron este lunes a la Junta que habilite los mecanismos financieros necesarios para salvar de la quiebra económica a la residencia de personas mayores El Roble, situada en la localidad de Caboalles de Abajo. “En estos momentos hay 18 residentes de las 25 plazas habilitadas, una situación que no permite viabilidad económica”, explicó Rivas, que denunció que el Ejecutivo autonómico no lo recibe, en calidad de presidente del patronato de la residencia, por haber denunciado públicamente la situación de las trabajadoras, que al principio de la pandemia se encerraron con los internos para paliar en la medida de lo posible los contagios. El centro llegó a ser intervenido por la administración.

En ese sentido, Rubio anunció que los procuradores socialistas de León registraron una Proposición No de Ley (PNL) para “salvaguardar los derechos de residentes y el personal, los grandes perjudicados”. “Exigimos a la Junta que se conceda una subvención directa para el saneamiento económico de la residencia, con el fin de seguir prestando un servicio necesario en la comarca”, señaló la procuradora. El centro vivió una situación dramática en marzo del pasado 2020, cuando llegaron a dar positivo hasta 24 de sus 25 residentes.

“También solicitamos que se utilice la partida provincializada en León en los presupuestos como Plan de Impulso Comarcas Mineras del Carbón para reacondicionar la residencia a las exigencias de la nueva legislación y para llevar a cabo las mejoras oportunas”, explicó Rubio, que apuntó que el tercer punto de la PNL pedirá que una cuarta parte de las plazas se conviertan en concertadas para dar viabilidad económica al centro.

En la misma línea, Rubio pidió a los responsables de la Junta que recapaciten y exigió que, en un plazo de una semana, se reúnan con el patronato y “pongan soluciones encima de la mesa”. “Laciana es una tierra solidaria pero también es luchadora, si no hay respuesta nos movilizaremos”, señaló la procuradora, que recordó que los “recursos muy limitados” de que dispone el centro ya han provocado adeudos a las trabajadoras. “Se nos está agotando la paciencia, detrás de cada trabajadora hay una historia, hay un drama y no pueden estar sin cobrar”, concluyó.

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