Los investigadores reprochan a la Junta que no prorrogue sus contratos predoctorales que terminan en julio

Investigación microscopio Universidad de León

Alba Camazón / elDiariocyl

Sara Gutiérrez investiga el tratamiento sobre algunos tumores cerebrales. Su contrato, predoctoral, termina a principios de julio después de dos años “complicados” por la pandemia: cuando estalló la crisis del coronavirus, estaba de estancia en Suiza. Tuvo que hacer las maletas y volverse a casa. Los experimentos que debía haber realizado en marzo y abril, pudo hacerlos en octubre y noviembre. Los resultados los tuvo en enero de 2021, seis meses después de lo previsto. Pero ella tiene que terminar su contrato en la fecha prevista antes de la pandemia o trabajar gratis unos meses hasta presentar el doctorado.

No es la única. “La Universidad me ha concedido una prórroga de un año, pero voy a estar sin cobrar. He estado ahorrando y si no basta, tendré que buscar un trabajo o pedir ayuda a mis padres, aunque ya tengo 35 años y es un poco así”. Silvia Herrero investiga en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia (Universidad de Valladolid) y lamenta haber perdido varios meses durante la pandemia porque unos análisis que iba a hacer en Finlandia fueron cancelados y otros que realizaba en Madrid, fueron pospuestos un año. “He hecho un esfuerzo muy grande. Amplié las tareas para completar más la tesis porque ya que me dan esta oportunidad... Y ahora la Junta me dice que muchas gracias, pero que no”, lamenta.

El Gobierno posibilitó a los ministerios, autonomías y universidades que prorrogaran los contratos predoctorales hasta cinco meses en caso de que el investigador los necesitase si sus contratos expiraban entre abril de 2021 y abril de 2023. Castilla y León se ha negado a prorrogarlos a pesar de que el Ministerio y -de momento- las Universidades de Valladolid y Salamanca sí han prorrogado estos contratos, como informa elDiario.es. Según calculan las asociaciones de predoctorales, 150 investigadores podrían acogerse a esta prórroga -75 terminan este curso y otros 75, en 2022-. Si los 150 prorrogaran -algo que ya saben que no va a pasar- costaría, como mucho, un millón y medio de euros.

La Consejería de Educación les insiste en que no tiene fondos y les recuerda que las universidades han ampliado la matrícula y pueden seguir accediendo a los laboratorios y presentar el doctorado más tarde, aunque ellos estén en el paro y, por lo tanto, sin cobrar un sueldo.

Según relatan los investigadores afectados, cuando empezaron a plantear esta situación a la Junta de Castilla y León, la administración adujo que no había marco legal para prorrogar los contratos. Publicadas las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria en marzo de 2021, no había dinero.

“Nos dijeron que no podían modificar los presupuestos”

“Tuvimos una reunión con la viceconsejera de Universidades e Investigación y con la Directora General. Nos dijeron que eran contratos cofinanciados por el Fondo Social Europeo (FSE) y que era difícil justificarlo”, explica el portavoz de las asociaciones de predoctorados de Castilla y León, Alberto Macho. Este investigador apunta: “Nos dijeron que el presupuesto ya se había aprobado y no se puede modificar. Que me digan eso, cuando estoy especializándome en Derecho Constitucional...”.

Fernando Martínez, químico de la Universidad de Burgos e investigador vinculado al sector farmacéutico, lamenta que la Junta insinúe que trabajen aunque estén desempleados. “Nos dijeron que la investigación era muy importante para el tejido industrial y para Castilla y León, pero que no hay dinero”, recuerda. Su contrato termina el 4 de julio y todavía le falta terminar con la parte experimental y escribir la tesis. “Yo tengo la suerte de que me puedo quedar en el domicilio familiar, pero hay gente que no es de aquí y tendrá que gastarse sus ahorros en el alquiler y en vivir aquí”, comenta Martínez.

Mientras los contratados por la Junta de Castilla y León tendrán que terminar en plazo o trabajando gratis unos meses, sus homólogos becados por el Gobierno o por las universidades, prorrogan sus contratos. La pandemia ha afectado de distinta manera a los investigadores predoctorales y sus investigaciones en función de la rama, no solo durante el confinamiento, si no después, con la paulatina reincorporación a sus puestos de trabajo, como las dificultades para acceder a los talleres, los laboratorios o las bibliotecas.

El presidente de la Asociación de Investigadores en Formación de la Universidad de León, Luis Miguel Ramos, critica la “ridícula” decisión de la Junta de Castilla y León, “que se ha quedado sola”. Ramos ejemplifica las dificultades a las que se han enfrentado algunos compañeros: “Una chica me contó que su grupo de investigación, de sanidad animal, estaba en fase experimental de un proyecto con ovejas. Duraba seis meses y el confinamiento les pilló justo por la mitad, así que les tocó cancelar. Todo lo hecho los tres primeros meses no sirvió de nada ni pudieron volver a utilizar los cincuenta animales con los que se inició el experimento. Calcularon unas pérdidas de unos 20.000 euros del proyecto, además del retraso temporal”.

Una medida que no solo afecta a los predoctorados

Esta decisión de no prorrogar los contratos, aseguran, no solo les afecta a ellos, si no a todo su grupo de investigación. En el caso de Sara Gutiérrez, asegura que durante su estancia en Suiza aprendió técnicas que nadie más sabe hacer en Salamanca. Con su pronta marcha, aunque presentará su doctorado dos semanas después de que termine el contrato, quedará “mucha tela por cortar”. “En algunos casos puede afectar a la continuidad del proyecto de investigación”, advierte Macho.

Fernando Martínez, de la UBU, alerta de que se puede perder todo lo invertido en los últimos cuatro años porque a lo mejor hay investigadores que no pueden terminar el doctorado ni trabajar “gratis” durante unos meses. “Viendo las oportunidades que nos ofrece la Junta, en el futuro tendré que irme fuera y luego volver. Habrá que irse donde nos quieran”, lamenta Martínez.

Herrero se ha propuesto terminar el doctorado, aunque sea sin un sueldo. “Sabes que tienes que acabar, porque has hecho un esfuerzo estos años y no lo vas a dejar a la mitad. Me tendré que apañar para hacer frente a los gastos, porque estoy de alquiler”, comenta esta investigadora, que lamenta que no se “apueste lo suficiente” por la investigación. “Lo intentas, pero hasta donde puedas, porque hay que comer y pagar gastos”, indica Herrero, que está analizando al topillo campesino y otros roedores en busca de patógenos infecciosos para los humanos.

Las asociaciones universitarias de predoctorados se han puesto en contacto con varios partidos políticos como el PSOE y Podemos, con quienes se han reunido ya. El Grupo Socialista preguntará a la consejera por esta cuestión en el pleno de este martes e incluirá un punto en una moción sobre juventud. El procurador de Por Ávila se ha comprometido a estudiar la moción socialista y los procuradores de UPL, Vox y la no adscrita no les han respondido. Al Partido Popular y Ciudadanos no se les ha interpelado.

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